En un foro regional organizado por El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), activistas y académicas de Centroamérica abordaron el creciente deterioro democrático y el aumento de la violencia de género en la región.
La defensora y activista feminista Ana Quirós coordinadora de CISAS, subrayó que Costa Rica pese a su reputación democrática, enfrenta tendencias autoritarias y políticas neoliberales que afectan principalmente a las mujeres. También mencionó casos emblemáticos de represión política en Nicaragua, como la encarcelación de la dirigente indígena Nancy Enriquez en Nicaragua.
Representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras Y Nicaragua, destacaron la gravedad de la situación en su países, haciendo un llamado a la unidad para enfrentar estos desafíos.
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ToggleAutoritarismo en el régimen de Nayib Bukule afecta a mujeres
Janette Aguilar, académica del Salvador, presentó una grave denuncia sobre la creciente represión y el deterioro de los derechos humanos en El Salvador bajo el régimen de Nayib Bukele.
Aguilar, con experiencias en temas de violencia, reforma policial y derechos humanos, destacó que desde la llegada de Bukele en 2019, el país ha avanzado hacia un régimen autoritario, caracterizado por “la concentración de poder, el control de los órganos del Estado y la represión de voces críticas».
Ella señaló que la instauración del régimen de excepción desde marzo de 2022 ha resultado en la detención arbitraria de más de 80,000 personas, “muchas de ellas inocentes”. Este régimen ha suspendido derechos fundamentales y ha generado una atmósfera de intimidación y persecución. En cuanto a las mujeres, resaltó el impacto desproporcionado que esta situación tiene sobre ellas.
“ Aunque ya era una sociedad patriarcal con desigualdades de género, la situación ha empeorado con la reducción de programas sociales y la falta de datos sobre violencia de género.” La violencia política y social contra mujeres ha escaldado, incluyendo linchamientos mediáticos, amenazas y violencia digital, dirigidos especialmente como defensoras de derechos humanos y periodistas.
Aguiar subrayó que el régimen de Bukele ha profundizado la precarización de mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, “quienes ahora cargan con el peso de la crisis social y la búsqueda de justicia para familiares desaparecidos o detenidos arbitrariamente.”
Lucha histórica de mujeres hondureñas
Mercy Ayala activista hondureña destacó las complejidades que enfrenta su país y la región en términos de democracia y derechos humanos.
Hizo mención de figuras emblemáticas como Margarita Murilo y Berta Cáceres,quienes “ dejaron un legado importante en la lucha contra el racismo, autoritarismo y violencia” especialmente hacia las mujeres, sostuvo.
Ayala recordó los 12 años de dictadura tras el golpe de Estado de 2009, que derivaron en múltiples violaciones de derechos humanos, incluida la prohibición de la píldora anticonceptiva del día después. Este contexto profundizó la violencia hacia las mujeres, a nivel físico y social.
El gobierno de Xiomara Castro, primera presidenta mujer de Honduras, fue visto como “ un avance simbólico”, rompiendo con el “ bipartidismo y el patriarcado”. Sin embargo, Ayala señaló que persisten desafíos, como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el estado de excepción desde diciembre de 2022, lo que ha generado múltiples violaciones de derechos.
La activista manifestó la necesidad de estrategias regionales para combatir el autoritarismo y la violencia y enfatizó la importancia de los esfuerzos colectivos para “ afinar acciones que impulsen los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en toda la región».
Violencia de género bajo el régimen Ortega Murillo
La socióloga e investigadora Nicaragüense Elvira Cuadra, expuso en el foro como el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un estado policial en Nicaragua “ afectado gravemente la vida de las mujeres y ciudadanía en general.”
“En el fondo lo que hay es una política de persecución abierta”, señaló Cuadra, añadiendo que esta represión no comenzó en 2018, sino muchos antes, con las aspiraciones autoritarias de Ortega y Rosario Murillo.
Cuadra explicó que desde el regreso de Ortega al poder en el 2007, “ se llevó a cabo una reforma profunda del marco jurídico” permitiendo la legalización de un proyecto autoritario apoyado por una alianza con el sector privado y un fuerte control de los poderes estatales.
Esta concentración de poder ha culminado en un estado de vigilancia y violencia que afecta principalmente a las mujeres. “ La violencia política , incluso letal, se ha prolongado hasta hoy” afirmó, destacando que desde el 2020 el estado policial ha sido institucionalizado, justificando la persecución y control sobre grupos específicos considerados como amenazas al régimen.