La dictadura en enredos jurídicos; confiscó primero con notificación judicial y sin derecho a defensa, ahora arrasa con otros bienes de los jesuitas utilizando al Mingob. 
Por: Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
En un giro que algunos expertos consideran “un lavado jurídico” a la confiscación arbitraria de la Universidad Centroamericana, (UCA), la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó la eliminación jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua y decretó la expropiación de sus bienes a favor del Estado.
La anulación y confiscación, fueron emitidas por el Ministerio de Gobernación mediante publicación en La Gaceta Diario Oficial de Nicaragua este 23 de agosto.
A criterio de la especialista en investigación, Martha Patricia Molina, son acciones encaminadas a legalizar primero la ilegal confiscación de la UCA y segundo, justificar la confiscación de otros bienes valiosos de los jesuitas en Nicaragua, principalmente sus centros educativos católicos.
“Después que se robaron la UCA quisieron darle forma de legalidad porque con las otras universidades, lo que había pasado es que primero anunciaban que se cancelaba la personería jurídica y después iban en contra de los bienes, es decir, aquí primero confiscaron y hasta después legalizaron esa confiscación. Un absurdo jurídico”, dijo la abogada.
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Dictadura en laberinto jurídico, todo nulo
Para la especialista, se trata de enmendar “la aberración jurídica de confiscar la UCA con un oficio penal, sin juicio ni fundamento jurídico, emitido por la juez sandinista que sabe bien que actuó ilegal, entonces recurren a una anulación después que hasta bandera izaron”, señala la abogada.
Según Molina, la dictadura al ver que el argumento para robarse la Universidad no tiene ningún valor jurídico y que al acusarla de terrorismo sin un juicio, intentan aparentar legalidad con la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús.
“A la Compañía de Jesús no le dieron oportunidad ni siquiera de defenderse legalmente en el caso de la UCA, y ahora lo que hay que alertar, es a los colegios que están administrados por los jesuitas porque queda claro que van por ellos”, advierte la abogada.
Matan pensamiento crítico
Para ella, el objetivo del régimen era claro en dos sentidos: uno es golpear a la iglesia católica y otro es apropiarse de sus bienes, pero lo hacen cometiendo errores jurídicos terribles, que solo empeoran las críticas que le han llovido tras sus exabruptos.
“El régimen pretende nacionalizar la educación porque ellos conocen en su pensamiento maquiavélico que en los colegios y en las universidades que tienen educación de calidad, se crea un criterio propio, una capacidad analítica en el ser humano, es de ahí que salen egresados pensantes y a la dictadura no le conviene tener en las calles a seres pensantes que le estén pidiendo rendición de cuentas y legalidad”, señala.
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“Lo que ellos necesitan como todo Estado criminal, es cosificar a la persona, para que esta persona únicamente repita el discurso de ellos, por eso es que van a cerrar todos los colegios católicos, vamos a ver que uno a uno va a ir siendo cerrados desde ahora”, alerta la abogada.
La especialista jurídica e investigadora hizo una observación a los organismos internacionales que dan seguimiento a los temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos de crimen organizado, de estar avalando los métodos de confiscación y mal uso de las herramientas financieras de la dictadura contra la Iglesia Católica, opositores y grupos de la sociedad civil.
“Estos organismos internacionales están siendo cómplices de la dictadura porque están avalando el uso y las leyes en materia de lavado de activos y de terrorismo para confiscar a personas y a entidades que son completamente inocentes”, acusó.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este miércoles la personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua y ordenó la expropiación de todos sus bienes al Estado. El anuncio de la dictadura contra los jesuitas se da luego que la semana pasada el régimen confiscó a la Universidad Centroamericana (UCA), que era manejada por los jesuitas desde los años 60.
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La cancelación de la personería jurídica fue justificada bajo supuestos “incumplimientos a las leyes” que regulan las actuaciones de las asociaciones, organismos no gubernamentales (ONG) y entes de la sociedad civil.
Los mismo inventos
El Ministerio de Gobernación (MIGOB), ente represivo que ha anulado y confiscado más de 3,400 oenegés acusó a esta asociación de no reportar sus “estados financieros” de los períodos fiscales del 2020, 2021 y 2022, y por estar su Junta Directiva “vencida” desde el año 2020.
La Compañía de Jesús, según la dictadura, es acusada de no promover “políticas de transparencia en la administración y manejo de la Asociación, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos son acordes a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó la Personalidad Jurídica”.
La medida se da en medio de una jornada internacional de condena y rechazo a la confiscación de la UCA y la expropiación de los bienes de los jesuitas en Nicaragua,
La nueva medida confiscatoria incluye la expulsión de los jesuitas y la expropiación de sus bienes, entre los que destacan el prestigioso Colegio Centroamérica, el Colegio Loyola y la red de escuelas Fe y Alegría, entre otros bienes y propiedades.
