La vicepresidenta de la agrupación política UNAMOS, considera que el “orteguismo” si tiene células en Costa Rica para perseguir a las personas refugiadas, asegura que tiene la capacidad de hacerlo a través de la inteligencia militar y capacidad económica.
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Costa Rica catalogó el año 2023 como el más violento de su historia, ante el aumento de homicidios y crímenes a manos de las bandas de narcotráfico locales, como torturas, asesinatos entre bandas y aquellos llevados a cabo por sicarios, similares a los cárteles mexicanos.
El país centroamericano se ha vuelto uno de los principales en recibir personas migrantes y refugiadas de Nicaragua que huyen de la violencia, persecución política o buscan una mejor calidad de vida. Sin embargo, el aumento de la violencia también ha tenido graves consecuencias para ellas.
Intertextual constato que según datos del organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cifra de nicaragüenses asesinados fue de 100 víctimas en 2023, reflejando un aumento con respecto al año anterior, en donde se registraron 61 víctimas.
Las autoridades costarricenses se encuentran en alerta por el incremento de la inseguridad en el país que dejo al menos 907 homicidios en todo el país, un incremento del 38% en comparación con años anteriores, aseguran las autoridades.
Comunidad exiliada en alerta en Costa Rica ante inseguridad
La activista feminista y exiliada, Claudia Vargas, llegó a Costa Rica en 2018 debido a la persecución política del régimen de Daniel Ortega. La razón por la cual escogió este país como destino de refugio fueron los bajos índices de violencia que tenía, en comparación a otros países centroamericanos y a la oportunidad de poder evitar las represalias del régimen de su país.
Vargas comenta que durante los últimos años se ha visto un crecimiento de la inseguridad en el país, lo que mantiene en “alerta” a la comunidad exiliada, en especial luego de la noticia del primer atentado hacia el opositor caraceño Joao Balmaceda en el año 2021 y el asesinato del opositor Rodolfo Rojas de 65 años, quien fue encontrado sin vida en Honduras luego de ser engañado por personas allegadas al régimen de Daniel Ortega para sacarlo de Costa Rica con la promesa de llevarlo a Estados Unidos, esto según denunciaron sus familiares.
“Yo creo que como país definitivamente nos hemos sentido más inseguros a partir del año pasado… a casi todo el mundo de alguna forma lo asaltaron o le habían robado el celular, no con un contexto político, pero sí con esos niveles de delincuencia alarmantes” agregó Vargas.
Dulce María Porras originaria de Carazo, llegó a Costa Rica el 27 de julio de 2018, luego de la “operación limpieza” en su departamento, esto con la idea de poder resguardar su vida ante la persecución del régimen de Daniel Ortega, sin embargo, asegura que el problema de Costa Rica en temas de inseguridad se ha tardado “serio” en los últimos años.
“Se ha incrementado (la inseguridad) de manera brutal increíble, no te digo que no hubiera inseguridad cuando venimos, pero actualmente es más fuerte” comentó Porras.
Violencia de Daniel Ortega tras escala de inseguridad en Costa Rica
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El último caso de agresión registrado hacia un nicaragüense fue la del activista político opositor y exiliado, Joao Maldonado, y su esposa, Nadia Robleto, quienes resultaron heridos de bala, luego de que dos sujetos en motocicleta atentaron en su contra en San Pedro de Montes de Oca. Este último reporte es el tercer atentado que recibe el opositor, quien se encuentra en estado delicado junto a su esposa.
La administración del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, emitió una aclaración en referente a este caso este 11 de enero, en donde aseguró que “no existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense”.
Por su parte, para la vicepresidenta de la agrupación política Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), considera que el “orteguismo” si tiene células en Costa Rica para perseguir a las personas refugiadas y asesinarlas y asegura que tiene la capacidad de hacerlo a través de la inteligencia militar y capacidad económica.
“Desde la embajada de Nicaragua en San José, Costa Rica, donde es su puesto de mando, desde ahí operan paramilitares. En La Cruz (frontera entre Nicaragua y Costa Rica) tiene paramilitares que operan contra los nicaragüenses” agregó Porras.
De igual manera, Claudia Vargas, se refirió a la existencia de personas ligadas al régimen de Daniel Ortega que viven en Costa Rica y que han sido identificadas por los opositores, las cuales pueden utilizar el incremento de la inseguridad para realizar trabajos de persecución hacia las personas refugiadas.
Uno de los casos de identificación más conocidos para Vargas, es la denuncia de la permanencia en Costa Rica de una policía a quien se le identificó por los opositores, como perpetuadora del asesinato del niño Junior Gaitán de 15 años en el departamento de Masaya, quien, según testigos, suplicó de rodillas para que no le dispararan.
Este 11 de enero, mediante una publicación en redes sociales, la Agencia de la ONU para los Refugiados en Costa Rica (ACNUR) y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas, expresaron su “profunda preocupación ante los hechos de violencia contra personas refugiadas ocurridos el día de ayer” y de igual manera, anunciaron que recibieron de “manera positiva los esfuerzos de Costa Rica para esclarecer estos hechos”.
Yader Valdivia, defensor de derechos humanos, considera que las estadísticas que indican un incremento en la inseguridad en el país, pueden tomarse como un llamado a que Costa Rica no pierda la calidad de “país seguro” que ha venido teniendo históricamente.
Según los datos presentados la OIJ, el país finalizó el 2023 con 881 homicidios, contados hasta este 18 de diciembre. Lo que representó 262 casos más de los que hubo en el mismo periodo de 2022, cuando la cifra fue de 619.
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Valdivia invitó a las personas que de alguna manera son víctimas de inseguridad o violencia o a utilizar los mecanismos como el OIJ, la Unidad de Refugio y la defensoría de los habitantes, las cuales son instituciones nacionales a las que se debe reportar cualquier situación de inseguridad en la que se sienta una persona migrante, refugiada o solicitante de refugio.
De igual manera, el defensor recordó que las personas extranjeras como migrantes y solicitantes de refugio, tiene los mismos derechos que los ciudadanos costarricenses, según lo define el artículo 19 de la constitución política de Costa Rica, por lo tanto, enmarca el sistema jurídico en temas de protección.
“Es importante como nicaragüenses, tratar de mantener la calma y de saber cuáles son los derechos que tienen las personas nicaragüenses. Yo invito a que las personas nicaragüenses solicitantes de refugio, puedan conocer sus derechos tanto en el estatuto de las personas refugiadas, como las reglas de Brasilia” culminó Valdivia.
