La Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) ha emitido una resolución urgente en la que solicita al gobierno de Costa Rica abstenerse de extraditar al ciudadano nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda alegando “un riesgo grave, urgente e irreparable” para su vida e integridad personal si es devuelto a Nicaragua.
Según la CIDH, Nicaragua enfrenta una grave crisis de derechos humanos que incluye torturas, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en las cárceles, particularmente hacia personas opositoras al régimen de Daniel Ortega.
En su pronunciamiento la CIDH enfatizó que el principio de non- refoulement debe ser respetado por Costa Rica, prohibiendo la devolución de cualquier personas a un país donde pueda enfrentar tortura o tratos crueles.
Reinaldo Picado: un opositor marcado por la persecución
Reinaldo Picado, concido como “Comandante Omar” por su participación en la Resistencia Nicaragüenses durante la decada de los ochenta y como lider campesino en las protestas antigubernamentales de 2018, se encuentra detenido en Costa Rica desde 2022, tras ser acusado por le régimen de Ortega de delitos graves como “asesinato agravado y crimen organizado”. Picado niega las acusaciones y asegura que “son represalias políticas por su papel como opositor”
El líder campesino ha sostenido en comunicaciones recientes. “Mi vida corre peligro si me extraditan. En Nicaragua no hay justicia, solo represión contra quienes no se alinean con el régimen”.
Su caso ha estado marcado por rechazos iniciales a solicitudes de refugio en Costa Rica. Sin embargo, en 2023 presentó una nueva petición argumentando el riesgo evidente de tortura si fuera entregado a Nicaragua.
Denuncias de tortura y represión en Nicaragua
la CIDH en su resolución, señaló que “las condiciones actuales de la cárceles nicaragüenses agravan el riesgo para opositores al régimen”, citando precedentes como el caso de Douglas gamaliel Pérez, otro líder campesino extraditado desde Costa Rica, quien ahora enfrenta condiciones deplorables de detención, aislamiento extremo y falta de atención médica adecuada.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX ) explica en un documento. “El artículo 31 de la Constitución de Costa Rica establece que el territorio costarricense va a servir de asilo a todas las personas perseguidas políticas y en el caso de que una personas, por algún imperativo legal, tenga que ser expulsada de este territorio costarricense nunca va a ser devuelta al Estado donde se presume es perseguido políticamente. Eso es un imperativo constitucional” advierten. Este principio enfatiza por tanto que la extradición de Reinando Picado, un opositor político del régimen Ortega Murillo, sería contraría al marco legal costarricense.
Asimismo GREX reveló que “una vez que el gobierno terminó de sofocar las protestas, casi la mitad de los dirigentes nacionales del movimiento campesino fueron detenidos arbitrariamente, mientras que el resto tuvo que huir del país o pasar a la clandestinidad, dejando al movimiento decapitado”. Este contexto confirma la grave vulnerabilidad de Picado frente a un sistema represivo.
La policía nacional, sancionada internacionalmente, ha sido denunciada por utilizar acusaciones fabricadas para perseguir opositores. “Afirmamos que las órdenes emitidas por el Sistema Judicial Nicaragüense y la Policía Nacional, hoy convertidos en instrumentos de criminalización de opositores y de cualquier tipo de protestas, han fabricado y continúan formando múltiples delitos contra más de 1500 nicaragüenses, desde el 2018”. Este patrón subraya el riesgo de injusticia en caso de extradición, recalcan GREX.
Estado de Costa Rica: CIDH insiste en el respeto a los derechos humanos
El Gobierno de Costa Rica ha asegurado que se está tramitando la solicitud de refugio de Picado Miranda y que se respeta el principio de no devolución mientras se resuelve su caso. No obstante, las autoridades han sostenido que las acusaciones en su contra no tienen carácter político y que no se han presentado pruebas suficientes para acreditar los riesgos alegados
“La constitución costarricense establece claramente que el territorio servirá de asilo para perseguidos políticos y prohíbe la devolución de personas a lugares donde puedan ser objetos de persecución” señaló el portavoz oficial.
La CIDH instó a Costa Rica a realizar una evaluación exhaustiva e integral del riesgo que Picado enfrentaría en Nicaragua, señalando que cualquier decisión contraria sería contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país. “Es fundamental que Costa Rica garantice la vida y la integridad de Picado Miranda, absteniéndose de deportar, extraditar o expulsarlo hasta que se hayan considerado todos los riesgos de manera adecuada” enfatizó la CIDH.
El caso de Reinaldo Picado Miranda, ahora en manos del Tribunal Administrativo Migratorio Costarricense, representa un nuevo reto para la política de derechos humanos en la región; con Costa Rica en el foco internacional para garantizar que se respeten los principios fundamentales de protección a los perseguidos políticos.
