(EFE).- La denominada Coalición Nicaragua Lucha alertó este martes sobre una crisis humanitaria sin precedentes en el país centroamericano ante el cierre masivo de organizaciones no gubernamentales (ONG), ordenado por el Gobierno que preside Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo.
En un pronunciamiento, esa coalición denunció «la disolución masiva de 1.500 ONG por parte del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pone a Nicaragua en puertas de una crisis humanitaria sin precedentes».
Esa Coalición, conformada por 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, observó que hasta el lunes las autoridades habían cancelado 3.663 ONG, por lo que ahora suman casi 5.200 los organismos ilegalizados.
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A juicio de ese grupo de organismos, en Nicaragua el espacio cívico está «altamente restringido con una represión continua de libertades fundamentales en un clima de intimidación y vigilancia», las que calificó como «prácticas propias del terrorismo de Estado» y que han forzado al exilio a miles de personas defensoras.
«Recordamos que el régimen de Ortega – Murillo gobierna un estado policial con la implementación de leyes represivas para silenciar cualquier forma de disidencia», señaló esa coalición, que advirtió que «el impacto en las poblaciones vulnerables es incalculable» y sumergirá «al país en la peor crisis de su historia».
En la víspera, el Gobierno de Nicaragua canceló la personería jurídica a 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado.
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Esa medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizan 1.500 ONG en un solo acto, ocurrió tres días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara que reformará el funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar «alianzas» con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
