La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más advirtió este lunes que las reformas constitucionales en Nicaragua aprobada en primera legislatura son contrarias a los tratados de derechos humanos.
«Los nicaragüenses, producto de las recientes reformas a la Constitución, nos hemos quedado sin derechos, siendo eliminados de su texto el reconocimiento a los tratados y convenios en materia de derechos humanos, la protección contra la tortura, la división de poderes y otras garantías mínimas de cualquier Estado democrático, consolidando el poder total en la pareja presidencial», avisó el activista Juan Carlos Arce Campos, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Arce hizo esa denuncia de manera virtual durante un diálogo interactivo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«A esto se le suman 12 leyes represivas aprobadas en los últimos 4 meses» en Nicaragua, agregó Arce.
Ortega propuso una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que transforma el Estado en una «democracia directa» ejercida a través de la Presidencia, que legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.
«La arbitrariedad y la perpetuación de crímenes de lesa humanidad fue elevada a política de Estado», continuó el activista.
Según Arce, luego de la expulsión de 135 presos políticos a Guatemala, en septiembre pasado, «vivimos una de las escaladas represivas más agresivas de los últimos años, intensificándose las detenciones arbitrarias, desaparición forzada y el destierro como principales mecanismos para la generación de temor en la población».
Observó que al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, pero que un número indeterminado se encuentra en condición de apatridia de facto, siendo víctimas de otros abusos como la confiscación de sus bienes y propiedades.
Además, dijo, que actualmente 70 personas se encuentran presas por motivos políticos, 30 de ellas capturadas en los últimos días, y 12 se encuentra en condición de desaparición forzada.
«Como organización hemos documentado 220 casos de tortura, identificando más de 30 tipos de tortura perpetradas por agentes estatales. Los efectos en este momento son incuantificables», anotó el defensor de derechos humanos.
Arce, en nombre del Colectivo Nicaragua Nunca Más, solicitó «la acción urgente de la comunidad internacional para exigir la liberación inmediata de los presos políticos y el cese inmediato de estas graves prácticas».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
