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Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.com
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Siete organizaciones defensoras de las libertades de prensa y expresión, este 13 de diciembre del 2022, emitieron un comunicado urgente para condenar y denunciar “la violencia contra el periodismo” a su vez hicieron un llamado a los Estados para “combatirla”.
Las organizaciones firmantes de este comunicado son: ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), IFEX-ALC, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Voces del Sur (VdS).
La misiva apunta que este año a punto de finalizar ha sido el más violento en décadas para la Prensa Latinoamericana y el Caribe.
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“El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas (…) A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos,” apuntan.
Las condiciones graves en las que el periodismo latinoamericano ejerce la profesión, se destacan cuatro tendencias entre ellas:
· El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas.
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“A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas.”
Estas organizaciones señalan en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, varios periodistas, “enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.”
· La desinformación en línea.
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Una táctica que han utilizado para “desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea.”
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Para hacer ese trabajo sucio, los gobiernos han usado “Ejércitos de troles” para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. “Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población. Estas operaciones para desinformar y estigmatizar “minan la confianza en el periodismo.” Añaden las organizaciones defensoras del periodismo.
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Y la “Vigilancia y espionaje,” estas acciones son ilícitas, manifiestan. “El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.”
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Las organizaciones de la libertad de prensa han señalado rutas para frenar y combatir el acoso judicial y la impunidad a los Estados de la región (…) Así como detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para proteger la conversación pública online y offline que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan la hostilidad para el ejercicio periodístico.
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Concluyeron que atacar a la Prensa “es un ataque contra la democracia” ante eso el llamado es urgente a los Estados “con el fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo.”
