Desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018, Nicaragua ha sido testigo de un progresivo deterioro en la libertad de prensa, marcado por la represión sistemática contra periodistas y medios independientes.
El informe más reciente del Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) documenta que entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de febrero de 2025 se registraron 78 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, una cifra que, aunque inferior a los 83 casos reportados en 2023, evidencia una intensificación en la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un contexto de represión creciente
El punto de quiebre para la libertad de prensa en Nicaragua ocurrió en abril de 2018, cuando la crisis sociopolítica desatada por las protestas contra el gobierno derivó en una escalada de violencia y represión. Desde entonces, el periodismo independiente ha sido uno de los sectores más golpeados por la estrategia de censura estatal. Medios emblemáticos como Confidencial, 100% Noticias y La Prensa han sido allanados, sus instalaciones confiscadas y sus directivos forzados al exilio.
El informe de PCIN refleja que en 2024 y 2025 el patrón de agresiones no solo se mantiene, sino que adopta nuevas formas. El destierro y la desnacionalización continúan siendo armas del régimen para silenciar voces críticas. Según el informe, 283 periodistas han sido forzados al exilio desde 2018, con casos recientes de prohibiciones de ingreso al país notificadas por aerolíneas a comunicadores nicaragüenses.
Nuevas formas de represión: Ciberataques y vigilancia digital
Una de las tendencias emergentes en el 2024-2025 es el incremento de los ataques virtuales. Según el Observatorio de PCIN, los periodistas nicaragüenses han sido víctimas de ciberataques dirigidos por hackers o simpatizantes del régimen con conocimientos técnicos especializados. Estas agresiones buscan eliminar información crítica, infiltrar sistemas de medios exiliados y generar miedo entre los reporteros.
Otro elemento alarmante es la criminalización del ejercicio periodístico. La desaparición de la periodista Fabiola Tercero desde julio de 2024 y la detención arbitraria de comunicadores como Elsbeth D`Anda y Leo Catalino Cárcamo evidencian que el gobierno no solo censura, sino que también encarcela y persigue de manera directa a los periodistas.
Autocensura y apagón informativo
El informe de PCIN también resalta cómo la represión ha obligado a muchos periodistas y medios de comunicación a recurrir a la autocensura como estrategia de supervivencia.
El miedo a represalias ha llevado a la moderación de discursos críticos e incluso a la desaparición de medios locales en regiones como Carazo, Madriz, Nueva Guinea y la Costa Caribe. En estas zonas, el periodismo independiente ha sido eliminado por completo, dejando a las comunidades sin acceso a información veraz.
Una estrategia de represión consolidada
El informe de PCIN deja en claro que el régimen de Ortega-Murillo ha consolidado un modelo de represión que combina persecución física, hostigamiento judicial, ataques cibernéticos y criminalización del periodismo. Además, la comunidad internacional ha denunciado estos abusos, pero las sanciones y condenas aún no han logrado frenar la escalada represiva.
Ante este escenario, los periodistas nicaragüenses exiliados y las redes de comunicación en el extranjero han tomado un rol fundamental en la documentación y difusión de la realidad del país. Sin embargo, el cierre de espacios informativos dentro de Nicaragua representa un riesgo grave para la población, que cada vez tiene menos acceso a noticias independientes.
La lucha por la libertad de prensa en Nicaragua es hoy, más que nunca, un frente de resistencia contra el autoritarismo.
