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El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua envió una nota de protesta a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana por oponerse a la elección del excanciller nicaragüense Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), según una nota oficial divulgada este jueves.
En la nota de protesta, titulada «Ofensiva injerencia sin cabida», el Ejecutivo sandinista que preside Daniel Ortega expresó a los países del SICA su «más enérgica protesta por la actitud insolente e irrespetuosa de los Gobiernos de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que desconocen la independencia y soberanía de nuestros países, en evidente servilismo a intereses extrarregionales».
«Nicaragua rechaza esos rasgos impropios de nuestras culturas y deberes fraternales, en este mundo donde la ignorancia y la irresponsabilidad están dejando tanto atraso y ocurrencias dolorosas a pueblos que, como los nuestros, claman por el derecho a vivir seguros, tranquilos y avanzando contra la pobreza impuesta», señalan en la nota.
Según Managua, negar el derecho de Nicaragua a ocupar el espacio que les corresponde en la secretaría general del SICA «es injerencismo, y es negar al SICA mismo y condenarlo a su paulatina extinción, por infuncionalidad y desintegración, lo que no dudamos interesa a los agentes foráneos que parecen dominar a quienes mantienen esas posiciones ajenas al interés supremo de nuestros pueblos».
«Como centroamericanos, donde la historia nos ha unido en combates heroicos contra invasores extranjeros, nos pronunciamos y declaramos que no estamos condenados al fracaso», agregan en la misiva.
«Por el contrario, vamos a continuar luchando para que la razón, la inteligencia, el intelecto y el interés de nuestros pueblos se impongan y prevalezca el discernimiento que nos permita unir esfuerzos por el derecho de las familias centroamericanas a vivir dignamente, y a multiplicar todas las acciones que procuren afianzar concordia, seguridad y bienestar», añaden.
Nicaragua abogó para que, «frente a las realidades amenazantes» como «el narcotráfico, el crimen organizado y la desunión que conlleva desarticulación y abre puertas al abuso, la explotación y el escarnio del saqueo inmisericorde de nuestras riquezas patrimoniales a manos de los inescrupulosos de siempre», los países del SICA abran «las mentes a la reflexión sobre el valor de una patria centroamericana unida y fuerte, que defienda a nuestros pueblos de la extorsión y de todos los riesgos que vivimos y enfrentamos».
«Este es un nuevo llamado a considerar el bien común, y desterrar la demencia que nos venden en forma de fantasías y pesadillas ególatras e infantiles y absurdos afanes de imposición y poder de unos sobre otros. Este es un nuevo llamado a la hermandad, a la cordura y al respeto», concluye la nota.
La amenaza de Nicaragua
La semana pasada, Nicaragua amenazó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y la República Dominicana con tomar «algunas medidas» en su contra por oponerse a la elección de sus candidatos como secretario general del SICA.
Ortega propuso una terna de candidatos encabezada por el excanciller Denis Moncada e integrada además por la diputada sandinista Arling Patricia Alonso Gómez y la ministra de la Familia, Johana Flores, luego de que dos ternas anteriores presentadas no alcanzaran consenso.
Nicaragua, que ostenta la presidencia temporal de ese organismo, había convocado a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA para el pasado 15 de noviembre «con el objeto de avanzar en este proceso», presentar la nueva terna y entrevistar a los candidatos propuestos por Managua, la cual no se realizó por falta de consenso.
La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.
El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.
