El sacerdote nicaragüense Harvin Torrez, rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga de la Diócesis de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, fue detenido este lunes por la Policía Nacional en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica, denunciaron feligreses y opositores.
Torrez, que dirige la parroquia Santa María de Guadalupe, en Matagalpa, fue detenido en horas de la mañana por el «régimen sandinista», según indicaron en X los dirigentes opositores desnacionalizados Medardo Mairena y Haydeé Castillo, así como feligreses al portal Panorama Católico.
Castillo, exiliada y activista de derechos humanos, advirtió que «la cacería en contra de la libertad religiosa en Nicaragua continúa», y urgió al papa Francisco «su intermediación para la libertad» en el país centroamericano y salvar a «su iglesia».
De momento ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esa y otras detenciones, de las que generalmente no suelen pronunciarse.
La Diócesis de Matagalpa es dirigida desde el exilio por el obispo Rolando Álvarez, que fue excarcelado y enviado a Roma en enero pasado.
ONG denuncia una «escalada represiva»
El sábado pasado, el Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció una «escalada represiva» contra la Iglesia católica nicaragüense, debido a que en las últimas 96 horas las autoridades han detenido al menos a 13 sacerdotes, «algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada».
Esa organización señaló que la nueva arremetida del Gobierno sandinista está focalizada principalmente en la Diócesis de Matagalpa, cuyos encargados ante la ausencia del obispo Álvarez, monseñor Ulises Vega y el padre Edgard Sacasa, están entre los capturados.
El Gobierno del Ortega acordó en enero pasado con la Santa Sede el envío al Vaticano de Álvarez y del obispo Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de libertad.
El 18 de octubre pasado, el Gobierno nicaragüense también excarceló a 12 sacerdotes y los envió al Vaticano tras un acuerdo con la Santa Sede, aunque entre estos no estaba el obispo Álvarez, que se resistía a abandonar el país.
Antes, el 9 de febrero de 2023, las autoridades excarcelaron a otros ocho sacerdotes y los enviaron a Estados Unidos, como parte de 222 excarcelados políticos nicaragüenses.
En esa ocasión el obispo Álvarez, que tenía casa por cárcel, se negó a subirse al avión, fue enviado a una prisión de máxima seguridad, y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados de traición a la patria.
La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse al avión que lo iba a llevar con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses a Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, que en cadena nacional lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
