El abogado Juan Carlos Arce representante del colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más, ofreció un análisis profundo sobre los hallazgos del noveno informe contra la tortura el cual documenta los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua desde el 2018 bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A través de su intervención Arce destacó la importancia de reconstruir las responsabilidades penales, los mecanismos de represión utilizados por el estado y las vías legales internacionales para buscar justicia.
Instrucción de los hechos y la cadena de mando
Arce explicó que en los procesos de Justicia, es esencial identificar tanto las víctimas como a los perpetradores, reconstruyendo las cadenas de mando permitieron la comisión de estos crímenes. Según el abogado, las órdenes iniciales para reprimir las protestas de 2018 surgieron de Rosario Murillo quien dio inicio a la operación “Vamos con todo”, la cual desembocó en una serie de crímenes sistemáticos.
“Nos hemos enfocado en reconstruir las responsabilidades penales, por qué estás son las que eventualmente conducirán a sanciones judiciales” señaló Arce. Agregó que figuras claves, como comisionados de la policía, han sido señalados en repetidas ocasiones como responsables directos.
Evolución de las formas de tortura
El informe presentado por el colectivo documenta más de 40 formas de torturas utilizadas contra personas detenidas arbitrariamente, muchas de ellas desde el inicio de las protestas.
Entre éstas se incluyen golpizas asfixias choques yo que sé eléctricos violencia sexual y otras formas de trato cruel e inhumano.
“la tortura ha evolucionado. Aunque persisten las agresiones físicas, ahora vemos un énfasis en forma de tortura sensorial, como el aislamiento extremo y la negación de atención médica”, explicó Arce, quien también subrayó que estas prácticas violan instrumentos internacionales como las reglas Mandela y la convención contra la tortura.
El abogado denunció la existencia de una estructura organizada que involucra a diversas instituciones del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad. “No solo estamos hablando de la policía y los sistemas penitenciarios, sino también de agentes paraestatales y el Ejército que en 2018 proveyó armas a las fuerzas represoras” afirmó.
Arce destacó que los principales responsables son Ortega y Murillo como actores intelectuales, mientras que otras instituciones y actores actúan como ejecutores materiales.
Crímenes que no prescriben
Uno de los puntos centrales de la intervención de Arce fue la explicación del principio de jurisdicción universal y la impresión civilidad de los crímenes de lesa humanidad. “Estos crímenes ofenden a toda la humanidad y cualquier estado tiene la Facultad de perseguirlos no admiten amnistía ni prescriben aunque pasen 50 años o más” aseguró
Enfatizó que aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, existen precedentes internacionales que podrían permitir la intervención de la Corte Penal internacional )CPI) por ejemplo mencionó el caso de Guatemala que ha recibido exiliados nicaragüenses y como éste podría convertirse en una base para activar la jurisdicción de la CPI.
Justicia y reparación
Finalmente el abogado subrayó que la justicia no solo busca sancionar a los responsables sino también reparar a las víctimas sin embargo reconoció que algunos daños son irreparables no podemos devolver la vida a los más de 300 personas asesinadas pero sí podemos documentar los hechos y buscar justicia para las familias queremos que los perpetradores enfrenten consecuencias por sus actos concluyó.
El informe del colectivo Nicaragua Nunca Más no solo denuncia la magnitud de los crímenes cometidos en el país, sino que también sirve como una herramienta para reflexionar sobre las vías legales disponibles y para exigir que la comunidad internacional asuma su responsabilidad frente a estas violaciones atroces.
