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El primer comisionado Francisco Díaz, consuegro del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Rosario Murillo, tomó posesión este miércoles de un nuevo mandato de seis años como director general de la Policía Nacional de Nicaragua.
El jefe policial, que dirige las fuerzas de seguridad desde el 5 de septiembre de 2018, juró el cargo en un acto encabezado por Ortega y Murillo en la Plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua, donde además fueron juramentados 30.000 policías voluntarios.
El mandatario nicaragüense tomó juramento y entregó el bastón de mando policial al primer comisionado Díaz, quien expresó gratitud a sus consuegros por mantenerlo en el cargo.
«Expreso a ustedes mi gratitud por la confianza depositada para nombrarme director de la Policía Nacional para el período 2025-2031 y continuar garantizando la paz y la seguridad de las familias y comunidades», declaró en su discurso.
Díaz juró «lealtad y obediencia» a la pareja presidencial en nombre de la Policía Nacional, la Policía Voluntaria y el Ministerio del Interior.
«Jamás permitiremos que el golpismo provoque terror, caos y zozobra» en Nicaragua, enfatizó el jefe policial, en referencia a la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social que fueron neutralizadas a la fuerza y que dejaron cientos de muertos.
«¡No pudieron, ni podrán! ¡Con la paz no se juega!», exclamó el primer comisionado, quien ha jurado «lealtad» al «trabajo ideológico» del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua desde 2007.
El jefe de la Policía de Nicaragua fue sancionado en 2018 por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción.
Ortega elogia a «combatientes históricos»
Por su lado, el mandatario elogió en su discurso a los «combatientes históricos» sandinistas que con su intervención, en el contexto de las manifestaciones que estallaron en 2018, «vino la derrota de los golpistas».
Ortega se refiere a los nicaragüenses que salieron a las calles a protestar hace siete años contra su Gobierno de golpistas, terroristas, criminales y traidores a la patria.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, ha concluido que la Policía Nacional, el Ejército y grupos armados progubernamentales, actuando de forma coordinada, hicieron uso de fuerza letal para reprimir las manifestaciones de 2018 y cometer ejecuciones extrajudiciales.
