La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Nicaragua este miércoles, por segunda ocasión, liberar al periodista preso Catalino Leo Cárcamo, cuya familia desconoce su paradero y estado de salud desde noviembre de 2024.
“La Corte constata que el señor Cárcamo Herrera se encuentra en grave riesgo de sufrir un daño irreparable a sus derechos, lo que impone la necesidad urgente de adoptar medidas para garantizar sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y salud”, indica una resolución publicada este miércoles por la CorteIDH.
El tribunal requirió al Estado nicaragüense “que proceda con la liberación inmediata del señor Catalino Leo Cárcamo Herrera”, una orden que ya había girado a inicios de enero pasado en otra resolución de medias provisionales en respuesta a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La resolución de este miércoles surge luego de una audiencia llevada a cabo el pasado 4 de febrero, a la que el Estado nicaragüense no envió representación, una situación que ha sido frecuente en los últimos años y que llevó a la CorteIDH a declarar al Estado en desacato a partir de 2022.
En esa audiencia, los representantes de la víctima y su familia denunciaron su “desaparición forzada” desde el 22 de noviembre de 2024.
La CorteIDH ordenó este miércoles al Estado de Nicaragua “determinar e informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención; facilitar su contacto inmediato con familiares y comunicación adecuada con sus abogados; y garantizar el acceso inmediato a servicios de salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada”.
Cárcamo, quien ejercía como periodista de Radio Darío al momento de su detención en 2018 durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, padece de hipertensión, diabetes, hemorroides y ojo seco, según la información aportada por sus representantes.
El caso del periodista se enmarca dentro de uno más amplio llamado “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua”, el cual se refiere a la persecución política que han sufrido más de un centenar de opositores al Gobierno de Ortega en los últimos años.
En la audiencia del pasado 4 de febrero la CorteIDH escuchó a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que solicitaron mantener las medidas provisionales que el tribunal ha venido dictando desde 2021 en favor de 115 personas opositoras que fueron detenidas y luego la mayoría de ellas desterradas y despojadas de su nacionalidad por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
De las 115 personas beneficiarias de las medidas cautelares, hay al menos 9 que todavía se encuentran detenidas en pésimas condiciones y el resto formaron parte de dos deportaciones masivas que realizó el Gobierno a Estados Unidos en 2023, y a Guatemala en 2024.
Estas personas fueron declaradas como traidoras a la patria y sus derechos ciudadanos fueron suspendidos de forma perpetua ante la jurisdicción nicaragüense al ser despojadas de su nacionalidad.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.
A esos opositores el Gobierno luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
