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En una audiencia decisiva celebrada ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), se alzaron las voces de activistas defensores de derechos humanos y dirigentes políticos para exponer la grave situación que atraviesa Nicaragua. El foco principal de la discusión fueron las persistentes violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales, atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La USTR organizó esta audiencia con el objetivo de investigar el riesgo comercial que la represión en Nicaragua representa para los Estados Unidos. Este contexto, la participación de Fundación del Río, junto a Expediente Publico y Patrol: The Movie, se destacó como un elemento crucial.
Estas organizaciones presentaron un informe detallado que documenta el modo en que las políticas del Estado en Nicaragua socavan el Estado de derecho, transgreden los derechos humanos y laborales, provocan devastación ambiental y distorsionan el comercio internacional.
Incumplimiento internacional
Un aspecto crítico que el informe ha detallado es la negación de derechos laborales en Nicaragua. Se evidenció un patrón de incumplimiento internacional, donde “entre 2018 y 2023, el régimen ignoró 57 de 65 denuncias sobre violaciones laborales.”
Además, destacó la violencia contra mujeres trabajadoras en zonas francas, quienes sufren explotación, acoso y falta de protección, además del cierre de organizaciones defensoras de sus derechos. La fundación documentó la prohibición de huelgas y protestas desde 2018, con trabajadores enfrentando despidos, acoso e intimidación por exigir sus derechos.
El informe también reveló la represión sindical, con el cierre de 562 sindicatos y la eliminación del 47% de las organizaciones registradas entre 2018 y 2022. «El Ministerio de Trabajo ignora fallos judiciales y desestima los despidos ilegales, debilitando la Justicia laboral», afirmó el informe, denunciando el desmantelamiento institucional.
Régimen Ortega Murillo: representa amenaza la seguridad de EE. UU
Juan Sebastián Chamorro, opositor desterrado y expreso político, advirtió sobre la amenaza que el régimen representa para la seguridad nacional de EE. UU, especialmente por la migración masiva que induce.
Además, denunció la violación del tratado de Libre Comercio DR- CAFTA al favorecer a empresas China. “Los inversores se enfrentan a la confiscación, los tribunales son armas de represión. Los impuestos sirven de extorsión(…)y se niega a los empresarios el derecho a organizarse” afirmó Chamorro, describiendo un panorama de represión económica y legal.
Nicaragua: Comercio, represión y lucha por derechos
Barry Appleton, abogado de Appleton & Associates International Lawyers LP; compartió el impacto negativo que las políticas del régimen han tenido en empresas estadounidenses, como Riverside Coffee. “perdimos empleos, inversiones y décadas de esfuerzo” declaró Appleton, evidenciando las consecuencias económicas de la inestabilidad jurídica.
Anexa Alfred, representante de Derechos de los Pueblos Indígenas, describió la situación como un” Genocidio hacia los pueblos indígenas”, resaltando la vulnerabilidad de estas comunidades. “Lo que vivimos hoy en Nicaragua es un genocidio hacia los pueblos indígenas. Se busca el control absoluto”, expresó Alfred denunciando la violencia sistemática contra los pueblos originarios.
Julio Martínez, de Expediente Abierto, Fundación del Río y Patrol Campaign, destacó la importancia de la investigación en curso para que consumidores y el gobierno estadounidense eviten contribuir a las violaciones de derechos en Nicaragua. «Esta es una oportunidad para que los consumidores y el gobierno no contribuyan a las violaciones de derechos en Nicaragua», señaló Martínez, subrayando la responsabilidad compartida en la crisis.
Félix Maradiaga, expresó político y desterrado, criticó las contradicciones del libre comercio, argumentando que el régimen se beneficia de este mientras destruye derechos humanos y laborales. “Es contradictorio que el régimen de Ortega se beneficie de un esquema de libre comercio mientras destruye derechos humanos y laborales” afirmó Maradiaga, cuestionando la coherencia de las relaciones comerciales.
La audiencia representó un paso importante para visibilizar las crisis nicaragüenses y generar presión para un cambio, con un enfoque particular en las violaciones de derechos laborales documentadas por Fundación del Río.
Nicaragua exige Cambio
Las voces que se escucharon ante la USTR no solo describieron un panorama de represión y violaciones, sino que también trazaron un llamado urgente a la acción.
Cada testimonio, desde la denuncia sobre las amenazas a la seguridad y las violaciones comerciales, hasta el relato de Alfred sobre el “genocidios hacia los pueblos indígenas” pintó un cuadro de sufrimiento y resistencia.
La participación de Fundación del Río, con su informe detallado sobre las violaciones laborales y ambientales, añadió una dimensión crucial a la discusión rayando la necesidad de redefinir las relaciones comerciales con Nicaragua.
Como afirmó Martínez, esta audiencia representa una “oportunidad para que los consumidores y el gobierno no contribuyan a las violaciones de derechos”. Tanto Appleton como Maradiaga en sus intervenciones instaron, en este contexto el llamado a revisar el tratado de libre comercio con Nicaragua se convierte en una exigencia imperativa.
