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A pesar de recibir US$ 384.8 millones en Financiamiento Verde, el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua recorta el presupuesto ambiental y muestra escasos avances
Un informe reciente elaborado por la Fundación del Río, en colaboración con la Fundación Heinrich Böll Stiftung, evidencia una alarmante contradicción en la gestión ambiental del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. A pesar de haber recibido US$ 384.8 millones en Financiamiento Verde entre 2018 y 2024, el presupuesto destinado al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) ha sufrido una drástica reducción del 55%.
El régimen logró aprobar 31 proyectos de Financiamiento Verde, de los cuales 27 fueron gestionados de manera directa, mientras que cuatro se canalizaron a través de iniciativas regionales, según detalla el informe. Sin embargo, el presupuesto asignado al MARENA representa apenas el 0.17% del Presupuesto General de la República, una de las cifras más bajas de toda Centroamérica.
Foto: Intertextual
De acuerdo con el documento, el 66% de los recursos de Financiamiento Verde provienen de donaciones, mientras que el 34% restante corresponde a préstamos. Pese a la disponibilidad de estos fondos, los resultados en el área ambiental son limitados y poco satisfactorios.
Escaso avance ambiental y reducción de bosques
Según el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Nicaragua ha registrado una alarmante disminución del 11.4% en la vitalidad de sus bosques en los últimos 10 años, con una pérdida significativa de bosques primarios. Además, el informe subraya que el presupuesto destinado a programas clave del MARENA, como los servicios de protección ambiental, ha sido notablemente bajo, recibiendo solo el 4% del presupuesto acumulado en los últimos siete años. Los programas de adaptación y mitigación al cambio climático tampoco han sido prioritarios, con apenas un 10% del presupuesto asignado.
En contraste, el gasto en planillas de empleados del MARENA ha aumentado significativamente, pasando de representar el 26% del presupuesto en 2018 a un preocupante 60% en 2024, lo que pone en evidencia un manejo deficiente de los recursos.
Proyectos en la Costa Caribe: Prioridad aparente, problemas persistentes
El régimen ha destinado parte del Financiamiento Verde a proyectos en las regiones autónomas de la Costa Caribe, una zona con serios problemas ambientales como la deforestación, la minería ilegal y la ganadería extensiva. Sin embargo, a pesar de esta supuesta prioridad, estos problemas no han sido abordados de manera efectiva. Las comunidades indígenas y afrodescendientes continúan enfrentando violaciones a sus derechos territoriales.
Fundación del Río ha acompañado a grupos indígenas y ambientalistas en la denuncia de violaciones por parte del gobierno nicaragüense en dos proyectos de Financiamiento Verde, lo que ha resultado en el cierre de dichos proyectos por incumplimientos de las normativas ambientales internacionales.
Financiadores internacionales y falta de voluntad política
Aunque el gobierno de Nicaragua ha mostrado una falta evidente de voluntad política para resolver los problemas ambientales, la cooperación internacional ha sido clave en la asignación de recursos. Entre 2018 y 2024, un tercio del presupuesto del MARENA provino de financiamiento internacional, siendo los principales donantes el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Banco Mundial ha sido el mayor contribuyente, con US$ 176.9 millones, mientras que el BID y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) han aprobado el mayor número de proyectos, con diez y siete respectivamente, asignando un total combinado de US$ 23.4 millones. En total, el 66% del financiamiento recibido ha sido en forma de donaciones (US$ 254.4 millones), mientras que el 34% restante se ha otorgado en préstamos (US$ 130.3 millones).
Transparencia y responsabilidad en el uso del Financiamiento Verde
A pesar de los importantes recursos obtenidos, los avances tangibles en la protección ambiental de Nicaragua siguen siendo escasos. Organizaciones como Fundación del Río y otros actores de la sociedad civil han manifestado su preocupación y exigen mayor transparencia en el uso del Financiamiento Verde. También han instado a las instituciones internacionales a establecer condicionalidades que aseguren resultados reales en la protección del medio ambiente en Nicaragua.
