El gobierno de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una propuesta de ley que busca contrarrestar las sanciones impuestas por países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido, entre otros. Estas medidas, según la exposición de motivos, afectan “la soberanía y el comercio y las finanzas nacionales”.
La iniciativa denominada, “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas” sostiene que las sanciones son “acciones económicas, comerciales o de otra índole implementadas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Extranjeros” que buscan “debilitar la soberanía y le derechos a la autodeterminación” de Nicaragua.
La propuesta destaca que estas medidas coercitivas “ponen en peligro la soberanía, la seguridad y los planes de desarrollo de Nicaragua”, además de vulnerar el derecho internacional”.
Inaplicabilidad de las sanciones
El artículo 4, por ejemplo, sobre Inaplicabilidad de las Sanciones dice “en Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobierno u Organismos Extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”.
Además, que: “ninguna entidad o personas bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado”.
Ortega y Murillo defienden soberanía ante sanciones
Según el comunicado de la Ley el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aseveran “Reconocemos la importancia del Derecho Internacional, que prohíbe la intervención en los asuntos internos de los Estados, como Io establece la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2625 (XXV) de 1970. En la que se expresa que ningún Estado puede imponer medidas económicas o políticas para coaccionar a otro en el ejercicio de su soberanía, y se reconoce a los Estados, Igualdad jurídica, el derecho a elegir su sistema político, social y económico, y el deber de respetar la soberanía de los demás.”
Añade el texto “ante la implementación de sanciones en contra de Instituciones, Autoridades, funcionarios y Empleados Públicos y Ciudadanos y empresas privadas y públicas nicaragüenses, que afecten o pongan en riesgo sus finanzas y libertad de comercio, el Estado de Nicaragua tiene el deber de tomar acciones jurídicas necesarias para la protección y defensa de su Soberanía, Independencia, Seguridad y Paz.”
Por tanto, la iniciativa supuestamente permite que las personas y entidades afectadas soliciten el “resarcimiento de daños” por la aplicación de sanciones arbitrarias.
Entre los países que han sancionado a Nicaragua destacan Estados Unidos, a través de la Ley Nica Act, que limita el acceso del país a financiamientos internacionales; la Unión Europea ha sancionado a funcionarios de alto rango; y Canadá y el reino Unidos, ha impuesto medidas similares.
El texto por el momento será discutido por la Asamblea Nacional y posterior publicado en la Gaceta; Diario Oficial de Nicaragua.
