Daniel Ortega es considerado por la parte opositora e internacional como un “dictador” que mantiene una fuerte persecución hacia la iglesia católica, periodistas, estudiantes, empresa privada, feministas, comunidad LGBTIQ+ y todo aquel que se atreva a opinar sobre la crisis social y política que atraviesa el país. 
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
El 2006 fue un año en el que se marcó la historia de Nicaragua, con un 38 por ciento, Daniel Ortega Saavedra aseguraba su regreso al poder, lugar de donde no se ha movido desde hace 16 años a pesar de las fuertes críticas de la comunidad internacional y la población por sus constantes reelecciones y su fuerte política de represión, censura y persecución.
Al año siguiente, el 10 de enero, Daniel Ortega tomó posición de la silla presidencial, un puesto y una figura en donde las familias nicaragüenses tenían puestas las esperanzas, tras años de conflicto y necesidades que no fueron cubiertas en gobiernos anteriores debido a las diversas protestas por los sindicatos, una dinámica a la que se le llamó el “gobernar desde abajo”.
Desde entonces, el mandato de Saavedra ha sido principalmente criticado por los colectivos de la sociedad civil ante el deterioro de la institucionalidad estatal, perdida de los “valores” promovidos por el FSLN y su encarnación en el partido como único representante capaz de competir ante la oposición.
Para Lludely Aburto, defensora de derechos humanos exiliada en Costa Rica, este nuevo periodo presidencial, representaba de alguna manera un “voto de confianza” en Daniel Ortega, gracias a las esperanzas de la población en que se lograran los objetivos propuestos a los inicios de la Revolución Sandinista y se perdieron de alguna manera en la derrota electoral de 1990.
Por su parte, decidió no participar en el proceso electoral, debido a que no estaba de acuerdo con las practicas “dictatoriales” que se venían dando dentro del partido, lo que ocasionaba un ambiente de “incertidumbre” y división dentro de la población.
¿Qué propicio el regreso de Daniel Ortega?
Para Aburto, dentro de los factores que abonaron a que el FSLN ganara la contienda electoral, se encontraba la “desesperanza en términos económicos” debido a las pocas políticas dirigidas hacia las “microeconomías”.
“Generalmente nunca se vota por algo bueno, sino por lo menos peor y creo que ese fue en el 2007 esa animación por votarle al frente, creyeron que iban a retornar las medidas populistas que siempre propuso el frente” comentó Aburto.
Si bien, estas medidas se lograron de cierta manera, junto a la Cooperación venezolana, la defensora recuerda que no todas las personas tenían el acceso a las ayudas económicas, lo que ocasionó un “desencanto” para la población, ya se podía ver la formación del clientelismo para permanecer en el poder.
Por otro lado, existieron factores que también ayudaron a Ortega a llegar al poder a pesar de no contar con la mayoría de apoyo. En 1999, bajo la dirección constante de Ortega, el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderado por el entonces presidente Arnoldo Alemán, llevaron a cabo negociaciones con el propósito de consolidar el control del poder ejecutivo, subordinar los demás poderes del Estado y preservar u obtener privilegios e inmunidades.
En el año 2000, el Pacto Alemán-Ortega se implementó mediante la instauración de un sistema de predominancia bipartidista. Ortega y Alemán se repartieron los roles principales en el Estado y redujeron el porcentaje de votos necesario para ganar la presidencia en la primera vuelta, un cambio que ha beneficiado a Ortega hasta la fecha.
Este pacto también posibilitó una modificación a la Ley Electoral, garantizando la disminución del umbral electoral del 45% al 35% de los votos. Se estableció que se podría ganar las elecciones en la primera vuelta con un 40%, o en su defecto, con el 35% siempre y cuando existiera una diferencia del 5% sobre el segundo lugar.
Las decisiones de Alemán, lograron crear una división dentro de su mismo partido, generando de igual manera una división dentro de la boleta electoral, de no haber sido si, la oposición hubiera alcanzado el 55% de los votos, una cifra parecida a la alcanzada por Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños en contiendas anteriores.
Acontecimientos que definieron a la actual oposición
A consideración de LLudely, una de las partes más afectadas después del segundo periodo de Saavedra, fueron los procesos en las municipalidades, desde donde la población tendría que tener una participación activa, sin embargo, las actuales decisiones en temas que tengan que ver con los municipios se toman desde la capital, quitándoles autonomía a las autoridades locales.
“Han vetado la capacidad de este territorio, secuestrando a muchos liderazgos, impidiendo, impidiendo la estructura que la ley de participación ciudadana posibilitaba en relación al planteamiento de la existencia de los comité de desarrollo” comentó Aburto.
A lo largo los años como presidente de Nicaragua, Ortega ha tenido diversos cuestionamientos por parte de la sociedad civil, como el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía en Nicaragua (El Consejo). Esta asociación, que fue conformada mayoritariamente por estratos campesinos, inició las movilizaciones después de la promulgación de la Ley 840. Luego de que ortega retomara los trabajos que el ex presidente Enrique Bolaños había desarrollado para la construcción del añorado canal por Nicaragua. Es así que el 6 de julio de 2012 se publicó la Ley 800 del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN) y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Estas dos leyes desataron manifestaciones de la agrupación campesina, las cuales fueron reprimidas por la Policía Nacional al intentar llegar a la capital para expresa su oposición ante el despojo de sus tierras y logrando retrasar la construcción del GCIN, el cual según los planes iniciales debió iniciar operaciones en el 2020.
Por su parte, las agrupaciones feministas también enfrentaron detenciones y agresiones por parte del aparato policial de Ortega e instituciones como el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
El 25 de noviembre de 2017, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, denuncio que “fuerzas de seguridad del Estado nicaragüense” impedieron que grupos de mujeres que venían de Chinandega, León, Corinto, Posoltega, Masaya y otras zonas del país, llegaran a Managua para participar en la Marcha Nacional contra la violencia machista.
“Según informa la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras hay retenes policiales en carreteras y antimotines bloqueando la marcha en Managua, se están deteniendo ilegalmente a medios de transporte, reteniendo y obligando a regresar a autobuses, identificando a sus ocupantes y encapsulando a manifestantes”, denunciaron.
De igual manera, el sector de la defensoría ambiental ha sufrido diversas agresiones por parte de la política estatal. A inicios de abril de 2018 Nicaragua enfrentó uno de los incendios forestales más devastadores en la Reserva Natural Indio Maíz, el cual consumió a cenizas más de 6.000 hectáreas de bosque tropical húmedo, según Fundación del Río.
Esto movilizó a jóvenes ambientalistas y estudiantes universitarios en redes sociales y las calles de la capital, mientras el gobierno emitía un discurso de mantener el incendio controlado y no aceptaba ayuda de países como Costa Rica para frenar el impacto ambiental que se estaba generando en la reserva.
La respuesta de Ortega en ese momento fue movilizar a la Juventud Sandinista en una contra marcha, la cual fue convocada el mismo día de la manifestación auto convocada por los jóvenes y la Policía Nacional se encargó de no permitir el avance de la movilización ambientalista hasta la Asamblea Nacional.
En este punto, Daniel se enfrentaba a diversos sectores descontentos por sus decisiones. El 16 de abril del mismo año se anunció una reforma a las medidas de seguridad social, la cual establecía que el pago que realizan los empleados al seguro social se incrementarían de 6,25% al 7% y que los jubilados tendrían que aportar un 5% de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades a partir del próximo 1 de julio.
Esto desató en el país una ola de manifestaciones por parte de personas de la tercera edad, las cuales fueron agredidas, lo que ocasionó la salida de estudiantes universitarios en respaldo a los adultos mayores. La reforma fue revocada el 22 de abril de 2018, sin embargo, a esa fecha organismos de defensa de derechos humanos contabilizaba 25 personas que perdieron la vida a causa de la represión estatal promovida por Ortega a través de la Policía Nacional, Juventud Sandinista y Fuerzas de choque, las cuales fueron denominadas como “fuerzas paramilitares” por organismos internacionales y “Policias Voluntarios” por la policía nicaragüense.
Para el ex preso político y activista estudiantil y juvenil, Max Jerez, “La consolidación de la dictadura en Nicaragua no fue un proceso de un día para otro”, sino que fuel el resultado acciones iniciadas desde la llegada al poder de Daniel Ortega, tales como “la reelección de las autoridades de las fuerzas armadas y otras autoridades en los poderes del Estado, los fraudes electorales en las elecciones del 2008 y subsiguientes, la búsqueda de la reelección inconstitucional en 2011 y la demolición de la credibilidad del poder electoral”.
“El aniquilamiento y cualquier tipo de opción electoral han sido una constante en la administración de Daniel Ortega en el poder desde 2007 y que terminaron en el cierre autoritario y represivo que se desenmascaró en abril del 2018” Comentó Jerez.
La permanencia en la silla presidencial de Daniel Ortega también tiene consecuencias en la juventud actual, debido a que no han experimentado una forma diferente de gobernar y esta “ha sido parte del proyecto de adoctrinamiento del régimen”.
“El hecho de que haya jóvenes en Nicaragua que no han conocido otro sistema de gobierno que el implantado por Ortega tiene sin duda un efecto en la cultura política de los jóvenes nicaragüenses en la medida en qué se pueden normalizar y asimilar las prácticas propias de un régimen autoritario” considera el joven, agregando que “por eso es importante siempre mantener la prioridad sobre los jóvenes Y promover en ello los valores y práctica de la democracia y la libertad como superiores a las nefastas consecuencias del autoritarismo”.
A la fecha, Daniel Ortega es considerado por la parte opositora e internacional como un “dictador” el cual mantiene una fuerte persecución hacia las iglesias, periodistas, estudiantes, empresa privada, feministas, comunidad LGBTIQ+ y todo aquel que se denomine opositor o se atreva a opinar sobre la crisis social y política que atraviesa el país.
