Temores y conjeturas sobre malas intenciones. Hay quienes ven la sombra de confiscaciones, de espionaje y más represión. No confían en ninguna estadística de un gobierno que fue capaz de mentir sobre las muertes por una pandemia como la del Covid-19.
El IX Censo Nacional de Población y V Vivienda 2024, ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, ha despertado las alarmas entre los ciudadanos que consideran que se trata, entre otras cosas de “espionaje político”, “un instrumento para tenerte controlado”, “identificar migrantes o asilados” y “ubicar viviendas y bienes abandonadas por los reprimidos” para reeditar “una nueva piñata”.
Aunque los críticos están por todos lados, también los simpatizantes rojinegros bombardean las redes para elogiar el trabajo que desde el 30 de abril realizan encuestadores, personal técnico y coordinadores municipales capacitados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), que anunció preparaba a 7,966 personas que participarán en el censo a nivel nacional.
Si bien la propaganda gubernamental es fuerte, también es elevado el rechazo en las redes sociales, el último reducto de libertad de expresión que apenas sobrevive en Nicaragua.
“¿Ya llegaron los empadronadores a tu casa? Recuerda recibirlos y brindarles toda la información requerida en la encuesta”, invita con amabilidad una voz pagada por el régimen en una pieza audiovisual de propaganda.
“Esto aportará a que nuestras autoridades e inversionistas conozcan los tipos de proyectos sociales que se deben implementar para el desarrollo de nuestra región”, agrega.
Nicaragua: Denuncias y ataque en las redes
“El censo es un espionaje político (…)”, “Tengan cuidado con lo que van a responder”, son parte de los comentarios de ciudadanos en sus redes sociales.
“Recordá que todo lo que digas será usado en tu contra”, señala una ama de casa mujer. Otra, reflexiona sobre lo que busca saber el régimen y asume que para ella, se trata de ubicar a familiares de ciudadanos en el exilio.
Varios coincidieron en que de “cualquier forma” el informe del régimen nunca será confiable. “Nada de lo que saldrá de ahí será verdad, el gobierno acostumbra a manipular las estadísticas”, posteó un universitario que puso como ejemplo los informes del régimen sobre las muertes por Covid-19 en el país. “Mintió y sigue mintiendo”, acusó.
Sobre el Covid-19, se recuerda que mientras los muertos se acumulaban en los cementerios y las redes sociales “hervían” de notas luctuosas, la dictadura limitaba la cifra de fallecidos a uno o dos por semana.
Los medios del gobierno aseguran que la recolección de información ya “avanza con buen ritmo”. Algunos ciudadanos se quejaron de preguntas que tienen que ver con si en la vivienda reciben remesas, de dónde y con qué frecuencia. “Nada bueno puede salir de esas mentes (del régimen), no hace falta ser sabio para tener claro que nada bueno se nos viene”, dijo una ciudadana que hasta amenazó con expulsar a los investigadores del Inde.
Dictadura sin credibilidad social
La lluvia de críticas es feroz y en su mayoría de rechazo. “Las puertas de mi casa estarán cerradas, lo siento, pero nadie me pregunta si comí hoy, no debo explicar cómo le hice”, señala por su lado un soldador de Managua.
En otro espacio identificado como Noticias Ticuantepe, en Facebook, justo donde colocaron la publicidad del Inide pidiendo ceder toda la información que pidan, un ciudadano lanzó un desafío: “Debido a que te preguntan cuántos miembros de la familia se han ido con el parole a la ´USA´, vamos a ver si los sapos (simpatizantes del gobierno) van a tener el valor de decir que sus familiares están en el imperialismo yanqui y que reciben lolos de ellos”, dijo.
Otros ciudadanos señalaron que aunque hayan familias que digan que solo hacen dos tiempos de comida por lo caro de la canasta básica y la falta de empleo, los encuestadores dirán en sus informes que “todos somos felices, que comemos tres veces al día y que estamos gorditos”, se burló una comerciante.
Proponen consejos anti-censo en Nicaragua
Las redes sociales de opositores han enfilado los cañones en contra del censo. Crearon por ejemplo, un espacio donde dan consejos “para enfrentar el Censo orteguista 2024”:
Recomiendan por ejemplo, que el ciudadano los reciba fuera de la vivienda. “Recuerde que es un censo meramente para espionaje político, por lo que todo lo que informe será utilizado en su contra”, advierten. Los opositores aconsejan no dar detalles de su pariente en el extranjero, ni hablar de remesas y los montos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha estimado que entre el 2018 y junio de 2023, al menos 935,065 nicaragüenses habían salido del país a raíz de la persecución desatada por el régimen.
La masa migrante, ha generado al régimen de Ortega y Murillo, millones de dólares en remesas. Solo en 2023, registró un nuevo récord de 4.660,1 millones de dólares recibidos en concepto de remesas, lo que representa un 29,7% de su Producto Interno Bruto, (PIB), informó el Banco Central de Nicaragua en una nota firmada por Infobae en febrero pasado.
Según los datos oficiales, los nicaragüenses recibieron 1.435,2 millones de dólares más que lo captado en 2022, cuando sumaron 3.224,9 millones de dólares en remesas, es decir un 44,5% más, precisó la entidad bancaria.
¿Qué dice la dictadura del censo?
El régimen por su lado ha dicho que el censo es “para recopilar información estadística sobre las personas que habitan en los hogares y las condiciones de las viviendas, que nos permitirá actualizar y conocer cuántos habitamos en Nicaragua, la estructura de su población y cómo está distribuida”.
“Nuestro objetivo principal es conocer cuántos ciudadanos componen nuestra nación, qué tanto hemos avanzado en términos de desarrollo económico y social, conocer y gestionar los retos que tenemos aún por delante”, explicó al oficialista El 19 Digital, Mauricio Acuña, delegado de Inide.
“Es importante hacer de su conocimiento que este evento, que posee como característica la simultaneidad en todos los departamentos, municipios, comarcas, comunidades y barrios, con énfasis en que la información recibida, es de uso confidencial y únicamente con fines estadísticos”, dijo el funcionario de la dictadura, aunque los ciudadanos no creen en esas instituciones y la promesa de confidencialidad.
Contra los ausentes
En el artículo de opinión El declive del régimen Ortega- Murillo, el analista Óscar René Vargas, sociólogo y economista nicaragüense, afirma que el censo “tiene el objetivo de amedrentar a la población no orteguista y, al mismo tiempo, tener una radiografía más precisa de los puntos débiles del régimen”.
Para él, el censo es un arma de control político y social: “Es decir, los resultados del censo serán utilizados para tratar de contrarrestar el declive de la dictadura y evitar que se profundice. En las condiciones actuales, el censo está siendo utilizado como un instrumento político estratégico por el régimen”.
La puesta en marcha de este empadronamiento justo cuando el país ha vivido desde el 2018 un éxodo jamás visto a consecuencia de la persecución de la dictadura, ha abierto viejos recuerdos de la década de los 80: la llamada ley de los ausentes, emitida en 1981.
El Decreto 760 establecía que era “tarea prioritaria de la Revolución la reconstrucción nacional la cual se puede lograr fomentando la producción a través del uso racional de la propiedad”. Y considerando “que algunos propietarios han abandonado irresponsablemente bienes necesarios para la reactivación económica del país”, estos pasarían a ser propiedad del Estado.
La confiscación de propiedades del sandinismo durante los 80 no se conoce con certeza, pero investigadores estiman que se apropiaron de más de 20 mil propiedades. Otros consideran que fueron 30 mil, entre casas, fincas, lotes, empresas, industrias y bodegas.
Una nota de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, colgada el 18 de abril de 2022, indicaba que “el gobierno sandinista entre 1979-1990 expropió aproximadamente 28.000 propiedades, muchas de las cuales todavía están en disputa o en espera de resolución por parte del Gobierno de Nicaragua”.
Aunque años más tarde el decreto sandinista fue derogado por ellos mismos, en 1990 se cometió la mayor confiscación de propiedades conocidas como “La Piñata”, que legalizó miles de propiedades que habían sido confiscadas con la ley de los ausentes y la ley de reforma agraria.
En los últimos tiempos, sobre todo desde las protestas de 2018, el despojo de propiedades ha ido en incremento en Nicaragua por razones políticas.
Desde esa fecha, el régimen ha cancelado a más de 3,500 oenegés, ha despojado de su nacionalidad a 317 opositores y se ha adueñado de cuánto bien ha quitado a estos. También ha congelado cuentas bancarias y edificios, lotes, universidades, empresas, títulos valores, escuelas, clínicas, viviendas residenciales, fincas y medios de comunicación.
