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La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más alertó este martes sobre una «nueva ola represiva» en Nicaragua, que incluye encarcelamiento y destierros a críticos y disidentes con el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo.
En una declaración ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica, alertó sobre esa «nueva ola represiva en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado a varias personas opositoras y otras tratadas como tales, incluyendo destierros, sea porque forzaron su salida o porque les han negado el ingreso al país».
Entre las «detenciones arbitrarias» está el caso del activista Yasser Morazán, quien desde 2021, cuando retornó a Nicaragua tras vivir exiliado en Costa Rica y Estados Unidos, «cerró sus redes sociales en un intento de llevar una vida lejos del ejercicio de sus derechos ciudadanos», indicó ese organismo.
«El caso de Morazán se suma a una larga lista de detenciones arbitrarias conocidas por este Colectivo, pero que sus familiares no denuncian públicamente por temor a represalias», afirmó esa ONG.
Y agregó: «Esta represión ha alcanzado también a nicaragüenses a los que se les ha impedido ingresar al país o se les ha desterrado como el caso del periodista Henry Briceño, quien fue expulsado con toda su familia en noviembre de 2024, incluyendo un niño».
Al menos 160 apátridas de facto
En ese sentido, ese Colectivo dijo que tiene un registro de 160 casos de nicaragüenses en apatridia de facto, debido a que fueron desterrados del país o se les negó el ingreso, incluyendo 15 nuevos casos ocurridos entre enero y febrero de este año.
El organismo observó que el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas estima que existen 47 nicaragüenses en las cárceles de la «dictadura», destacando que “el número real podría ser mayor”, debido a que ahora es más difícil para los familiares informar sobre las detenciones.
Entre los casos conocidos están el de los periodistas Irving Guerrero, con arresto domiciliar, y Leo Cárcamo Herrera; además los comunicadores Elsbeth D’anda y Fabiola Tercero, ésta última «lleva siete meses desaparecida», denunció.
También «se encuentra en desaparición forzada Angélica Chavarría Altamirano, pareja sentimental del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega, de quien su familia no tiene noticias desde mayo de 2024», añadió.
En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a solicitud del Colectivo Nicaragua Nunca Más, otorgó medidas urgentes a favor de Chavarría Altamirano.
El caso de los dirigentes indígenas
Otro caso es el del exdiputado indígena Brooklyn Rivera, quien lleva más de 400 días desaparecido junto con el líder indígena Stedman Fagot, apresado en septiembre de 2024 y a quienes también la CIDH otorgó medidas cautelares, de acuerdo con ese Colectivo.
Además, el 23 de abril de 2024, un grupo vestido de civil apresó en Managua al coronel en retiro Víctor Boitano, quien recién había vuelto a Nicaragua, también con medidas cautelares solicitadas por este Colectivo. Desde su detención, Boitano permanece en condición de desaparecido, anotó.
Por tanto, ese Colectivo denunció «la continuación de la sistemática represión y de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua que incluye detenciones arbitrarias, desaparición forzada, la práctica de tortura, desnacionalización, confiscación y destierros, intensificando el estado de terror dentro y fuera del país».
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
