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Denunciar en comisaría o en sede judicial, no esconderse en el anonimato de las redes, no tapar un comportamiento violento, protegerse de la violencia sexual… La sociedad y la clase política llevan días diciendo a las víctimas qué deben hacer o deberían haber hecho, pero falta una pregunta clave: ¿qué necesitan?
Juristas, abogadas y expertas en el acompañamiento a las mujeres que han sufrido violencia sexual explican a EFE que no existe un único tipo de víctima, que no todas requieren el mismo tipo de reparación y que es fundamental respetar sus decisiones sobre cómo quieren abordar su recuperación.
La salida de Íñigo Errejón de la política tras ser denunciado por violencia sexual, tanto de forma anónima como ante la policía, ha vuelto a poner sobre la mesa el cuestionamiento de las víctimas, la pertinencia de los distintos canales de denuncia, la delgada línea entre delito y comportamiento socialmente reprobable y las carencias del sistema para reparar a las mujeres violentadas.
El miedo a no ser creída, el cuestionamiento y la revictimización del proceso judicial o el temor al agresor son algunas de las causas que explican que las víctimas no denuncien en nueve de cada diez casos.
La abogada especializada en derechos humanos Adilia de las Mercedes critica que en la gestión del caso Errejón ha faltado hacerse la pregunta de qué necesitan las víctimas: «Apoyarlas, preocuparse por ellas y preguntarse qué necesitan, qué podemos hacer por ellas como movimiento social y feminista», destaca.
Begoña Serrano, abogada de Movimiento por la Paz, detalla que precisan «apoyo, que no se las juzgue y empatía en la intervención», pero aclara que deben ser siempre ellas las que lideren sus procesos y tomen las decisiones que estimen oportunas.
Denunciar: un derecho, no una obligación
Denunciar la violencia sexual ante la policía o la justicia es un derecho de las víctimas, no una obligación, recuerda De las Mercedes. Y sólo puede dar ese paso la persona agredida, nadie puede hacerlo por ella (salvo que sea menor de edad o tenga discapacidad), tampoco un partido político.
Sería deseable que las víctimas tuvieran una mayor confianza en el sistema judicial, indica el magistrado Joaquim Bosch, pero reconoce que «hay cuestiones que fallan», que faltan más instrumentos de acompañamiento y apoyo psicológico.
«Como juez siempre recomendaré que vayan al sistema judicial, pero no puede sorprender que las víctimas se expresen en otros ámbitos», concede Bosch.
Foto: Intertextual
Lo primero que necesita una víctima de violencia sexual es contención emocional y ser creída, según la presidenta de la red de acompañamiento a víctimas Mujeres Supervivientes, Antonia Ávalos.
Desde la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, las víctimas no necesitan interponer denuncia para recibir asistencia psicológica, social y jurídica. Los centros de crisis 24 horas se han diseñado con el objetivo de prestar esta atención, pero son pocos los que se han puesto en marcha.
Ávalos pide que la justicia ofrezca seguridad y protección a quienes dan el paso de denunciar, una atmósfera de «credibilidad y respeto» que además tenga perspectiva de género interseccional: «Si no se cree a una mujer blanca, tampoco van a creer que una mujer migrante, racializada o que se dedique a la prostitución ha sido violada», lamenta.
No existe un perfil de víctima ni se les puede exigir cómo deben comportarse, advierten las expertas. «Ni todas se comportan de la misma manera ni todas eligen el mismo camino para restaurar los derechos que han sido lesionados», subraya De las Mercedes.
Condena penal, reproche social, destitución del agresor de sus responsabilidades institucionales, superación del trauma, ser creída por la comunidad… Las formas de reparación son diversas para cada mujer.
Redes y anonimato
¿Son las redes sociales un canal adecuado para denunciar violencia sexual?
Ávalos explica que las denuncias sobre Errejón evidencian que las víctimas no creen en el sistema judicial y por tanto optan por las redes.
Para la abogada de Movimiento por la Paz, estas denuncias visibilizan violencias ocultas y hacen que las mujeres sepan que no están solas, que otras han pasado por eso.
El magistrado Bosch precisa que las denuncias anónimas en redes pueden hacerse si afectan a personas de relevancia pública, son cuestiones de «interés general» y los hechos denunciados son veraces. El denunciado, si considera que se han vertido injurias o calumnias o no se ha respetado su derecho al honor, tiene herramientas para defenderse.
Además, señala que no todos los comportamientos reprobables socialmente son constitutivos de delito (y por tanto pueden denunciarse por la vía judicial), por lo que las personas perjudicadas por compartamientos inmorales deben elegir otras vías para hacer públicas sus críticas.
Por último, De las Mercedes advierte de que las redes son un terreno inseguro para las mujeres, ya que en ellos «la violencia machista campa a sus anchas»: «Verter testimonio no es sanador ni responsable en sí mismo, tiene que ir acompañado de un proceso de acompañamiento psicológico, social y jurídico. Sin esto, es lanzarlas al vacío», asevera.
