La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este jueves medidas de protección y la liberación de seis personas identificadas como opositoras o críticas del Gobierno en Nicaragua y que se encontrarían presas sin orden judicial y sin que se conozca con certeza su paradero.
Los beneficiarios de las medidas son el mayor del Ejército en retiro Eddie González Valdivia; el dirigente indígena miskitu Steadman Fagot Muller; la emprendedora Eveling Matus Hernández; la administradora del proyecto de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa, Lesbia Gutiérrez Poveda; la abogada y asesora de derecho canónico de la Diócesis de Matagalpa, Carmen Sáenz; y el exmilitar crítico del Gobierno, Víctor Boitano Coleman.
La CorteIDH explicó que todas estas personas fueron detenidas en el 2024 sin orden judicial, sin explicar motivos y que se desconoce con certeza su paradero y su estado de salud, por lo que emitió una resolución de medidas provisionales en la que ordenó al Estado informar sobre su ubicación, permitir su contacto con familiares y abogados, proteger su integridad y salud, y liberarlas de la cárcel.
La Corte pudo constatar que existe “una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad personal”, indica la resolución.
“La Corte ha tenido la oportunidad de analizar, en el marco de su función de adopción de medidas provisionales, la situación que existe en Nicaragua desde abril de 2018, como resultado de las protestas iniciadas en contra del actual gobierno. En esa medida, ha constatado la existencia de procesos judiciales en contra de personas que participaron en las protestas, que tienen una posición crítica al Gobierno o que han realizado acciones que pueden percibirse como de oposición o crítica al gobierno”, detalla la resolución.
Todo esto se enmarca en “un contexto de criminalización de personas con posturas críticas o de oposición, real o percibida, al actual gobierno de Nicaragua”, indicó el tribunal.
Una resolución más para una Nicaragua en desacato
La resolución de este jueves se enmarca dentro de un caso más amplio llamado ‘Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua’, el cual se refiere a la persecución política que han sufrido más de un centenar de opositores al Gobierno de Ortega desde el 2018, año en que surgieron protestas en contra del Ejecutivo.
La CorteIDH ha emitido numerosas resoluciones ordenando medidas de protección para más de un centenar de nicaragüenses desde el año 2021.
Entre 2023 y 2024 la mayoría de estas personas fueron desterradas y despojadas de su nacionalidad por parte del Gobierno de Ortega, que las declaró traidoras de la patria.
El Estado nicaragüense no ha respondido a ninguna de las resoluciones ni ha asistido a audiencias ante la CorteIDH, por lo cual el tribunal lo declaró en desacato desde el año 2022.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión, a quienes luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
