Cárcel, exilio y castigo para los oficiales de la policía que decidan pedir su baja, son parte de las reformas realizadas a la Ley General de la Policía Nacional. 
Por: Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
Las recientes reformas aprobadas por el régimen sandinista han generado tensiones y temores entre los policías, quienes enfrentan consecuencias desalentadoras si deciden abandonar la institución represiva.
Mientras por otro lado, estas medidas dejan al descubierto la pérdida de muchos oficiales que han abandonado la institución sancionada, agotados y frustrados y quienes están buscando refugio en otros países, principalmente en Estados Unido, al darse cuenta que son utilizados al margen de ley y contra los ciudadanos que deberían defender.
La situación expande las interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad en Nicaragua, y resalta la difícil realidad que enfrentan los agentes policiales en medio de un ambiente opresivo para todas y todos.
Para las festividades del 44 aniversario de la Revolución de Nicaragua, este julio de 2023, las fuerzas policiales siguen mostrándose como el brazo represivo del Ejecutivo y sus intereses. Patrullas, motocicletas, oficiales generales, investigadores y hasta agentes de tránsito, portan banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN), en varios municipios del país.
Sufrimiento en las sombras
Pero a la sombra de las recientes reformas aprobadas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, se oculta una realidad inquietante y desgarradora: las y los agentes de la Policía se sienten atrapados. Estas reformas, que han generado tensiones y temores a lo interno, representan un grave retroceso para la democracia y la libertad en el país centroamericano. Ahora, nadie puede desertar, por ninguna razón. “Estar dentro, es estar dentro de un callejón sin salida”, dice un analista en temas de seguridad.
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La nueva subordinación de policías al dictador, eliminando su carácter apolítico y no deliberante, genera una preocupación más profunda fuera y dentro de la institución. “Como Policía, siempre hemos tratado de cumplir las órdenes para garantizar la seguridad y el orden en nuestra sociedad, pero esta reforma es una verdadera amenaza y hasta para nuestra libertad, de decidir estar en el cuerpo armado o no”, dice un agente policial, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.
“Al comandante esta vez sí parece que se le pasó la mano”, reclama con voz inquieta en una conversación telefónica.
La tensión se ha vuelto palpable entre los agentes de la Policía. El régimen, consciente de la creciente desafección y el éxodo de oficiales – a raíz de la crisis humanitaria y de violencia que generó la represión estatal contra manifestaciones pacíficas desde abril de 2018-, ha impuesto penas de prisión para aquellos que decidan abandonar sus puestos. Esta medida, lejos de solucionar los problemas de fondo, cercena la libertad individual de las y los miembros de la institución, y refleja más represión y autoritarismo.
Para llegar a este punto de control por parte del Poder Ejecutivo, en manos del FSLN desde el año 2007 hasta la actualidad -sin interrupción alguna-, la Asamblea Nacional, controlada por el partido oficialista, aprobó el miércoles 05 de julio, con 91 votos a favor y ninguna abstención o inasistencia, una reforma al Artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua -que establece el marco legal de la Policía Nacional- y otro cambio a la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Otra oficial, con años de experiencia en la institución, señala que “la posibilidad de ser encarcelados por abandonar los puestos es muy preocupante”. En muchos casos, los agentes que deciden irse lo hacen para protegerse a sí mismos y a sus familias de situaciones de violencia o encarcelamiento. “Esta sanción sólo contribuirá a incrementar el temor y la desconfianza entre nosotros, además de limitar nuestra libertad individual y nuestras oportunidades de buscar una vida mejor, aquí o donde sea”, cita la oficial, que trabaja en el edificio central de Plaza El Sol, en Managua.
Algo pasa en la PO
Queda claro que las reformas impuestas por el régimen subrayan lo que algunas organizaciones de la sociedad civil y opositores nicaragüenses han manifestado desde el año 2018, y con más frecuencia desde noviembre de 2021, luego de las ilegítimas elecciones presidenciales en las que Ortega se reeligió por cuarta vez consecutiva: que muchos oficiales no están de acuerdo con todo lo actuado desde abril y están desertando.
En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de agentes policiales que han decidido abandonar sus puestos y huir del régimen represivo. Al menos diez, han contado sus experiencias anónimas o mostrando su identidad, pero siempre fuera de Nicaragua.
Sin embargo, según datos oficiales, la cifra de agentes de la Policía casi se duplicó desde la llegada al poder de Ortega en el año 2007 hasta junio de 2022. Un incremento que no ha sido suficiente para frenar la deserción de aquellos que buscan escapar de la violencia y la falta de oportunidades. “Muchos ya no queremos sencillamente trabajar acá. Nada tienen que ver las acusaciones de la oposición y organizaciones imperialistas”, explica otro oficial.
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La adopción de medidas represivas, como las penas de prisión para las y los agentes que abandonen las filas policiales, solo profundiza la crisis y ahonda la desconfianza y el descontento dentro de la institución. Estas reformas no solo atentan contra la libertad individual de los miembros de la Policía, sino que también reflejan un deterioro preocupante en materia de derechos humanos y democracia en el país centroamericano.
“Más control sobre todas las cosas. Literalmente todo. Ya no se les escapa nada, y si se les escapa, lo controlarán y listo, con alguna reforma”, explica una socióloga hondureña, especialista en temas de seguridad, quien también solicitó anonimato para este texto.
Llamado a la comunidad internacional
La comunidad internacional en ese sentido debe estar atenta y pronunciarse en defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Es fundamental instar al régimen de Ortega a respetar los principios fundamentales de un Estado de derecho, garantizar la libertad de expresión, la independencia de las instituciones y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
“Ninguno de los países centroamericanos se ha pronunciado en relación al retroceso de muchos años que significa esta reforma al cuerpo policial nicaragüense, que ya de pero si, había sido desnaturalizada desde abril de 2018”, explica.
Por otro lado, Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, desnacionalizada por la administración sandinista, ha señalado que estas reformas representan un cambio drástico y peligroso en la naturaleza de la Policía. La institución, que debería ser apolítica y no deliberante, se verá subordinada al mandatario en el Ejecutivo, dejando de lado su rol preventivo y comunitario para enfocarse únicamente en su carácter coercitivo y armado, haciendo cumplir los intereses de la administración de turno.
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La situación se agrava aún más al considerar la creciente represión y los informes de violaciones y crímenes cometidos por la Policía en Nicaragua. La adopción de medidas que limitan la libertad de las y los miembros de la institución refuerzan la represión y pone en riesgo los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
“Ya no hay una ‘excusa’ o pared constitucional que limite el control que ejerce la Presidencia sobre el cuerpo encargado de, más que resguardar, mantener el orden y hacer cumplir las leyes”, agrega la socióloga. “La ley misma que regula las disposiciones policiales en la sociedad fue y seguirá siendo manoseada por el oficialismo nicaragüense, sin que ningún país de Centroamérica entienda las repercusiones sociales y de seguridad regional que implica este control completo de la policía nicaragüense. También en lo que respecta al narcotráfico. Tendrá efectos, evidentemente negativos”, sentencia la especialista.
Ante este panorama, es crucial que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos se mantengan vigilantes y alcen su voz. Es necesario exigir al régimen de Ortega que respete los principios fundamentales de un Estado de derecho y regrese la naturaleza apartidaria que debe encabezar a la policía.
En última instancia, la esperanza reside en que la presión internacional y la solidaridad puedan allanar el camino hacia un futuro de libertad, justicia y respeto por los derechos humanos en Nicaragua. Es imperativo que el régimen escuche las voces que claman por un cambio, y que las y los agentes de la Policía encuentren una salida de esta encrucijada en la que se encuentran atrapados. Porque al final, la solución está en sus manos y fusiles.
Desde 2018, tenientes, oficiales, suboficiales, subcomisionados y hasta agentes de tránsito han desertado por diversos motivos, aunque se desconoce con exactitud el número de casos.
