Ocho personas fueron beneficiadas con estas medidas cautelares incluyendo las mujeres presas políticas Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández.
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a través de un comunicado informó de la resolución 89/23 mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de las personas presas políticas: Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, JECW, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández.
La CIDH estima que las ocho personas beneficiarias se encuentran en “ situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos humanos”. ”
Estas personas privadas de su libertad no están en condiciones adecuadas, sin acceso a atención médica pese a padecer de diferentes afectaciones, dicta la resolución de la CIDH; además el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no brinda información solicitada del estado de estas personas.
CIDH clara de detención de Víctor Ticay por transmitir una actividad religiosa
El periodista Víctor Ticay , fue detenido por agente policiales el 06 de abril de 2023 un día después de haber dado cobertura a una actividad religiosa, mismas que fueron prohibidas por el gobierno de Daniel Ortega en temporada de cuaresma como una acción represiva contra la Iglesia Católica.
Ticay, es una víctima más de la saña contra el periodismo en Nicaragua, contra la libertad de prensa y libertad de expresión.
Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua se han pronunciado al respecto y demandaron a los gobernantes de Nicaragua considerados a nivel nacional e internacional como unos dictadores “poner fin a la violencia contra hombres y mujeres de prensa”.
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La Comisión pide al estado de Nicaragua “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias; y adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.”
