Por: Redacción Intertextual / ,contacto@intertextualcr.com
La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), a través de un informe de cara al 74° período de sesión presenta el Informe acerca de la tortura y el trato inhumano, cruel y degradante de personas privadas de libertad en condición de detención política en Nicaragua y la permanencia de la violencia de Estado en sus vidas poscarcelarias.
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Dicho informe está dirigido al Comité De las Naciones Unidas Contra La Tortura (CAT). Además, está redactado con entrevistas a víctimas de torturas, personas que fueron detenidas en el contexto de crisis sociopolítica de Nicaragua a raíz de abril 2018. Según indica el informe la primera parte está basada en testimonios de las, “múltiples maneras” por la que estas personas fueron “violentadas”.
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“Desde el inicio de las protestas en abril del 2018 en contra del gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega, más de mil seiscientos personas fueron detenidas y más de ochocientos de ellas han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces parcializados a favor del gobierno de turno. Las condenas fueron por presuntos delitos comunes, tales como robo, narcotráfico, porte o tenencia ilegal de armas, tanto como crímenes extraordinarios que previo a abril 2018 no estaban tipificados como delitos en el Código Penal, como terrorismo,” expresa el informe.
Muchas de las personas detenidas en ese contexto fueron liberadas bajo la controversial ley de Amnistía, promulgada el 8 de junio de 2019.
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El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha concedido el derecho de, “reparación a las víctimas”, así lo ha denunciado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. Contrario a eso se ha empreñado en “criminalizar y judicializar” a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones derechos humanos que daban apoyo a las víctimas de la represión.
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Las organizaciones como (CENIDH, CPDH y ANPDH), han sido ilegalizadas siendo víctimas también de “represión, el constante asedio, las amenazas, el encarcelamiento de algunos de sus trabajadores defensores y la toma de sus instalaciones, la mayoría de los trabajadores defensores restantes han tenido que exiliarse,” expresa el informe. Esto deja en más vulnerabilidad y en situación de riesgo a víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
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De los datos obtenidos en las 30 personas entrevistadas, “25 fueron con uso de fuerza excesiva por parte de los capturadores. En 13 de estos casos la víctima fue golpeada con tanta fuerza que se le provocaron moretones o raspones. En tres de estos casos la víctima resultó con heridas graves o quebraduras producto de su detención y en uno de los casos la víctima fue desnudada parcialmente. Cabe destacar que en 20 de los casos la víctima fue agredida ya estando esposado, – en 15 de estos la víctima fue agredida tanto para lograr su captura como una vez bajo dominio de los capturadores”, detallan las organizaciones firmantes.
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Estas personas desde el momento de la detención fueron torturadas. “Se reportó una incidencia de tortura en 16 categorías de métodos de tortura de la Comisión Valech. “el 93{d237da29b9a6880f2eb7ef6088b9b3c0579bcc2719dbea4317677947c0679070} de las víctimas reportó el uso reiterado de los métodos de tortura, en especial de amenazas y golpizas durante los interrogatorios.”
En uno de los testimonios, la víctima cuenta: “Habían tres policías, dos vestidos de civil y otro con el uniforme, me sentaron en una silla sin brazos, solo tenía el respaldar, comenzaron a interrogarme […] entonces uno de los otros policías agarró una bolsa de plástico, me la metió en la cabeza y comenzó a asfixiarme y el otro me golpeaba en la boca del estómago. Me sacaron la bolsa de la cabeza y me pegaron patadas en la cabeza y la cara. Siguieron haciéndome preguntas yo no contestaba nada, el más mayor, era su jefe creo, sacó una pistola, me golpeó en el estómago otra vez y me metió la pistola en la boca, ‘ahora sí vas a hablar’ me dijo, me saco la pistola, yo me quedé callado, montó el arma y me la volvió a meter a la boca. Hizo eso como cuatro veces. Después de eso agarraron un hierro, me dieron en las costillas, me caí de la silla donde estaba sentado, en el suelo me levantaron prácticamente a patadas, quede arrodillado, me comenzaron a agarrar a patadas de nuevo y me vuelvo a caer completamente, tomaron un [arma] AK-47 y comenzaron a darme culatas en la columna y toda la espalda mientras otro me seguía dando patadas en el estómago y la cabeza. Luego de eso me levantan y me llevan a una celda, ahí fui socorrido por otros presos políticos, yo no podía ni levantarme del dolor.” – Víctima 25, Estación policial de Masaya.
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“Me dijo [el oficial a cargo del interrogatorio] que ya que yo no quería cooperar iban a traer a mi hija a [ubicación omitida], porque mi hija ya era grande y querían abusar sexualmente de ella y comenzó de escribirme todos los actos sexuales que iban a hacer con la niña ya que yo no estaba cooperando.” – Víctima 8, DAJ.
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Las organizaciones aseguran que casi todas las personas presas política estuvieron en la Dirección de auxilio Judicial, DAJ, donde se les amenazaba y eran golpeados, con el objetivo de “sacarles información.” El informe manifiesta que las mujeres presas políticas eran amenazadas de hacerles daño a sus hijas/os.
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“Casi todas las mujeres fueron desnudadas forzosamente en repetidas ocasiones. En el caso de los hombres a menudo se utilizó la violencia física como método de tortura (golpizas reiteradas, posiciones forzadas, colgamientos, asfixias y aplicación de la electricidad). Hubo una tendencia manifestada en algunos casos de enfocarse en los genitales: forzar la apertura de las piernas y propinar varias patadas o golpes a los genitales durante varios minutos hasta horas, provocando que se desmayara la víctima”.
Cinco de estas personas entrevistadas reportaron el uso de agresiones sexuales o violación. “De las cuatro víctimas que fueron violadas, tres son hombres. Cabe destacar que las dos víctimas que fueron violados mediante la penetración por el órgano sexual del agresor fueron una mujer y un hombre de la diversidad sexual. Los otros dos hombres víctimas fueron violados mediante la penetración con un objeto – respectivamente un palo y un bastón de policía.”
Las personas violadas sexualmente, no tuvieron atención médica y les dejó graves secuelas a las víctimas.
Patologías desarrolladas en el presidio de expresos políticos
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Como consecuencia directa del encarcelamiento y las torturas provocadas principalmente por agentes policiales manifiestan “secuelas físicas, psicológicas,” además de sociales y económicas.
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Debido a las malas condiciones en las celdas, falta de atención médica y alimentación inadecuada las personas presas políticas “desarrollaron patologías médicas durante el presidio, la gastritis y los problemas de la presión como padecimientos crónicos y un alto índice de hongos o infecciones en la piel como padecimientos temporales,” sobre todo en las personas que estuvieron encarcelados en La Modelo, manifiesta el documento.
Los derechos humanos también se han violentado fuera de la cárcel exponiendo a las víctimas a la discriminación y dificultades en atención médica principalmente en centros públicos. Según relató una de las víctimas.
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“Fue iniciando dentro de la cárcel […] afuera igual nunca me atendieron. Busqué atención médica pública porque había salido de la cárcel enfermo, pero sufrí una discriminación horrible en todo el pueblo, tanto por ser de la oposición política como por ser de la diversidad sexual. Después solo busqué atención médica privada, ahí nunca me negaron la atención,” dice la Víctima 28.
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La mayoría de las víctimas sufren exclusión de sus derechos fundamentales como ciudadanos de Nicaragua, estas personas no se sienten seguras de usar los servicios públicos. Igualmente, estas personas siguen sufriendo asedio, amenazas y hostigamientos, por agentes policiales y paraestatales.
Una vez fuera de la cárcel por razones políticas estas personas no han podido tener una vida normal, han tenido que buscar alternativas de vida como el desplazamiento dentro de Nicaragua o exiliarse. “Casi todas las víctimas que se vieron obligadas a refugiarse en el exterior primero fueron desplazadas internamente, permaneciendo en varias ocasiones en casas de seguridad) – casas de familiares o amigos/as en otros barrios, pueblos o ciudades, o casas encontradas a través de las redes de los movimientos opositores – o bien cambiándose de domicilio de manera permanente o reiterada dentro de Nicaragua antes de salirse del país.” Apunta UPPN y RIDH.
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Las dos organizaciones que presentan el informe al Comité Contra La Tortura de las Naciones Unidas aseguran que el gobierno de Ortega y Murillo comete actos de tortura y busca acallar a las personas víctimas de estos actos a través del asedio, la amenaza y la negación de sus derechos humanos y civiles básicos.
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Esta sistematización donde se expone testimonio de víctimas propone al Comité inste al estado de Nicaragua de manera urgente a “tomar medidas que pongan fin a esta situación sistemática de violaciones de derechos humanos, abriendo investigaciones y procedimientos judiciales a funcionarios estatales y operarios que las cometen.” Por otro lado, demandan la liberación de los más de 180 personas presas políticas detenidas en las cárceles de Nicaragua.
