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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la aprobación en primera legislatura de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, que modifica más de cien artículos y «consolida un régimen autoritario en el país y constituye otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos».
La reforma establece un modelo de «democracia directa» que centraliza el poder en la Presidencia de la República, ahora encabezada por un «copresidente» y una «copresidenta» con mandatos de seis años, criticó la CIDH en una declaración.
Este modelo elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo, reprochó.
Además, otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alinien con los «principios fundamentales» de la Constitución reformada, añadió.
Reforma asegura un «aparato represivo»
Adicionalmente, según la CIDH, mediante la reforma se refuerza el control del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas y policiales, «asegurando un aparato represivo que amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación».
«En particular, se facilita el uso del Ejército bajo términos ambiguos como la «estabilidad de la República» para reprimir a la oposición», advirtió.
Asimismo, se oficializa la ‘Policía Voluntaria’, un cuerpo auxiliar compuesto por ciudadanos voluntarios, cuya actuación ha sido vinculada a actos represivos desde las protestas iniciadas en 2018, anotó el organismo.
«Estas medidas consolidan un entorno de militarización y control social, profundizando la capacidad del régimen para sofocar cualquier disidencia», alertó la CIDH.
Otros aspectos preocupantes de la reforma incluyen la reducción en la composición y la alteración de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, profundizándose su falta de independencia, continuó.
Así como modificaciones que amplían las potestades del Ejecutivo para despojar arbitrariamente de la nacionalidad a personas nicaragüenses y, a la vez. confiscar sus bienes, agregó.
La CIDH advirtió que esas modificaciones contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
«La reforma formaliza la concentración absoluta del poder en el Ejecutivo», puntualizó ese organismo, que recordó que ese proceso fue ampliamente documentado por la CIDH en su informe «Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho», que identificó la ruptura de los principios democráticos y la subordinación de todas las instituciones públicas desde la crisis de 2018.
La CIDH recordó que la relación entre derechos humanos, Estado de derecho y democracia está plasmada en la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que «los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla».
«La democracia representativa es la base del Estado de derecho y constituye un elemento esencial para el desarrollo político, social y económico de las naciones de la región», indicó.
Hacen un llamado a la comunidad internacional
En ese contexto, la CIDH hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que redoble esfuerzos encaminados a promover la restauración de la democracia en Nicaragua.
Asimismo, exhortó a adoptar medidas coordinadas y efectivas para proteger los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región.
El Parlamento de Nicaragua aprobó el viernes pasado y en primera legislatura enmiendas a la Constitución, que transforma el Estado, que pasará de ser una República democrática, participativa y representativa a una «revolucionaria» y de «democracia directa» ejercida a través de la Presidencia.
La reforma constitucional, la número 12 que promueve Ortega desde su llegada al poder en 2007, también otorga un poder absoluto al mandatario y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sobre los demás poderes del Estado, establece la figura de «copresidenta», amplia de cinco a seis años el período presidencial, y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.
