Este lunes 14 de febrero, familiares de las personas de presas políticas, en una conferencia de prensa denunciaron que los más de 170 reos de conciencia en Nicaragua, están en “RIESGO DE MUERTE”
El S.O.S de estas familias es lanzado, por el reciente fallecimiento el sábado 12 de febrero del comandante exguerrillero y preso político Hugo Torres Jiménez, a los 73 años de edad, tras ocho meses de haber sido detenido por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Torrez Jiménez estaba como prisionero en la cárcel el Chipote, se conoce que presentaba problemas de salud que no fueron atendidas de forma inmediata. Las causas de muerte aún no han sido aclaradas por el orteguista.
El comunicado de las familias de presos y presas políticas, es dirigido a todos los sectores sociales nacionales e internacionales. “Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos, y a la comunidad internacional, con una inmensa angustia y preocupación; ya que debido a la falta de atención médica oportuna y pertinente creemos que la vida y la integridad física y emocional de nuestros familiares presos en las distintas dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial “El Nuevo Chipote”, está en gravísimo peligro”.
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En la cárcel “La Modelo” las personas presas políticas, tiene distintos síntomas asociados a la Covid-19, por lo que aseveran en el comunicado, “no han recibido la atención médica necesaria y que se les ha negado la entrega e ingreso de medicamentos. Esto representa una flagrante violación a sus derechos humanos, específicamente al derecho a la salud”.
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La Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Nuevo Chipote” y en los Sistemas Penitenciarios, están encarcelados personas presas políticas, en condiciones crónicas “como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer”. Durante los más de ocho meses de encarcelamiento, estas personas “no han recibido la atención médica especializada, y por tal razón en diferentes momentos han sufrido de mareos, desmayos y descompensación” aseguran sus familiares.
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Entre las personas encarceladas hay de la tercera edad que han presentado problemas de salud, sin embargo, jóvenes como Lester Alemán de 27 años también ha informado su madre Lesbia Alfaro que tiene problemas graves de salud. Por esta razón todos los preso y presas políticas deben considerarse, en riesgo su vida.
Desde el encierro, bajo la custodia del Estado, estas personas presas políticas, han empeorado en su salud presentado hasta problemas psicológicos, las familias argumentan en el comunicado que todo es “debido a las condiciones precarias e inhumanas de reclusión en las que se encuentran, incumpliendo las reglas y normas carcelarias mínimas consistentes con los derechos humanos, el aislamiento e incomunicación por periodos prolongados, la falta de acceso a salud adecuada y oportuna, entre otras, ya sea en la delegación policial “El Nuevo Chipote” o en los distintos Sistemas Penitenciarios”, apuntan.
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La situación se ha vuelto alármante “demandamos al Estado que tiene bajo tutela a nuestros familiares, y por ende es responsable por el bienestar y la vida de ellos y ellas, la libertad inmediata incondicional y con garantías de todas las personas presas políticas, porque son inocentes y nunca debieron haber sido detenidos de manera arbitraria”, se lee en la misiva.
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Este comunicado fue emitido y firmado en nombre de la Organización Víctimas de Abril (OVA), Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU), Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), Comité Pro liberación de Presas y Presos Políticos (CPPP), Familiares de presos políticos en El Chipote desde mayo 2021.
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Por su parte El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, expresó “preocupación” por la salud de los detenidos y en un comunicado urgió a Nicaragua a dar garantías de atención humanitaria, así como a permitir la visita de representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora Canciller de Chile, Antonia Urrejola, destacó en sus redes sociales que Torres murió “preso y criminalizado arbitrariamente” e hizo un llamado sobre “la urgente situación” de los detenidos
