Gobierno, ministerios y alcaldías fueron los principales focos de escándalo durante el año
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Costa Rica ha sido siempre sinónimo de democracia, sin embargo, durante los últimos años los casos de corrupción estatal mancharon la imagen de la misma democracia que los costarricenses aclaman. El gobierno, ministerios y alcaldías del país se involucraron en escándalos políticos que quedaran en la historia costarricense. Estos fueron los casos del 2021:
· Caso Cochinilla: Revelado en junio de 2021, el caso cochinilla involucró al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) e inclusive a exasesores de Casa Presidencial en una red de “crimen organizado” (como lo catalogó el OIJ) por favorecer en licitaciones de obra pública a diferentes empresas constructoras de ente privado. Las autoridades costarricenses estimaron la malversación de unos 78 mil millones de colones en desvíos en el presupuesto estatal y entregado a estas empresas privadas. Los dueños de la empresa MECO entregaron supuestas dádivas a Carlos Murillo (gerente financiero del CONAVI en ese momento) para beneficiar este tipo de contratos.
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Ante la investigación, la fiscala Emilia Navas tuvo que separarse de su cargo por conflictos de interés y Carlos Cerdas (dueño de MECO) y Mélida Solís (dueñas de H.Solís) enfrentan 4 meses de prisión preventiva.
· Caso Azteca: El caso Azteca, si bien se investigaba desde 2019, fue revelado el 9 de noviembre del presente año, dejando a 14 servidores públicos detenidos por vínculos con una red de narcotraficantes. Los narcotraficantes, en su mayoría mexicanos, colombianos y costarricenses, crearon empresas de maquinaria y construcción para mover su capital económico sin levantar sospechas, logrando vínculos con funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y el Banco Nacional.
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La mayoría de funcionarios de AYA eran del pacífico costarricense, logrando así que estas empresas lograsen licitaciones de obra pública a su favor. En total: 17 licitaciones por unos 678 millones de colones fue el resultado que dejó estos vínculos con el narcotráfico. Los empleados públicos confeccionaban documentos para estas empresas con información importante de fechas, presupuestos y datos de otras empresas para tener una licitación perfecta.
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Los narcotraficantes, cancelaban los montos de operación, logística y materiales con dinero en efectivo y facturas falsas o simuladas y un funcionario del Banco Nacional ayudaba con esto. En videos suministrados al OIJ, se ve donde los funcionarios entran y salen de la casa de los líderes de la banda y en total se tuvieron 26 detenidos por esta investigación.
· Caso Diamante: El caso diamante involucró a alcaldes de diferentes municipios del país por una supuesta red que favorecía a la empresa MECO en contratos de obra pública. En total, 40 allanamientos entre ellos a municipalidades y 13 personas detenidas, de las cuales 6 eran alcaldes de diferentes municipios del país. Mario Redondo alcalde de Cartago, Alfredo Córdoba alcalde de San Carlos, Humberto Soto alcalde de Alajuela, Alberto Cole alcalde de Osa, Arnoldo Barahona alcalde de Escazú y Johnny Araya alcalde de San José fueron los involucrados en el caso. En este caso, los funcionarios públicos favorecían a la empresa constructora en carteles de licitación a cambio de dádivas; en la investigación, se identificó que se entregaba dinero, vehículos, construcciones y arreglos en viviendas. En la investigación se indicó que los encargados dialogaban directamente con los alcaldes, quienes adelantaban el pago de facturas y conseguían el inicio anticipado de obras públicas.
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· Pruebas FARO: Las pruebas FARO, aplicadas en estudiantes de escuelas y colegio del país, vincularon la supuesta proporción de datos al gobierno de Costa Rica por parte de los estudiantes, sin que estos supieran del tema. Empezando por la duración de más de 4 horas en que los estudiantes debían permanecer en el aula, con mascarilla y sin ingerir ningún tipo de alimento, hizo que padres y docentes reclamaran por el tema. Además, los estudiantes debían responder hasta 100 preguntas en las que, en algunos casos, habían más de 30 respuestas de la misma. Las pruebas FARO incluían preguntas de información sensible, consultando a los estudiantes sobre el estado de las paredes, piso, techos, si tenían vivienda propia, si se pagaba en cuotas o si eran prestadas. Ante esto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) pidió disculpas y provocaron la renuncia de Giselle Cruz, ministra del MEP, Melania Brenes, viceministra académica y de Pablo Mena, director de Gestión de Evaluación y Calidad del MEP.
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· Candidato a diputado sentenciado a 3 años de cárcel: El último escándalo político se dio el pasado 15 de diciembre, cuando el candidato a diputado para las elecciones del 2022, Otto Guevara, fuese sentenciado a 3 años de cárcel por delitos de falsedad jurada y se le impuso la inhabilitación de ocupar cargos públicos por 6 años, además de tener que pagar 2.5 millones de colones por este delito. A Guevara, se le condenó por no haber indicado en la declaración jurada ser director de una empresa con sede en el extranjero, mientras ocupaba el cargo de diputado en el año 2014. En las declaraciones de esa época ante la Contraloría General de la República cada mes de mayo, Guevara no indicaba la existencia de la empresa, suministrando información falsa al órgano rector costarricense.
