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San José, 24 sep (EFE).- La denominada Coalición Nicaragua Lucha denunció este martes «el retorno intensificado de desapariciones forzadas y de corta duración por motivos políticos» bajo el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo.
En una declaración, esa Coalición calificó la desaparición forzada de «un crimen de lesa humanidad», de «terrorismo de Estado» y «como un instrumento para reprimir a los opositores y críticos al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
Esa Coalición, conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, indicó que han enviado informes para la alegación del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, presentada en su 133avo. periodo de sesiones.
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En ese sentido, ese grupo mencionó los casos del exdiputado y líder indígena misquito Brooklyn Rivera, y el de la periodista feminista Fabiola Tercero.
Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa «Hijos de la Madre Tierra», en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 tras denunciar en Naciones Unidas la invasión de «colonos» en territorios indígenas nicaragüenses.
Desde entonces las autoridades nicaragüenses no han informado sobre la situación del líder miskito, aunque días después también arrestaron a su diputada suplente, Nancy Elizabeth Henríquez, y cancelaron la personalidad jurídica al partido Yatama.
En tanto, la periodista Fabiola Tercero «sigue estando con paradero desconocido» desde el 12 de julio pasado, anotó ese grupo de organismos.
Esa Coalición alertó «sobre el perfeccionamiento de esta práctica» y llamó la atención «sobre el subregistro de los datos sobre estos casos».
Aseguró que debido al miedo «tras el hostigamiento, amenazas y otras acciones propias del terrorismo de Estado que el régimen de Ortega y Murillo ejecuta, muchas personas no realizan denuncias públicas, ni quieren reportar sus nombres».
«La disminución de los números de denuncias busca invisibilizar la situación de Nicaragua, al igual que la excarcelación de las personas presas políticas para su posterior destierro y el despojo arbitrario de su nacionalidad», señaló.
Por tanto, esa Coalición denunció «como una estrategia de control absoluto sobre el territorio y la vida nicaragüense las desapariciones forzadas de corta duración».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria». EFE
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