La organización Monitoreo Azul y Blanco denunció este martes la detención de al menos 21 nicaragüenses de forma arbitraria desde el viernes pasado, incluido menores de edad y diez adultos mayores, tras la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que transforma el Estado y otorga un poder total a la Presidencia de la República sobre los demás poderes.
«Además de las 21 detenciones registradas, existen más denuncias de casos por verificar», indicó esa organización, que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
En una declaración, esa organización puntualizó que «estas acciones se dan tras las reformas inconstitucionales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega, que refuerzan su control represivo» en el país.
Asimismo, el Monitoreo Azul y Blanco señaló que, además de las «detenciones injustas», las autoridades tratan con «saña» a los familiares de los arrestados, negándoles información sobre el paradero de las personas detenidas y desapareciéndolas por días.
«Esta estrategia alimenta la desinformación, creando un ambiente de angustia y zozobra», advirtió.
Para ese organismo, es particularmente alarmante el registro de familias completas detenidas, incluidos menores de edad y diez adultos mayores en estado vulnerable.
«Esta situación evidencia la falta de respeto por los derechos humanos básicos y refuerza un clima de miedo e incertidumbre en el país», alertó. De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
