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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este viernes que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ampliar las medidas provisionales a favor de seis disidentes nicaragüenses que guardan prisión y «quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos».
La CIDH decidió solicitar la ampliación de las medidas provisionales de los militares retirados Eddie Moisés González Valdivia y Víctor Boitano Coleman, el dirigente indígena Steadman Fagot Muller, la empresaria Eveling Carolina Matus Hernández, la trabajadora de Cáritas Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, y la abogada Carmen María Sáenz Martínez.
Esas medidas se enmarcan dentro de uno más amplio llamado ‘Asunto Juan Sebastián Chamorro y otras personas respecto a Nicaragua’, el cual se refiere a la persecución política que han sufrido más de un centenar de opositores al Gobierno de Daniel Ortega en los últimos años.
La CIDH explicó que las seis personas son beneficiarias de medidas cautelares.
Respecto de González Valdivia, un mayor en retiro, la Comisión identificó que sus condiciones de detención lo dejan en situación de extremo riesgo, y respecto de las otras personas «no se tiene información oficial de su paradero o de sus condiciones de detención y de salud tras su aprehensión o traslado a un centro penitenciario».
Pese a las reiteradas acciones de la Comisión para obtener información de parte del Estado de Nicaragua a lo largo de la vigencia de las medidas cautelares, no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo, anotó el organismo.
Tampoco se tiene información sobre acciones de concertación o medidas para investigar los eventos de riesgo, agregó.
Por lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 63,2 de la Convención Americana y el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana, la CIDH solicitó a la CorteIDH ordene al Estado de Nicaragua que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal, salud, y libertad personal de los seis disidentes, e informar de manera formal sobre su paradero o lugar de detención.
Además, que proceda a la liberación inmediata de las personas identificadas privadas de su libertad en Nicaragua, «a la luz de las serias e inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran».
Las medidas provisionales son emitidas por la CorteIDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
