Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años, originario de Chichigalpa y Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años originario de Ocotal, ambos son los primeros ciudadanos en Nicaragua, declarados por el Ministerio Público, como supuestos culpables por la ley de ciberdelito
El señor Donald Margarito Alvarenga Mendoza de 56 años de edad la noche del 06 de noviembre del 2021 fue apresado y sacado de su vivienda en Chichigalpa de manera “arbitraria”. Su detención se dio previo a las elecciones presidenciales, en Nicaragua. En esa fecha, se reportaron varias detenciones a personas reconocidas opositoras del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Alvarenga, fue declarado culpable por incurrir en el supuesto delitos de “subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional”, según lo señala la Ley de ciberdelitos aprobada por la Asamblea Nacional representada en su mayoría por diputados sandinistas afines a Daniel Ortega.
Con esta declaración de culpabilidad Alvarenga Mendoza se convirtió en el primer nicaragüense condenado por la Ley de ciberdelito, con 12 años de sentencia.
n
La jueza que llevo el caso del opositor en el Distrito Penal de Juicio de Chinandega, es Rosa Velia Baca Cardoza, donde los principales testigos son siete Policías. El juicio se llevo a cabo el día 13 de enero y tuvo una duración de 13 horas con 57 minutos, detalla el medio digital Despacho 505.
n
Los policías que declararon contra Alvarenga Mendoza son: Ramón Cesar Quintana, Havessin Raúl Blanco Olivares, Wilson Martín Díaz Ríos, Brígido Antonio Bustamante Bolaños, Luis Manuel Caballero Castro y Roberto Ángel Andino Blanco.
El opositor Douglas Alfredo Cerros Lanzas, es el segundo opositor en este año que fue declarado culpable bajo las leyes de “ciberdelitos” y “soberanía.” A él lo señala el jefe policial de Nueva Segovia de hacer llamado al “No Voto” en las pasadas elecciones en Nicaragua, catalogadas como “un fraude”. Su detención se dio lugar el día 06 de noviembre, en la misma redada a opositores un día previo a las elecciones.
n
Cerros lanzas, tiene la edad de 53 años, declarado culpable de los delitos de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” de la ley de “ciberdelitos” y “soberanía”, aprobadas a finales de 2020.
n
El juicio del señor Cerros Lanzas, se dio el día 27 de enero, y también duro varias horas, 10 en total. La jueza a cargo fue Verónica Fiallos Moncada en el Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, en Nueva Segovia.
n
La acusación del Ministerio Público señala que, desde julio de 2019, el opositor ha incurrido “en acciones de menoscabo a la integridad nacional”, al incitar “la desestabilización de la paz social”, a través de Facebook y WhatsApp. El fiscal Alberto Mena Gámez acusó al ciudadano de utilizar las redes sociales para inducir a “no vacunarse” contra la covid-19, y promover sanciones internacionales contra el régimen, detalla el medio Confidencial.
n
En el caso de Cerros Lanzas, el fiscal Mena Gámez solicitó una condena de doce años de cárcel: cuatro por el supuesto delito de propagación de noticias falsas, y ocho por menoscabo a la integridad nacional.
100 {0cab3704e21a71302162fadf9844f7b3ed53b42a3c5272f295e0fc76090d0b44} noticias en una nota comenta que también los testigos en este caso eran policías, y describen “testificó el oficial protegido “Código 3”, quien dijo que producto del trabajo de inteligencia y seguimiento que le daban al acusado conoció que el 30 de octubre del 2021 comentó que la población no tenía por quién votar y que había pedido sanciones de Estados Unidos, pese a que se trata de un ciudadano sin ninguna influencia política”.
n
Además, apuntan que inteligencia obtuvo noticias de que Cerros Lanzas había comprado spray en colores azul y blanco para dárselos a otras personas para que rayaran paredes. Señaló que se expresaba mal del Gobierno y que supuestamente les decía a opositores que hicieran marchas antes de las elecciones para llamar al no voto.
Por su parte, Douglas Alfredo Cerros Lanzas se declaró inocente de los señalamientos realizados por los policías fanáticos al régimen de Daniel Ortega.
Más ciudadanos acusados de ciberdelito
n
Yoel Ibarra, Samantha Jirón son dos jóvenes a quienes se les acusa de la ley de ciberdelito
La página de Facebook Mentes Libres, fundada por Ibarra, describía a los candidatos opositores detenidos por el gobierno de Ortega, pero de un momento a otro, Ibarra corría la misma suerte que los candidatos: la cárcel. Días después también fue detenida la joven opositora Samantha Jirón, quien igual que Ibarra desarrollaba activismo digital, además estudiaba la carrera de periodismo.
Tanto Ibarra como Jirón son dos de al menos 10 opositores que han sido acusados con la Ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia en Nicaragua el 30 de diciembre de 2020.
De igual forma, han sido acusados bajo esa ley ambientalistas y defensores de derechos humanos, como el abogado Amaru Ruiz, a quien la Fiscalía le imputó el delito de “propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, después que denunciara asesinatos de indígenas y la invasión de Colonos en esas comunidades en especial en Mayagna Sauni As.
n
El abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que a un año de haber entrado en vigencia dicha Ley, se lograron concretar “los alcances perniciosos” para la cual fue creada.
Indica que no solo activistas fueron puestos en la mira, sino periodistas que fueron amenazados con ser detenidos por “divulgar noticias falsas”, como reza uno de los artículos de la ley.
Arce señala que, con dicha Ley, el oficialismo “pretende silenciar a la sociedad para que no siga resistiendo y denunciando los graves abusos del poder que violenta todos los días los derechos humanos de quienes opinan diferente”.
Dicha legislación ha sido descrita por activistas de derechos humanos y periodistas como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” porque pretende frenar las críticas a Ortega en las redes sociales, así como las publicaciones de la prensa.
n
El gobierno de Ortega ha defendido la Ley Especial de Ciberdelitos y, tras su aprobación, los diputados oficialistas dijeron que con ella se les “iba a terminar el negocio a los mentirosos que difunden noticias falsas en las redes sociales”.
