Expertos analizan última embestida contra régimen en favor de la democracia. Estados Unidos no deja dudas: vienen más 
Es posible que, en El Carmen, la toma de un cuarto mandato presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo se haya pensado de otra manera. Pero el día comenzó mal: la Unión Europea primero y Estados Unidos después, dejaron caer sanciones de largo alcance y no sin antes apuntar muy bien.
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A dos hijos de Daniel Ortega, y seis funcionarios del Estado, este 10 de enero les dejó un sabor agridulce. Señalados unos de ser violadores de derechos humanos y otros de ser corruptos, vieron acomodarse en la silla presidencial una vez más al binomio de poder más cuestionado en la historia más reciente del país en una notable soledad, con el aplauso de tan solo tres presidentes –dos de ellos–, acusados también de dictadores en sus países y uno señalado de tener algún tipo de vínculo con personas ligadas al narcotráfico.
“Seguiremos trabajando hasta que los nicaragüenses recuperen la democracia”, dijo algunas horas después de aquel acto, Emily Mendrala, una alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Para analistas consultados en esta nota, lo dicho por Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, es un claro anuncio que hay sanciones en fila, mientras el antiguo guerrillero, su esposa y sus hijos, sigan atornillándose al poder contra la voluntad popular.
Pero no es todo, los expertos consideran que las últimas sanciones merecen un mayor análisis, porque creen que son más contundentes que las anteriores. Hasta diciembre de 2020, el gobierno de Daniel Ortega acumulaba 27 funcionarios sancionados. Al 15 de noviembre del año pasado, una semana después de las votaciones que no reconocen una treintena de países, se agregaron 18 más y la confirmación de un centenar; entre alcaldes, jueces, fiscales y sus familiares a los que se les prohibió ingresar a Estados Unidos. El castigo es largo y tendido.
Un doble golpe
Oscar René Vargas destaca que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, sentaron una clara y temprana postura con el nuevo mandato de Ortega y Murillo. “Fueron simultáneas, un doble golpe”, señala el analista. “Hay un claro desconocimiento a estos gobernantes”, agrega Vargas. Y eso pone en aprietos a la pareja que visiblemente nerviosa, dijeron en cadena nacional de radio y televisión, que asumían feliz otros cinco años más en el poder.
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Que se dieran a conocer a pocas horas del acto que Ortega y Murillo organizaron para confirmar su desprecio a la mayoría de nicaragüenses que eligieron no votar, porque ni había condiciones ni había candidatos, es para Santiago Cantón de Diálogo Interamericano, una clara postura del bloque europeo y las autoridades estadounidenses sobre el nuevo período sandinista. “Son medidas que recién empiezan y que van a continuar”, advierte.
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Un Ortega que ni siquiera se quitó la gorra para colocarse la bandera de presidente y que terminó olvidándola en algún lugar de la tarima montada en la Plaza de la Revolución de Managua, juró para un cuarto mandato y su esposa para un segundo, todos de manera consecutiva y bajo acusaciones de tomar “turbias” ventajas.
Hector Mairena, vocero de la alianza de partidos opositores Unamos, dice con cálculos bien hechos, que las sanciones fueron pensadas por la Unión Europea y Estados Unidos, para dejarle claro a Ortega que durante este mandato le irá más mal que los días difíciles que ha tenido que enfrentar, tras el estallido social de abril de 2018. “Hay un mensaje contundente y claro”, dice. Mairena agrega que, si estos países vienen con criterio unificado para castigar las acciones no democráticas, “no habrá manera que a la familia Ortega-Murillo les vaya bien”. “Son sanciones muy significativas”, comenta Mairena.
¿Condecorada?
Aunque Ortega quiso matizar el castigo contra tres magistrados del poder electoral que lo nombraron una vez más presidente, los analistas también advierten de la gravedad de esas sanciones. “Este año hay elecciones municipales, ¿Puede este organismo electoral convocar a elecciones con tres de sus magistrados sancionados?, ¿Serán creíbles? No lo eran antes”, observa un analista en Managua que pide hablar bajo reservas para evitar la persecución.
Para Ortega, la magistrada del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, las sanciones son una decoración que la enorgullecen. Lo dijo en plaza pública y sin darle a la funcionaria la oportunidad de corroborar su comparación. Ella solo reía. Cairo Amador y Lumberto Campbell también magistrados, fueron igualmente sancionados. Para Mairena, esas sanciones deslegitiman lo actuado por los magistrados durante el proceso electoral de noviembre pasado. “Es un golpe a su credibilidad”, asegura.
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No es la primera vez que el Consejo Supremo Electoral se ve afectado por las sanciones. Roberto Rivas tuvo que renunciar a seguir dirigiéndolo cuando Ortega por fin entendió que no le convenía tenerlo ahí con sus “condecoraciones”. Era mayo de 2018 y el país estaba sumergido en una de las peores crisis sociopolítica que ha vivido y que persiste hasta la fecha. Rivas cargaba entonces sanciones aplicadas hacía un año, como parte de la Ley Global Magnitsky.
Pero Ortega, ni corto ni perezoso, quiso vender la idea que la salida de Rivas abonaba a las exigencias de modernizar el poder electoral pactadas con la Organización de Estados Americanos, OEA. Rivas por su lado, dijo en una carta enviada a la Asamblea Nacional, que su salud no le permitía seguir en su puesto. “Está por verse si Ortega dejará a otra condecorada organizarle elecciones, la magistrada (Brenda) Rocha ya tenía problemas de credibilidad por su clara confesión política, Ortega la remata el 10 de enero”, dice el analista.
UE endurece postura
Mairena, explica que, con estas últimas sanciones, la UE castiga por primera vez a instituciones claves que le han permitido a Ortega destruir la legalidad y el Estado de derecho en el país. La Policía vuelve a ser señalada de ser el aparato con el que el gobierno reprime a sus opositores.
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Para Vargas, vale la pena anotar la decisión de incluir en las sanciones a funcionarios del Ejército. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al general de brigada y jefe del departamento de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua Bayardo De Jesús Pulido Ortiz, al general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y a la ministra de Defensa Adelina Barahona, los tres con decisión en el Instituto Militar de Bienestar Social, IPSM, el administrador de los bienes de las fuerzas armadas de Nicaragua.
“Eso es subir la parada. Hay un cambio ahí que implica o puede estar relacionado a un cambio en las relaciones entre el Ejército de Estados Unidos y el de Nicaragua. Pasamos de solo tener sancionado al jefe del Ejército a tener tres altos funcionarios y una ministra de Defensa”, advierte Vargas.
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Para Cantón, Ortega inicia casi solo un nuevo mandato considerado ilegítimo. El 10 de enero se vio rodeado de sus amigos de siempre, una camarilla de presidentes que en sus países tienen la misma fama de él; que aunque se consideran revolucionarios de izquierda se mantienen en el poder como las dictaduras de antaño: con las armas. Cuba y Venezuela lo felicitaron por su “contundente victoria” contra la razón y la lógica política. “Vuelve a ser presidente, un revolucionario que se volvió un dictador”, dice el analista local.
“Es un aislamiento indudable y no existe ninguna duda con respecto a la gravedad de las sanciones y la voluntad democrática internacional de buscar una forma de ponerle fin a lo que está pasando en Nicaragua”, comenta por su lado Cantón.
