En un nuevo golpe a las libertades fundamentales en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cierre de 179 organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales destacan 80 religiosas, principalmente de la comunidad evangélica.
Este acto forma parte de una campaña sistemática de represión que busca silenciar a las instituciones que juegan un papal crucial en la vida social, cultural y espiritual del país, revelan personas opositoras del gobierno de Daniel Ortega y organizaciones sociales desde el exilio.
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ToggleIglesia Morava de la Costa Caribe de Nicaragua cancelada
La iglesia Morava, una institución con 175 años de historia y más de 120 feligreses, ha sido una de las principales afectadas. La Coalición Nicaragua Lucha, conformada por 25 ONG de derechos humanos, condenó enérgicamente estos cierres.
“El cierre de la Iglesia Morava, es un atentado contra la identidad cultural de los pueblos indígenas que desde el siglo XIX trabaja para preservar lenguas, tradiciones y formas de vida de comunidades como los Miskitos y Mayagnas” asevera la Coalición.
Este ataque, recalcarón “representa una grave violación a la libertad religiosa y curltural en la Costa caribe nicaraguense.”
La exiliada ahogada e investigadora Martha Patricia Molina, en solidaridad con los miembros de la iglesia Morava señaló que, “el amor a Dios no depende de un documento ilegal o del temperamento de dos delincuentes(Ortega- Murillo).”
Molina además acusó al régimen de continuar “ mostrando su odio y persecución a la libertad religiosa y hacia el pueblo miskito, afro y mayangnas.”
Por su parte, el opositor nacionalizado de Nicaragua Felix Maradiaga, apuntó que “la represión no puede sofocar indefinidamente el deseo de libertad de un pueblo con su rica tradición de fe y resistencia, no sería la excepción.”
Maradiaga advierte ,las iglesias y la sociedad civil seguirán siendo bastiones de dignidad y enfrentando valientemente la tiranía.
Cargas fiscales ahogaran a las pocas iglesias que quedan
El cierre masivo de organizaciones se produce en el contexto de reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,” bajo las cuales las iglesias también deberán enfrentar cargas fiscales de hasta un 30% de sus ingresos anuales. Molina ha denunciado que esta medida busca “ ahogar financieramente a la iglesia».
Mientras tanto José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, destacó que “hay un intento por destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega- Murillo.”
Con estas acciones, el número de organizaciones cerradas por el régimen desde el inició de la crisis sociopolítica en 2018 asciende a 5,552.
El Abogado Salvador Marenco del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más advierte que el gobierno de Daniel Ortega busca “ castigar” a la iglesia por no callar sus “crímenes de lesa humanidad». Para el abogado, estas acciones están “ quitando un último rayo de esperanza dentro de Nicaragua.”
Organizaciones defensoras de derechos humanos hacen llamando a la comunidad internacional a tomar acciones para detener esta oleada de represión contra la libertad de asociación, libertad religiosas y apoyar el retorno de Nicaragua a la democracia.