La bancada parlamentaria de Nicaragua en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) condecoró a la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, “por su trabajo en defensa de los derechos humanos” en su país, informó este martes el órgano regional.
Los diputados nicaragüenses en el Parlacen otorgaron a la procuradora Morales Urbina la condecoración San Oscar Arnulfo Romero en reconocimiento “a su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos”, según una declaración del órgano regional.
Esa distinción fue otorgada un año después de que Estados Unidos impusiera sanciones económicas a la procuradora general de Nicaragua, a quien acusa de ser “cómplice” de la represión acometida por el copresidente del país centroamericano, Daniel Ortega, y su esposa, la copresidenta, Rosario Murillo.
Organismos humanitarios nicaragüenses como el Colectivo Nicaragua Nunca Más señalan a la funcionaria como la responsable de declarar de utilidad pública las propiedades expropiadas a opositores y críticos con el Gobierno sandinista, en lo que han denominado como una nueva etapa de confiscaciones en el país centroamericano.
El vicepresidente del Parlacen, el nicargüense Guillermo Daniel Ortega Reyes, dijo durante el acto oficial que es la primera entrega que hacen del premio San Oscar Arnulfo Romero.
Explicó que se otorga “con el objetivo de reconocer el compromiso de los ciudadanos centroamericanos y dominicanos en la lucha por la justicia, la dignidad y la igualdad”.
En ese sentido, resaltó el trabajo de la procuradora nicaragüense, a quien calificó como “una luz de esperanza en la defensa de los derechos fundamentales de las personas”.
Morales Urbina, por su lado, agradeció la condencoración recibida y dijo: “Este reconocimiento simboliza el esfuerzo de todos aquellos que, sin importar su nacionalidad, trabajan con el firme propósito de enaltecer la bandera centroamericana”.
EE.UU. la sancionó por ser “cómplice” de Daniel Ortega
En marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. bloqueó las cuentas y activos de Morales en Estados Unidos y prohibió hacer transacciones con ella porque “es un actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil”.
Morales ya había sido incluida en 2023 en la llamada Lista Engel, con la que el Departamento de Estado señala a actores corruptos de Centroamérica, lo que le prohíbe entrar a territorio estadounidense.
“La fiscal general de Nicaragua (procuradora), en coordinación con el régimen de Ortega y Murillo, ha usado su cargo para facilitar una campaña de represión contra la disidencia confiscando propiedades de opositores políticos del Gobierno sin base legal”, denunció entonces en un comunicado el Tesoro.
Según la Administración estadounidense, Morales Urbina ha demostrado ser leal a Ortega y tiene un “gran poder” para determinar quién recibe las propiedades e inmuebles confiscados a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación.
De hecho, la funcionaria habría participado en el despojo de las propiedades de los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados en febrero de 2023 y desterrados a Estados Unidos.
“Fue clave para formular la estrategia para designar a los miembros de la oposición nicaragüense como terroristas y bloquear sus recursos financieros utilizando una ley antiterrorista existente”, apuntó el Tesoro.
Washington también considera que el nombramiento de Morales como procuradora general en 2019 fue ilegal dado que incumplió con el requerimiento de haber ejercido la abogacía durante los diez años anteriores al nombramiento.
