La Asamblea Nacional de Nicaragua comenzó este martes a aprobar en segunda legislatura enmiendas a la Constitución Política, que transforma el Estado al denominarlo «revolucionario» y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado.
Los legisladores, que reformarán 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogarán otros 37, incluido el que se prohibía la práctica de la tortura y el recurso de Habeas Corpus, aprobaron hoy dos títulos de esas enmiendas en segunda votación y defintiva.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y opositores nicaragüenses, amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordinará» los demás «órganos» del Estado que dejan de llamarse poderes, legaliza la apatridia, y crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.
«Hoy estamos en el proceso refundacional del Estado y de la República revolucionaria, evolutiva, cristiana, solidaria, socialista y antiimperialista», destacó en el pleno el diputado sandinista Moisés Absalón Pastora.
«Esta reforma constitucional que hoy iniciamos aprobar en segunda discusión apuntala y profundiza la democracia en nuestro Gobierno revolucionario», declaró, por su lado, el legislador oficialista Edwin Castro.
El titular del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, explicó en el pleno que esa reforma parcial a la Constitución será discutida «artículo por artículo» y prevén tenerla lista para el 30 de enero.
En la sesión de hoy reformaron el preámbulo de la Constitución, en la que evocan la lucha de los antepasados indígenas «que tiene su máxima expresión» en los caciques Diriangén, Nicarao y Adiact, «paradigmas de dignidad, tenacidad y bravura, que forjaron y recorrieron caminos inspiradores, en valientes y decisivas luchas de liberación».
El preámbulo también evoca a los próceres de la independencia, a héroes nacionales, «a precursores de las luchas populares, antioligárquicas y antiimperialistas», al poeta universal Rubén Darío, a los fundadores del sandinismo Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge, a guerrilleros entre ellos Camilo Ortega, hermano menor del mandatario; y al pelotero boricua Roberto Clemente.
Asimismo, «a los comandantes eternos de la soberanía, la independencia y la revolución latinoamericana y caribeña Francois Dominique Toussaintl Ouver Ture, Jean Jacques Dessalines, Simón Bolívar, José Martí, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco Morazán, Ernesto ‘Che’ Guevara, Salvador Allende, Fidel Castro Ruz, Hugo Rafael Chávez Frías, vidas luminosas y guías de la esperanza y los derechos de nuestro pueblo».
Presidencia con suprapoderes
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa», que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La reforma establece en el Capítulo II, artículo 132, que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Policía Voluntaria y vigilancia a medios
Asimismo crea la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según opositores y organismos humanitarios, son fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada ‘Operación Limpieza’ con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones que estallaron en 2018.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean «sometidos» а intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
También se establece que «el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias» pero advierte que «al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público», y que «las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero».
Por otro lado, la reforma ordena al sistema financiero nacional desconocer las sanciones internacionales, bajo el argumento que «ninguna medida violatoria del derecho internacional» tomada por Estados, grupos de Estados o Gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez en el país.
