En el informe Diagnóstico de necesidades de las mujeres e infancia nicaragüense desplazadas forzadas en Costa Rica liderado la investigación por consultores de SICARÚ, detalla las dificultades que enfrentan las mujeres, niñas y niños nicaragüenses desplazados en Costa Rica, afectados por la crisis sociopolítica de su país desde 2018. Los hallazgos subrayan las barreras de acceso a servicios básico y la vulnerabilidad ante la discriminación y exclusión social.
Braulio Abarca abogado y consultor empezó la ponencia agradeciendo a las mujeres que participaron en el diagnóstico, a la infancia y personas funcionarias publicas quienes respondieron a las preguntas; igualmente por el apoyo de la Asociación La Esperanza, Sant Just Solidari y la Red de Mujeres Pinoleras “quienes hicieron posible este diagnóstico” especificó.
Contexto del desplazamiento forzado
Abarca recordó que, desde 1970 y el año 2017, “Costa Rica ha sido recibido a la población nicaragüense desplazada forzada desde hace muchas décadas”.
Desde abril de 2018, Nicaragua enfrenta una grave crisis sociopolítica que ha generado “más de 800,000 personas desplazadas forzadamente, de las cuales cerca de 280,000 han solicitado refugio en Costa Rica.” “el consultor y añade que según “La dirección General de Migración y Extranjería el 45 % de las personas solicitantes de refugio eran mujeres”.
Este fenómeno se intensificó debido a “la represión estatal, que incluye asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y la clausura de más de 5,4000 organizaciones civiles”, según revela el diagnostico.
Como dato relevante de la crisis en Nicaragua, el abogado dice que en Nicaragua “hay más de 45 personas presas políticas y durante todo el periodo de 2018 a la fecha al menos 5mil personas han sido presas políticas en Nicaragua y la cifras oscilan en que un 30 ó 35 % de estas personas han sido mujeres”.
Costa Rica, históricamente ha recibido una ola sin precedentes de solicitantes de refugio en los últimos años. Sin embargo, la acogida no ha estado exenta de desafíos. Las personas desplazadas enfrentan condiciones precarias que limitan su acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo digno.
Abarca refiere que en Costa Rica “hay muy pocas políticas públicas en temas de Migración” y que a la fecha a la presentación del informe no lograron encontrar ninguna normativa en materia de discriminación y xenofobia en el tema educativo costarricense.
Hallazgos principales del diagnóstico
El diagnostico destaca las condiciones de vida y los desafíos que enfrentan en zonas como San José- la Carpio; San José- Alajuelita, Upala y Los Chiles, áreas rurales cercanas a la frontera con Nicaragua.
Linda Núñez consultora manifestó que ese estudio es muy importante para ellos como consultores “porque lo estamos viviendo, somos parte de esta población migrante y de este contexto de crisis sociopolítica”.
Con un enfoque feminista e inclusivo, el análisis subraya la feminización de la migración, reflejada en el creciente número de mujeres que migran de manera independiente. Como metodología se propusieron generar “confianza, empatía y seguridad a las personas abordadas” mencionó Núñez.
“No se logró encontrar un dato de la población total de la Carpio, de Alajuelita sobre las mujeres” trabajamos en los cuatro territorios donde hay mayor población de mujeres migrantes nicaragüenses y de mayores necesidades.
Las entrevistas se realizaron a 158 migrantes económicas y desplazadas forzadas ambas residentes en Costa Rica. Así también se realizaron entrevistas a organizaciones e instituciones estatales e inclusive a ciudadanos en general.
El diagnostico combina metodologías cualitativas y cuantitativa. Incluyó encuestas masivas, grupos focales y entrevistas en profundidad con mujeres migrantes y niñez, lo que permitió abordar “aspectos emocionales y personales frecuentemente invisibilizados”
El análisis abarca temas como acceso a servicios básicos, derechos humanos, situación migratoria y las vivencias de la población desplazada.
Sistema educativo y empleo
El consultor Francisco Agüero con datos en mano dice que, dentro de la encuesta realizada a 158 mujeres, solo el 54% tienen a sus hijos en el sistema educativo costarricense “eso quiere decir que hay un 46 % de mujeres madres dentro de la encuesta que no tienen a sus hijos en un sistema educativo, ocasionando que las barreras económicas se perpetúen y la desigualdad aumente” dice.
Mientras que el 44% de las mujeres no pudieron inscribir a sus hijos en el sistema educativos por problemas de documentos o por el costo de los materiales.
Agüero advierte que debe haber mayor sensibilización tomando en cuenta los datos obtenidos del informe “hay un desconocimiento total del sistema educativo acerca de los procesos y las diferencias entre un exiliado, un desplazado forzado y un migrante económico.”
Por otro lado, el consultor añade que en las condiciones laborales el 72% de las mujeres encuestadas tiene empleo, pero no todo es positivo en eso datos. Hay una falta de acceso al empleo “solo el 52% tiene un empleo formal, es decir que el 48% están trabajando de manera informal, recalca en consultor y añade “hay personas que están subsistiendo de viáticos que reciben por asistir a ciertas actividades que son pocas “manifestó. Un 28% ha logrado emprender y un 42% reportó ganar menos de 600$ “ni siquiera se están acercando al salario mínimo “lo que genera preocupación.
Mujeres migrantes económicas y las desplazadas
Núñez por su parte explica una comparación del estudio entre las mujeres migrantes económicas y las desplazadas. “las migrantes económicas llegan en busca de un proyecto de vida con una ilusión su salida es para mejorar su condición. No cuentan en su mayoría con estudios y sus trabajos a pesar de los años continúan siendo precarios y muchas son explotadas… Las desplazadas forzadas han perdido su proyecto de vida, sus bienes, empleo, eso quedó atrás. Su salida fue para salvar sus vidas y la de su familia. En sus mayorías tiene estudios, pero no pueden ejercer y se encuentran trabajo y si lo hay son salarios precarios. No pueden viajar a su país”.
Entre las principales barreras identificadas por el diagnóstico se encuentran:
- Acceso limitado a servicios básicos: Las mujeres y la infancia desplazada enfrentan dificultades significativas para acceder a la “salud, educación, seguridad social y vivienda adecuada”.
- Discriminación y exclusión: El informe denuncia que “los discursos xenófobos y discriminación en Costa Rica dificultan la dificultan la integración social de la población migrante.”
- Impacto emocional y psicológico: Las experiencias de desplazamiento, violencia y exclusión han dejado secuelas emocionales profundas, especialmente en mujeres y niñas.
Las mujeres migrantes económicas pueden encontrar un camino hacia la estabilidad económica a través del trabajo, aunque con dificultades, mientras que las mujeres migrantes forzadas se enfrentan a una crisis más profunda de derechos humanos y supervivencia, lo que requiere un enfoque más integral y urgente.
Importancia del diagnóstico
Este trabajo representa un esfuerzo conjunto entre los implicados del estudio para “analizar las necesidades específicas de la población desplazada y orientar acciones futuras.” A la vez utilizar los hallazgos como base para desarrollar “programas y proyectos que garanticen una vida digna para las personas desplazadas.”
El diagnóstico también enfatiza la necesidad de que el gobierno costarricense implemente políticas inclusivas y accesibles. “El Estado debe garantizar el ingreso, la protección y los derechos humanos de las personas desplazadas,” indica el informe.
A nivel internacional, organismos como la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) han instado a los Estados a adoptar “medidas dirigidas a promover el apoyo internacional y la responsabilidad compartida para atender esta crisis humanitaria.”
El diagnóstico sobre las mujeres e infancia nicaragüenses desplazada en Costa Rica no solo ofrece un panorama claro de las carencias actuales, sino que también propone acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de esta población. Ante la magnitud de la crisis se requiere un compromiso de todos los actores garantizar una respuesta integral y justa.
El abogado Braulio devela que “la falta de un enfoque interseccional” en la atención estatal es uno de los principales problemas. “La atención brindada es homogénea y no reconoce las particularidades de este grupo”, lo que perpetua su vulnerabilidad y dificulta su acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda. Las mujeres migrantes, que atraviesan categorías sociales como género, nacionalidad y nivel socioeconómico, se enfrentan a barreras significativas que requieren políticas públicas inclusivas y estructuradas.
A pesar de estas adversidades, las mujeres migrantes han demostrado una notable resiliencia. “Han formado redes de apoyo y participado en iniciativas comunitarias”, lo que resalta su capacidad de organización y liderazgo, aspectos que deben ser aprovechados para fomentar soluciones inclusivas y sostenibles a largo plazo.
