Vista de la sala donde organizaciones nicaragüenses en el exilio pidiendo por la libertad de presos políticos, en una fotografía de archivo (EFE/Jeffrey Arguedas).
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La Asociación de Familiares de Presos Políticos, junto a otras organizaciones hicieron una denuncia pública este miércoles 15 de diciembre, a nivel nacional e internacional asegurando que los derechos humanos de sus familiares, “siguen siendo violentados”.
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“Todos están detenidos injustamente acusados de delitos que no han cometido. El ejercicio de sus derechos de libertad de libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de asociación está siendo criminalizado, pretendiéndoles aplicárseles tipos penales, no configurados por los hechos”, así se lee en el comunicado.
Las familias agregan a la denuncia. “Tenemos particular preocupación por aquellos con más de un mes de estar incomunicados y por todos aquellos que presentan condiciones graves de salud producto al encierro prolongado y de todas las personas de la tercera edad.”
Exigen que, para esta navidad, se les “de la libertad de manera inmediata e irrestricta e incondicional a las personas presas políticas, es la mínima expresión de respeto a los derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, y de voluntad para aminorar la crisis en que está sumido el país”, señalaron.
La declaración fue firmada por la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité de Familiares Pro Liberación de Personas Presas Políticas, Familiares de Personas Presas Políticas en el Chipote desde mayo 2021, Grupo de Secuestrados Políticos Unidos y Organización de Víctimas de Abril.
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Hasta el 30 de noviembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizó 157 personas, de esta lista diez fueron detenidos previo al contexto de abril de 2018. Destacando que en este último mes la policía detuvo a nueve opositores del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El mecanismo contabiliza las 157 personas presas políticas en el contexto de la crisis de derechos humanos originada en abril del 2018, seguido del listado de nombres, de la cual hay una lista, así también se muestra información en relación a las 10 personas presas políticas detenidas previo al contexto de abril 2018. Cabe destacar que las personas en los informes son únicamente las que familiares dieron autorización de su publicación, por lo tanto, podría haber más personas detenidas, no registradas.
Según detalla el Mecanismo, la cifra de presos y presas políticas en el contexto de abril 2018 para el mes de octubre del 2021 era de 149 personas. En el mes de noviembre se agregan 8 personas a la lista, cuyos familiares han autorizado su incorporación. En los últimos 12 meses, 49 personas más han sido reconocidas por el Mecanismo como presos y presas políticas.
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Asimismo, reporta que, de las 157 personas presas políticas, 117 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 35 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Chipote» en Managua. Adicionalmente 4 personas están en delegaciones municipales de la policía y 2 en arresto domiciliario. De estas personas 144 son hombres y 13 son mujeres.
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De las 157 personas presas políticas, 23 corresponden a la edad laboral temprana de 15-24 años. 101 están en el rango de edad de los 25-54 años (edad laboral máxima).20 entre los 55-64 años (edad laboral madura). 13 son personas de edad avanzada (65 años a más)
El Mecanismo manifiesta, para quienes están en edades laboralmente activa el efecto que están teniendo en la economía de sus hogares es brutal: disminuye el acceso al sistema de salud, a la educación y al trabajo, y tiene un impacto desgarrador en los hijos e hijas y familiares.
Los reos de conciencia proceden principalmente de Managua, Masaya, Jinotega, León, Matagalpa, así como de las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
Impacto de ser preso político
Los efectos psicológicos tanto en los jóvenes como en las personas adultas y mayores de edad que se encuentran detenidas son irreparables. Se sienten inseguros y atemorizados, cómo consecuencia de las secuelas de las torturas un traumático episodio muy difícil de ser superado.
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La prisión y la tortura tienen efectos devastadores, que puede llegar a deteriorar los vínculos con sus familiares y sus parejas, explica el informe del Mecanismo. “La inmensa mayoría de los presos y presas políticas han perdido su trabajo y medios de subsistencia. Incluso corren el riesgo de perder sus viviendas y propiedades ante la amenaza de ser objetos de expropiación.
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Esta situación no acaba con la liberación de las personas ya que muchos excarcelados y excarceladas políticas continúan siendo víctimas de vigilancia, hostigamiento, persecuciones y agresiones. A esto se le suma también que son objeto de violencia institucional cuando le es negado algún servicio social como el acceso a la salud, por ser considerados opositores. Una gran mayoría ha tenido que optar por esconderse o por buscar refugio en otro país.
