Los pinares en la Cordillera de Dipilto y Jalapa en Nueva Segovia, hoy en día, son un recuerdo de la infancia de quienes los conocieron. Ya no ostentan la densidad que tenían hace 45 años, ahora son flacos y dispersos y luchan por sobrevivir a la depredación de sus verdaderos gorgojos descortezadores, los madereros y la indiferencia de las autoridades ambientales.
Denunciar la deforestación en la zona se ha vuelto una labor peligrosa, debido a la criminalizacion del Estado nicaragüense, hacia las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. Por eso, quienes siguen denunciando lo hacen desde el anonimato o usando seudónimos como durante la guerra, otros denuncian con el temor de ser detenidos en cualquier momento. Emiliano Salas, comunitario de la zona, siente frustración e impotencia porque la deforestación que está a su vista y poco puede hacer para frenarla.
La cobertura forestal de Nicaragua ha tenido una disminución gradual. De 2001 a 2021, Nicaragua perdió 1.68Mha de su cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 22{e079e928c0ffac93fc2d0bcb855951dc424555b296fe89c532c6f4d7d2083413} de la cobertura arbórea desde 2000, según el mapa de ,Global Forest Watch.
El Observatorio de Las Segovias, organización comunitaria que monitorea la situación ambiental en esta zona, calcula que en el 2010 la región norte contaba con 310 mil hectáreas de bosque. Desde ese año a la fecha, se han perdido unas 70 mil hectáreas. Las 240 mil que quedan siguen en riesgo.
El ,Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el “Diagnóstico del sector forestal en Nicaragua en marzo de 2018”. El organismo señala que en 1969 el país “contaba con 76% de su territorio con algún tipo de bosque, equivalente a 98,982km2, mientras que la superficie agropecuaria era de 11,148 km2 (8,6%)”. En 2015, agrega, “la cobertura boscosa había disminuido a 39,078 km2, lo que representa el 30% del territorio nicaragüense”.
De estos 39,078 km² de bosque natural existente al 2015, según el estudio del BID, el 59 por ciento estaba dentro de los territorios indígenas o afrodescendientes. El 28 por ciento se ubicaba fuera de las Áreas protegidas y fuera de los Territorios Indígenas. El estudio identificó que “los bosques factibles económicamente de ser puestos bajo manejo son los que se encuentran principalmente en los departamentos de Jinotega, Río San Juan y las dos regiones autónomas del caribe; para el caso de los bosques latifoliados corresponden 16,140 km².
Para los bosques de pino se determinó que podían someterse a manejo sostenible un total 2,242 km², los cuales se encontraban en Nueva Segovia y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. En total, el área de bosque potencialmente productiva suma 18,362 km², lo que equivalía al 48% de los bosques remanentes del país para el 2015”. Los cálculos del BID señalaban que existía un potencial de producción anual sostenible de 5.6 millones de metros cúbicos al año, que, convertidos a moneda, representaría un aporte de USD 210 millones, solamente en campo”.
En la cordillera de Dipilto y Jalapa, norte de Nicaragua, la pérdida del bosque se nota a simple vista. El bosque no ha tenido tiempo para regenerarse naturalmente porque el sector maderero se lo ha impedido. “Es una mafia protegida por las autoridades”, dice Salas.
“En un país donde el AK es la ley y donde la corrupción impera en todos los sentidos, denunciar abiertamente se vuelve un peligro. Nos pueden hasta matar, los madereros son peligrosos aquí en el norte cuentan con el apoyo de las alcaldías, la policía, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y el Instituto Nacional Forestal (INAFOR). Antes podíamos denunciarlos, al menos nos escuchaban, ahora es imposible”, dice Emiliano Salas.
La cordillera de Dipilto y Jalapa vive una tragedia ambiental. La ambición de quienes administran las empresas madereras está arrasando con los bosques de pino y ninguna autoridad hace algo para frenar lo que ambientalistas consideran “un ecocidio”.
“Aquí el papeleo mantiene a los inspectores en sus escritorios y la tala es todos los días allá en el campo”, dice don Guadalupe, un indígena de Ciudad Antigua, quien también habla bajo condición de anonimato por miedo a las represalias. Él, sostiene que, las irregularidades en los procedimientos para la entrega de los permisos facilitan la tala ilegal.
La madera de pino ha sido codiciada por las empresas madereras de la zona, el motivo es económico, “la madera de pino tiene un alto valor comercial en el mercado nacional e internacional porque su aserrado, secado y acabado es fácil. Además, es material fuerte y duradero, esto la hace apreciable para el comercio y la industria maderera”, señala Salas quien se ha convertido en un especialista en el manejo forestal de la especie.
Desde el Observatorio Ambiental de Nueva Segovia, denuncian que las autoridades y representantes municipales del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) son parte del negocio maderero. “Estas hacen un solo bloque orquestado para poder explotar toda la madera, luego vienen los aserríos, ellos detectan las zonas, hacen la oferta para que el dueño del bosque venda y ellos dan la información a las autoridades para que faciliten los trámites ante el MARENA y el INAFOR”, afirma Zenayda Marchena una comunitaria.
El Mapa Interactivo del Sector Forestal del INAFOR revela la existencia de 116 aserríos en todo el país. El 26% (31) están ubicados en el departamento de Nueva Segovia, de los cuales 24 son de tipo permanente y siete portátiles o móviles.
Al menos 11 de los aserríos registradas se ubican en Jalapa. Otro problema es que los aserríos han florecido en la zona, al punto que las personas ambientalistas, han perdido la cuenta de cuántos son. Dicen que aparecen y desaparecen como fantasmas a lo largo de la carretera.
Valdimir Chinchilla, monitorea la circulación de camiones madereros y la proliferación de los aserríos. En Ocotal, asegura, se han expandido incluso hasta dentro de los barrios. “En la zona del Rancho, allí hay un aserrío donde descargan todos los árboles que talan en Santa María de Ococona, así no tienen que pasar por Estelí”.
La estrategia, según Chinchilla, es evitar la exposición de los aserríos en las carreteras para que la gente no los vea. Agrega que, “la madera aserrada o cuartones salen en las madrugadas por puntos ciegos a través de Teotecacinte, directo a Honduras”.
La supervisión de la madera aserrada y de los aserríos que la reciben debería ser realizada por los inspectores ambientales, pero estos tienen bajos salarios y por obtener una remuneración extra ceden a los sobornos, sostiene Chinchilla.
El “amarre” para la tala de los bosques de pino
Encontrar al dueño de una propiedad con pinares suficientes es el primer paso, señala Zenayda Marchena. “Son contactados por un maderero que al conocer la extensión de la propiedad calcula las ganancias para hacerle una oferta económica cuantiosa”, afirma. En las negociaciones no se discuten daños ambientales, tampoco si la propiedad está cerca de ríos u otras fuentes hídricas, solo se discuten precios, agrega.
Tras poner su finca en venta, incluyendo una zona de pinares, un pequeño productor recibe una oferta de un maderero, quien se le presenta como un “viejo” empresario. Galería News he Intertextual accedió a los audios que el maderero envió al productor:
“Usted decide, comandante, vender la propiedad es una gran cosa. Yo sé que en Jalapa las propiedades son lindas. Yo estoy seguro de que usted saca su millón de pesos y cuidado más. El permiso lo más que tarda es un mes, porque ahora el gobierno está obligando que los permisos no se tarden más, por eso ya tiene uno que estar aprovechando los bosques … aquí donde estoy sacando es un bosque pequeño y el dueño ya se ha sacado dos millones y medios de pesos”, le dice el maderero al productor, tratando de convencerlo de que le venda la finca.
En el audio, el maderero se jacta de sus conectes con las autoridades. “Yo tengo mucho conocimiento en el Inafor de Ocotal, Jinotega, Estelí, Matagalpa, Managua. Toda esa gente a mí me conoce porque soy maderero viejo y a los permisos no me le andan poniendo obstáculos. Ahora hay otra ley que el gobierno ha dictado que las alcaldías no tienen que ver. Usted elabora su plan y es aprobado inmediatamente”.
El “maderero viejo” se refiere a la Ley 462, Ley de Conservación, Fomento y Manejo Sostenible del Sector Forestal y sus reformas, aprobada el 26 de junio del 2003, la que es utilizada como un atajo legal o a conveniencia de los madereros.
“Yo estoy sacando (madera) en San Rafael del Norte en un lugar que se llama el Cipresal, cerca de Jinotega, tengo permiso en Pantasma, por varios lugares tengo permiso para aprovechamiento. Ahorita estoy con un gorgojo que me tiene loco aquí en San Rafael del Norte. He sacado ya tres mil metros y no lo puedo parar”, confiesa el maderero.
El gorgojo descortezador es otro de los pretextos usados por los madereros para exterminar los pinares. “Si el plan de manejo estipula que se van a cortar 10 árboles, terminan cortando 30. Ponen de pretexto la Rolla o el gorgojo, dicen que están secando los pinos; al final, no es cierto. Hay un mal manejo de los planes forestales”, afirma Marchena.
El conservacionista Amaru Ruíz, directivo de Fundación del Río, una de las organizaciones ambientalistas a la que el régimen de Daniel Ortega les canceló su personería jurídica y confiscado su patrimonio, sostiene que “la mafia forestal sigue vigente en el país y está asociada a los capitales del régimen Ortega y Murillo”. Quien le compre, añade Ruíz, es parte de esa mafia maderera que se aprovecha de las instituciones del Estado para tener los permisos necesarios y operar con un nivel de legalidad, pero definitivamente bajo la ilegitimidad que conduce toda la corrupción que ha habido en los procesos de concesiones forestales”.
Nelson Hernández pasó de técnico forestal a delegado del INAFOR para la región que abarca los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia. Su involucramiento en la concesión de permisos irregulares para el corte de Pino le costó el cargo.
En marzo del 2009, un acta de inspección firmada por Hernández avalaba un despale en la finca Los Ovillos, zona de pinares conocida como El Peñascal. Allí supuestamente había daños provocados por un incendio forestal. Pero comunitarios del lugar advirtieron que no había daños. Hernández hizo caso omiso y autorizó un Plan de Manejo para cortar 199 pinos. Ambientalistas pegaron el grito al cielo y denunciaron que más de 600 pinos fueron cortados amparados en ese aval. “Se abrieron varias trochas con maquinaria pesada, despalaron en pendiente mayor de 90 grados, lo cual es prohibido por la Ley”, afirma Joaquín Loría, comunitario de Las Segovias.
Un artículo publicado por el medio digital 100% Noticias indica que Nelson Hernández fue denunciado por beneficiar a una mafia maderera instalada en el norte del país donde abundaba el tráfico de influencias, la tala raza y el traslado de madera en horas de la noche. Hernández desocupó la delegación del INAFOR en 2016 pero los vicios e irregularidades continuaron.
En mayo del año 2020, Melvin Ortéz Beltrán, exalcalde del Frente Sandinista del municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia, obtuvo una autorización para despalar una zona de pinares ubicada sobre la cordillera de Dipilto y Jalapa, la cual fue declarada área protegida en 1991, por lo que dicho permiso nunca debió ser otorgado.
Comunitarios y ambientalistas de la zona se opusieron al corte de árboles, pero no fueron escuchados. “Les explicamos todas las leyes que estaban violando, era una zona protegida, estaba a pocos metros del río San Fernando. El impacto sería trágico y así fue, porque a raíz del despale, en verano no hay agua”, dice Salas.
En 2017 fue denunciado y llevado a juicio por otro despale. Álvaro Leiva, actualmente director de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos (ANPDH), fue su abogado defensor. No obstante, Leiva dice que Ortez fue víctima de un caso político y que era inocente de lo que se le acusaba. Ortéz quedó en libertad y nunca reforestó la zona despalada.
Casos como el de Ortez evidencian como la impunidad avanza en el territorio y las autoridades parecen promoverla, sostienen comunitarios de Nueva Segovia. “Nos sentimos impotentes; por ejemplo, en San Rafael del Norte siempre salen cargas de madera en rollo, son buenas cargas pues hasta los camiones transitan con las llantas bajas de tan pesados que van. En marzo de 2022, la gente del pueblo denunció lo que pasaba y la Alcaldía circuló un comunicado diciendo que desconocían ese plan de manejo, que ellos no lo habían autorizado y que el MARENA no los había tomado en cuenta. Presentaron su comunicado, pero allí se quedó porque las cargas de madera de pino siguen pasando de San Rafael hacía Estelí”, afirma Zenayda, quien no oculta su molestia y frustración.
En los últimos 16 años, no sólo de los gobiernos neoliberales sino lo de Daniel Ortega, se ha establecido una política de Estado extractivista que despoja y saquea los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes. “Hay una voluntad, una clara intención por parte del régimen de aprovechar estos recursos forestales y naturales de manera indiscriminada, de sacar todo el redito económico posible”, afirma el ambientalista Amaru Ruíz.
Entre 2018 y 2020, años en los que Nicaragua ha estado sumergida en una crisis sociopolítica, económica y de salud, esta última debido a la pandemia de la Covid 19, las exportaciones nicaragüenses de madera aserrada han aumentado. Pasaron de 3.4 millones de dólares en 2018 a 6.14 millones en 2020, lo que representa un crecimiento del 26.4 por ciento, según datos del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC). En 2021, las exportaciones de productos de madera fueron de 11.4 millones de dólares y de 3.1 millones en el primer trimestre de 2022, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Los precios de madera aserrada se han incrementado en forma notable entre 1990 y 2016, de acuerdo con el estudio del BID. El precio de Pino oocarpa, de mayor demanda interna, pasó de 93 USD/m3 en 1994 a 310 USD/m3 en 2016, registrando un incremento anual de 10{e079e928c0ffac93fc2d0bcb855951dc424555b296fe89c532c6f4d7d2083413}.
Camiones tras camiones repletos de madera en rollo
Mientras recorríamos la zona observamos al menos tres camiones repletos de madera en una tarde. Pero las personas lugareñas y el Observatorio, día y noche, ven pasar decenas de rastras cargadas de madera.
Desde el Observatorio de Las Segovias, los y las pobladoras monitorean el transporte de madera sobre las carreteras segovianas. Con su celular fotografía a las rastras cargadas de madera y explican “Cuando vamos en la carretera todos los días nos encontramos rastras cargadas. Fotografíamos las que podemos. Apuntamos la placa, el color de la rastra y mandomos datos de la ubicación” .
En noviembre de 2021, el Observatorio de Las Segovias registró 150 camiones cargados con madera en rollo”. En enero de 2022 contabilizaron 104 y 215 en marzo. De las 215 rastras registradas en marzo, 175 trasladaban madera en rollo, 38 madera procesada, un camión con subproductos y otro con leña.
Pero las capacidades de recursos humanos y técnicos para las labores de monitoreo del Observatorio son limitadas. Por esa razón, los datos que logran recabar se han quedado incompletos. En marzo de 2022, el Observatorio de las Segovias pudo verificar la circulación de camiones madereros después de las 6 de la tarde, algo que violenta la ley forestal, la cual señala que la madera proveniente de los bosques sólo puede circula en horarios hábiles de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a excepción de la madera extraída de plantaciones forestales. Pero, en Dipilto y Jalapa no existen plantaciones forestales de Pino.
La circulación de camiones que transportan madera se vuelve casi imparable porque muchas veces los puestos de control están cerrados, resalta el Observatorio de Las Segovias. Este equipo periodístico tránsito varias veces la carretera hacia Condega y pudo verificar que el puesto control permanecía cerrado.
Esta investigación también realizó una labor de observación para verificar la circulación de lo que le hemos llamado “las carretas nahuas madereras” porque como dice la leyenda pasan a altas horas de la noche. Nos ubicamos en diferentes puntos de la carretera de Estelí, Ocotal y Nueva Segovia, en diferentes días y horas. En los tres lugares comprobamos el paso de las rastras, incluso en caravana.
En una carretera oscura, pero con ayuda de los faros de los vehículos en marcha, detectamos un camión cargado de madera. “Ve lo que le digo. Se supone que es prohibido que circulen las rastras de noche”, comenta Emiliano Salas, quien nos campaña durante nuestra labor de observación.
La situación que enfrenta Mozonte es quizás la más grave de los últimos años. Un comunitario, bajo condición de anonimato, accede a contarnos lo que ocurre en su zona. “Para el 2018 y 2019 puedo calcular que aquí fueron taladas entre 18 y 20 hectáreas de pino, solo en Mozonte. Las excusas fueron planes de manejo por el gorgojo”. El comunitario ha podido hablar con choferes de camiones y asegura que algunos circulan sin permisos o avales.
Según el INAFOR en Mozonte operan los aserríos Santa Emilia, Sermar S.A., San Judas Tadeo, Esquipulas y Pequeña Industria Forestal Jaital, los que juntos procesaron 47,879,023 metros cúbicos de madera en 2019.
Los aserríos se expanden en toda la zona segoviana. El INAFOR registra aserríos inscritos en los municipios de El Jícaro, Jalapa, Mozonte, Ocotal y San Fernando. Entre los más fuertes se encuentra Santa Emilia de Mozonte que procesó más de 17 mil metros cúbicos de madera, superado únicamente por Madera Segoviana S.A. una sociedad anónima que derribó casi 19 mil metros cúbicos de bosque en el 2019.
Aunque algunas de estas empresas han explotado los bosques por décadas, ninguno tiene plantaciones propias ni planes para reponer las hectáreas taladas. “Estas empresas han explotado los bosques los últimos cincuenta años y se supone que los planes de manejo les obligan a reponer los árboles talados “¿Dónde están esos árboles? ¿Dónde están sus plantaciones?”, pregunta la comunitaria Zenayda Marchena. Ella agrega que “la falta de control sólo revela que hay empresas madereras y autoridades ambientales coludidas”.
El ambientalista, Amaru Ruíz, coincide con Marchena. “El daño es imperdonable y brutal”, porque las autoridades actúan con una irresponsabilidad total, dice. “En ninguno de estos casos vos ves los planes de reforestación. Los ambientalistas siempre les decimos, enséñame dónde están las áreas de reforestación que por ley deben asignarse, recordemos que por cada árbol talado dice el procedimiento de INAFOR debes de sembrar por lo menos 10, que nos digan dónde están mapeados los planes de reforestación, dónde están las áreas restauradas, dónde están esas áreas”, reta Ruiz.
El ambientalista eleva el reto a niveles más altos. “Que demuestren los procesos de las cruzadas de reforestación de las que se jacta Ortega. Dónde están esas áreas, las queremos ver. Dónde están los planes de manejo de cuencas de las áreas deforestadas. Al final los planes de manejo no funcionan”.
El Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2020 -2021 se trazó la producción de 13,781,549 plantas forestales para reforestar 17,859.3 hectáreas bajo plantaciones, sistemas agroforestales y silvopastoriles. Además, se identificaron y caracterizaron 67,908 hectáreas de Regeneración Natural. Sin embargo, las personas ambientalistas desconocen los resultados de estos planes.
Las personas ambientalistas observan una falta de voluntad política de las instituciones para asegurar el marco legal ambiental y la existencia de un doble discurso. Por un lado, menciona Ruiz, levanta la veda forestal, establece concesiones mineras y forestales dentro de estos territorios; y por otro lado, hace caso omiso al marco legal ambiental y las instituciones rectoras como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y el INAFOR, omiten sus funciones, prevaleciendo al final los intereses económicos.
El Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2020 -2021 estableció que se restaurarían 34,153 hectáreas protegidas mediante regeneración natural; y 7,193 hectáreas mediante el manejo de sistemas productivos sostenibles y agroforestales. Dentro estas acciones ejecutarían 1,500 Planes de gestión de finca en zonas de recarga hídrica del Corredor de Pino de Nicaragua y se realizarían 2,595 visitas en 13,000 hectáreas de bosques de pino, para la prevención y control de la plaga del gorgojo descortezador, en coordinación con la Comisión de Monitoreo Interinstitucional.
No obstante, las personas ambientalistas de la zona asegura que lo expresado en ese plan no ocurrió. “Todo lo contrario el saqueo del Corredor del Pino es evidente”. El mismo Plan fijó la autorización para la extracción legal y sostenible de 120,000 mts3 de volumen de madera a nivel nacional, así como la aprobación de 50 avales forestales a empresas con incentivos fiscales; la certificación de al menos 1,057 actividades forestales y la emisión de 315 constancias de exportación para el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales.
Suspensión de veda, aval para despalar
“La extracción de madera en Nicaragua no se ha detenido nunca, todo lo contrario, va en aumento. Saben lo que está pasando con los bosques. Aun así, levantaron la veda forestal del pino, el cedro real y el pochote en 2022, de qué protección hablan”, se pregunta Emiliano Salas.
Para el Observatorio de las Segovia y la comunidad conservacionista de la zona, la suspensión de la veda es una “autorización abierta para la tala de pinos en áreas protegidas de Nicaragua, es un regalo para las empresas madereras pues se les premia con una suspensión de la veda para el corte, aprovechamiento y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo áreas protegidas”, afirma Zenayda Marchena.
El decreto se hizo en público en febrero de 2022, sin embargo, para ambientalistas la medida tuvo vigencia desde el 2018, ya que han explotado este valioso recurso durante los últimos cinco años bajo el argumento de dinamizar la economía y disminuir los riesgos de ataque de plagas forestales como el gorgojo descortezador. Los decretos advertían que los períodos de suspensión de la veda podrían ser prorrogables y así lo hicieron con la venia del Instituto Nacional Forestal y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Para Gracia Migda, una ecologista, el levantamiento de la veda de Pino evidencia los intereses económicos en la Cordillera Diplito y Jalapa, La suspensión de la veda del pino, sostiene, elimina un instrumento legal que pretendía la regeneración de estos pinares. “Cuando regresó al poder en el 2007, el gobierno sandinista encontró una veda de pino. Ahora llevamos varias suspensiones consecutivas de la veda y dicen que la suspensión se basa en un estudio. Es falso, no hay uno solo estudio, nunca los presentaron”, afirma Migda.
El levantamiento de la veda de pino de 2022 obedece, según el Estado, al crecimiento y sobrepoblación de pino en la Cordillera y como una alternativa para dinamizar la economía. “¿De qué dinamismo hablan si los aserríos apenas contratan cinco personas, máximo? ¿Dónde están los miles de empleos que dicen? Ocupan gente para subir a la montaña a cortar, hacen el daño, se van del lugar y prescinden de la gente, no hay tal desarrollo”, afirma Zenayda Marchena.
El diagnóstico del BID señala que el empleo en el sector forestal fue de 80 mil trabajadores en el 2016, apenas un 0.8% de la fuerza laboral, la cual ha sido fluctuante a través de los años con un marcado patrón estacional.
Según información recopilada por Galería News he Intertextual, entre taladores de pino subcontratados, el precio de un metro cúbico de madera en rollo es de 20 dólares por metro cubico, y explican que de un metro cúbico de Pino el aserrío extrae 300 pies tablar; un pie tablar tiene un costo en la ciudad de Estelí de 33.56 dólares.
Las “artimañas”, señala el Observatorio de Las Segovia, para la tala de bosques de pino son las mismas que en otras partes del país. Aducen la necesidad de despalar para evitar la expansión de la plaga del gorgojo hacia las áreas protegidas, incendios provocados para invadir y adentrarse en las zonas protegidas y saquear los bosques. Amarú Ruíz agrega que la administración de Ortega usa la ley para continuar con su política extrativista, por ejemplo, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano 2022 -2026 señala que realizarán monitoreo, seguimiento y evaluación en al menos 78,474 hectáreas de bosques de pino, a fin de prevenir las afectaciones por plaga del gorgojo descortezador en las Reservas Naturales en los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Matagalpa, Chinandega y León.
Plaga que para los ambientalistas norteños es usado como pretexto para la tala indiscriminada de los bosques de pinares. El impacto provocado por los huracanes también ha sido usado para que las empresas madereras muevan sus tentáculos y obtengan permisos de aprovechamiento.
El 20 de noviembre de 2020, el Instituto nacional Forestal (INAFOR) y la Codirección forestal publicó una resolución para el procedimiento administrativo de aprovechamiento familiar de árboles afectados por los huracanes Eta e Iota, decretos que se vuelven ganancias para las empresas madereras, en el Caribe la gran ganadora fue Alba Forestal, afirma Ruíz.
ALBA Forestal es un caso emblemático para evidenciar quienes están dentro de la mafia maderera, tanto en la zona norte como en el Caribe, donde una sola empresa tiene el monopolio de primera, segunda y tercera transformación de la madera en esa zona, y extrae millones de metros cúbicos de madera. Entre 2014 y 2016, extrajo 60, 647, 887 metros cúbicos de madera de los bosques del Caribe Norte. ALBA Forestal dejó de funcionar para convertirse en NH WOODS y “asi viven cambiando de razón social para obviar toda la responsabilidad que tienen y su vinculación al saqueo de madera”, afirma Amaru Ruíz.
Amaru Ruíz, quien ha sido forzado al exilio por denunciar el saqueo e invasión de las áreas protegidas del Caribe Sur y pueblos indígenas, sostiene que “lo que tenemos en todos los bosques de Nicaragua, es el mismo modelo de saqueo y despojo que ocurre en la zonas forestales de Dipilto, Jalapa y las Segovias, camiones tras camiones sacando madera con un nivel de permisibilidad que el propio Estado e instituciones establecen, pero que ya todo el mundo conoce que esos permisos, son más que todos permisos políticos que les permiten seguir operando”.
Ruíz añade que desde 2007, el régimen implemente una política extractivista que se traduce en concesiones forestales, mineras, monocultivo y ganadería extensiva que se convierten en tensores ambientales en los procesos de deforestación de los bosques naturales de Nicaragua. Afirma que, en el departamento de Nueva Segovia, “esa mafia forestal está apoyada por el régimen de Nicaragua, a través de sus instituciones y del sistema de permisología de aprovechamientos forestales que, al final, no cumplen ni siquiera con la legislación establecida por el INAFOR”
¿Hacia dónde va la madera saqueada?
Las personas ambientalistas consideran que parte de la madera que extraen de los pinares de las Segovias y del Caribe, van hacia Venezuela o Cuba a través del mar Caribe. También recopilan pruebas de que la madera sale por la frontera norte sin ninguna restricción y entra a Honduras donde es exportada por otras empresas, a esto le llaman “blanqueo de madera” y para esto es necesaria una red criminal, afirma Gracia Migda.
Las estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y el Banco Central de Nicaragua (BCN), no detallan tipo de madera exportada ni el destino de las exportaciones de los productos de madera nicaragüense.
“La política de destrucción del gobierno viene desde cuando volvieron al poder. A pesar de que suscribieron una serie de convenios, pero mantienen una política permanente de destrucción de los recursos naturales”, dijo Migda.
