Uno de los retos de estos profesionales es la búsqueda de la justicia, en un país que carece de ella. Y esto claro está, tiene sus consecuencias.
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Los abogados en Nicaragua se convirtieron en las nuevas víctimas de la represión cuando estalló la crisis sociopolítica en la nación centroamericana en abril de 2018. El Poder Judicial apuntó contra los profesionales del derecho que habían dispuesto de sus servicios legales para defender a opositores detenidos de las protestas antigubernamentales.
El Poder Judicial nunca antes había recibido tantos cuestionamientos como en los actuales momentos. Las acciones represivas contra periodistas, activistas, críticos y en particular a los abogados en medio de tantos abusos, marcan una grave crisis en el sistema de administración de justicia del país.
En ocasión al Día Nacional del Abogado nicaragüense, el 29 de septiembre, Gonzalo Carrión y José López, profesionales del derecho y defensores de derechos humanos actualmente en el exilio, comparten sus reflexiones sobre el ejercicio de la profesión en Nicaragua, un trabajo bajo riesgo al que estuvieron expuestos y que no cualquier abogado querría asumir.
De acuerdo a datos publicados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existen en Nicaragua más de 32 mil abogados inscritos. Sin embargo, solo una parte de ellos estuvieron dispuestos a representar a los presos políticos desde el estallido social de 2018. A partir de febrero de este año, alrededor de 27 profesionales críticos al régimen, les fueron anulados los títulos de abogado, lo que significa que no podrán ejercer más mientras esté viva la dictadura.
Gonzalo Carrión: “sigo siendo abogado”
Gonzalo Carrión de 62 años, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA), una universidad privada, considerada una de las de mayor prestigio en el país y que fue confiscada en agosto por el régimen Ortega Murillo.
Ha dedicado más de 30 años de su vida a la defensa de los derechos humanos y aún recuerda las palabras dichas por un colega y amigo que se graduó junto a él y se enteró que incursionó en el ámbito de los derechos humanos: “Mira Gonzalo, así nunca vas a prosperar, nunca vas a tener dinero, con eso no se hace dinero”.
Esas palabras eran evidentes para quien buscaba hacer rentable su profesión como cualquier otra. La abogacía y la defensa de los derechos humanos supone un compromiso en materia de derechos humanos y la represión por su trabajo, asumiendo riesgos al visibilizar situaciones de injusticia social y los abusos del poder. Sin embargo, Carrión estaba convencido del camino que había tomado.
“Efectivamente ese comentario de mi colega era acertado. Entré al ejercicio de la abogacía y defensa de los derechos humanos, y por supuesto, no era el camino para hacer dinero, por este es un compromiso el de abogar por la gente desposeída o víctima de los abusos del poder en diferentes tiempos, y particularmente en este tiempo”, manifiesta Carrión quien en diciembre próximo, cumplirá cinco años en el exilio y es uno de los 27 abogados a quien la Corte Suprema de Justicia del régimen le anuló el título de abogado.
De defensores a víctimas
Carrión señala que el ejercicio profesional vino a representar un riesgo desde antes del 2018. En Nicaragua, los abogados con pensamiento crítico y en función de garante del Estado de Derecho, no pueden ejercer su profesión de forma libre e independiente, la permanente denuncia de las injusticias los ha convertido en víctimas de la represión.
“Mi experiencia como abogado, y por eso pago las consecuencias, es que ya no puedo concebir la abogacía sin hacer valer el derecho, el derecho como estrecha relación, como camino y acceso a la justicia, y todo eso en Nicaragua se ha negado por esta brutal represión, por esta dictadura que cada día te muestra no tener límite alguno”, dijo Carrión, indicando que desde antes de 2018, desde la llegada al poder de Daniel Ortega, el ejercicio profesional, en su caso particular como abogado se vino “estrechando y estrechando hasta que la represión se generalizó a partir de abril de 2018”.
Su labor le ha traído consecuencias, desde ser declarado “traidor a la patria”, perder su nacionalidad, la suspensión de su título de abogado hasta la confiscación de su casa a mediados de septiembre. Pese a esas acciones emprendidas contra el defensor de derechos humanos, él sigue su labor desde el exilio.
“Yo sigo abogando por la gente aun cuando, con la dedicatoria de todo el odio y descarga de la familia Ortega-Murillo, según su mente obcecada, dejé de ser nicaragüense, y manda después también a la impresentable y sometida Corte Suprema de injusticia, en su mente también obcecada, a suspender definitivamente como abogado y notario. Pero lo cierto, es que sigo siendo abogado”, señala.
Sigo –agrega– abogando por la gente, principalmente por la gente que es blanco de los opresores, y por abogar con la gente y no estar de lado del poder, pago las consecuencias, no solo con el despojo de mi nacionalidad y los derechos que ya mencionaba, sino también la imposibilidad material de gozar de todos mis derechos y bienes, también nuestra casa que compramos, ha sido asaltada, confiscada y robada por los que han ordenado todos estos crímenes”, denunció el jurista.
Auditoría jurídica para determinar responsabilidad
José Antonio López, de 54 años, con 10 años de trabajo como abogado y notario, es otro de los profesionales que tuvo que huir de Nicaragua junto a su esposa e hijo en agosto de 2022, por temor a ser encarcelados.
Su labor en acompañamiento a familiares de presos políticos y en materia laboral a médicos despedidos por el régimen, le significó amenazas y persecución.
“El modo de administrar justicia en el país deja mucho que decir, en el aspecto laboral, no se queda atrás. Los jueces laborales que, de los penales, por misma experiencia que llevé y tramité se aplicaba la ley en contrario sensum. Prueba de ello, en el caso de los médicos despedidos de Estelí, en donde una juez aplicó el Código de Procedimiento Civil de 1903 de la época de José Santos Zelaya, cuando en el 2013, don Daniel Ortega mandó aprobar un nuevo Código”, explicó.
“Fue a recurso de apelación, pero los magistrados del Tribunal Nacional Laboral, igual confirmaron la sentencia a pesar que era una aberración jurídica. Entendí que ya no había derecho en este país”, comentó el especialista en temas laborales.
“Yo siempre les decía a los jueces que eran remedos de sentencias, y los retaba a que me demandaran por injurias y calumnias, si yo lo estaba injuriando y calumniando por las sentencias que ellos emitían. Nunca lo hicieron, eso prueba que había razón”, comenta López, quien critica que jueces que juzgaron a opositores a la dictadura fueron premiados por emitir “esos remedos de sentencias”. “Jueces como Adela Cardoza fue promovida por la CSJ a magistrada del Tribunal de Apelaciones en 2021”, mencionó.
El laboralista apunta a que en un futuro debería crearse una auditoría jurídica en todos los aspectos para poder determinar responsabilidad para quienes administraron mal la justicia en el país. “Aquí hay mucho que hacer, el poder judicial actualmente en Nicaragua deja mucho que desear, la justicia tiene, no la venda en los ojos, sino que un pañuelo del partido de gobierno en su cuello”, aseguró.
Abogados en el exilio, presos o amenazados
El derecho a hacer justicia en un país que carece de ello, tiene sus consecuencias. Carrión y López son dos botones de muestra al tratar de hacer valer el derecho y acceder a la justicia a las personas que les vulneraron sus derechos.
Los obstáculos relacionados con la representación de opositores, acosos, amenazas y persecución penal es una realidad innegable en el país tras la crisis sociopolítica de 2018, según destacan los organismos de Derechos Humanos que han monitoreado los procesos legales contra los opositores.
Otra muestra es Miguel. En voz baja manifiesta que hay temor y opina que el silencio se ha convertido en una forma de vivir sin problemas con el gobierno. “Los colegas ya no defienden a personas que están vinculadas a las protestas, pues tienen miedo que les ocurra lo mismo que a otros colegas”, dijo. Miguel, aún reside en el país y lleva 16 años trabajando como abogado y notario.
Quienes decidieron dar un paso adelante valientemente para representar a los presos políticos contra un poder judicial sometido al régimen se encuentran en el exilio. Otros amenazados y residiendo en el país, guardando silencio para evitar la cárcel como le ocurrió al abogado Manuel Urbina Lara, un crítico al régimen que fue condenado a cuatro años de prisión en mayo de 2022.
En estas circunstancias, los abogados celebrarán su día nacional el próximo 29 de septiembre, según la Ley 844 que irónicamente, fue aprobada bajo la gobernanza del FSLN en agosto del 2013.
