El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), ha revelado en un reciente informe el progresivo deterioro de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó sus hallazgos en el marco del 55° período de sesiones del Consejo, destacando que “estas comunidades han sido víctima de graves violaciones y abusos”, que afectan tanto sus derechos individuales como colectivos.
El informe resalta que las y los indígenas y afrodescendientes han sido objeto de represión y marginación por parte del gobierno y actores privados. Desde 2018, las violaciones incluyen “el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal”, además de la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos.
La violencia ha sido dirigida contra líderes y defensoras de derechos humanos ambientales indígenas, quienes han sido objeto de agresiones , criminalización y cierre de sus medios de comunicación, relatan expertos.
48 entrevistas reflejan violaciones de Derechos humanos contra comunidades de la Costa Caribe
A través de 48 entrevistas con miembros de las comunidades, el Grupo de Expertos recopiló testimonios que reflejan una realidad devastadora. Las personas entrevistadas relataron cómo la violencia por parte de los “colonos” mestizos, junto con la inacción del Estado, ha puesto en riesgo la seguridad y autonomía de los pueblos originarios. Pese a que la Constitución de Nicaragua reconoce sus derechos, “ la falta de aplicación efectiva ha perpetuado la exclusión y vulnerabilidad de estas comunidades.”
El grupo de expertos sobre Nicaragua señala que la falta de titulación y regularización de tierras ha generado descontento “ Desde el 2009, la violencia en los territorios indígenas ha aumentado especialmente en las comunidades miskitus del Río Coco, intesificandose en 2015 con la entrada forzosa de ganaderos y terratenientes, lo que incrementó la violencia.”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en octubre de 2015 en favor de las comunidades Miskitus ante las amenazas, asesinatos y hostigamientos perpetrados por colonos. “ En 2016, la Corte Interamericana otorgó medidas provisionales a cinco comunidades debido al conflicto. Sin embargo, el Estado no ha logrado erradicar la violencia.”
La ONU revela que, estos colonos saben que están en tierras indígenas, pero se sienten respaldados por la permisividad gubernamental. “ La ocupación de tierras se ha visto facilitada por la suspensión del saneamiento de tierras en 2014, y la narrativa oficial ha promovido una supuesta cohabitación entre colonos y pueblos indígenas, a pesar de que en la práctica se ha incentivado la invasiones.”
Fuentes indígenas sostienen a los expertos que la invación forma parte de una política gubernamental para apropiarse de recursos naturales y satisfacer la demanda de tierras de sectores campesinos sin medios de subsistencia.
Sin respuesta del Gobierno
El informe también apunta la negativa del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de “cooperar” con los expertos internacionales “obstruyendo el acceso a la información necesaria para la investigación más profunda” a pesar de las “ solicitudes formales enviadas a la presidencia”. “No ha habido respuestas por parte del Estado”aseveran los investigadores internacionales.
En este contexto, el Grupo de Expertos concluye que la situación en la Costa Caribe es representativa de una crisis de derechos humanos más amplia en Nicaragua. La falta de protección y justicia para los pueblos indígenas y afrodescendientes sigue siendo alarmante y se requiere de una respuesta urgente para poner fin a los abusos y garantizar el respeto por su autonomía y territorios.
Este informe basado en más de 900 fuentes documentales y testimonios directos, pone en evidencia la sistematicidad de las violaciones y su relación con intereses económicos y políticos en la región, en donde los expertos advierten que los incidentes documentados representan solo un parte del problema, y aunque la falta de acceso directo al territorio y el temor a represalias han limitado la capacidad para registrar todos los abusos.
