En redada donde acusaron a al menos 57 personas se contaron tres periodistas. Otro fue detenido en Semana Santa y poco se conoce de su paradero. La dictadora aplica un nueva modalidad represiva: acusados y liberados con presentación periódica. 
Por: Redacción Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
Mientras el mundo democrático celebraba el día mundial de la libertad de prensa, en Nicaragua el régimen sandinista que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, rendía honores a su calificativo mundial de dictadura, al secuestrar al periodista independiente William Aragón.
El comunicador, excorresponsal del diario La Prensa, estaba alquilando una vivienda en Estelí hasta donde llegaron las patrullas de la policía bajo servidumbre de Ortega. Fue detenido, y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial donde funcionan las cárceles de tortura conocidas como El Chipote.
De madrugada, sin abogados y sin derecho a defensa, fue acusado de divulgar noticias falsas y presentado ante los jueces de la dictadura que operan como verdugos judiciales, quienes le abrieron juicio, pero lo mandaron de retorno a su vivienda bajo régimen de casa por cárcel.
Aragón estaba retirado del periodismo y trabajaba como plomero, pero ha estado bajo vigilancia y persecución de la dictadura desde abril de 2018, cuando informó de las protestas sociales desde su comunidad, Somoto. Aragón no es el único periodista que en este 2023 sufre los embates de la dictadura.
Otros periodistas más acusado
El mismo día de su captura y secuestro, fueron detenidas y acusadas al menos 50 personas más señaladas por la dictadura como “traidores a la patria”. Entre ellos destaca el periodista Oscar Rodolfo García Vallecillo, expresentador de noticias del Canal 12.
De su caso se conoce públicamente que había estado retirado del canal, desde que en 2020, lo demandó por incumplimiento de pago. Si bien estaba fuera de radar público como periodista, la policía del régimen lo capturó en Managua, la noche del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Al igual que a Aragón, a García lo acusaron de divulgar noticias falsas. También fue presentado ante un juez sandinista y ahora vive bajo arresto domiciliar. Debe presentarse diario a una estación de policía a firmar un acta obligatoria. El mismo caso que enfrenta la corresponsal de Canal 10 en el caribe de Nicaragua Hazel Zamora, quien fue detenida el pasado viernes 5 de mayo cuando viajaba junto a sus hijos menores de edad hacia la capital Managua, horas después liberada.
El preocupante caso de Víctor Ticay
Antes que ellos dos fueran detenidos y acusados, el periodista local Víctor Ticay, de Nandaime, había sido secuestrado en su vivienda el 6 de abril y trasladado a El Chipote al día siguiente.
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El caso de Ticay combina dos de las peores acciones represivas de la dictadura sandinista en Nicaragua: el ataque a la prensa independiente y el acoso a la Iglesia Católica. Ticay, de 31 años, fue detenido con engaños por personas vestidas de civil la mañana del jueves 6 de abril, luego de dar cobertura a una actividad religiosa en su ciudad Nandaime, municipio de Granada.
El periodista ejerce el oficio desde hace 10 años y es corresponsal del Canal 10 y propietario de la plataforma La Portada en redes sociales. Salió a brindar cobertura local a una actividad católica tradicional como usualmente lo hace desde hace una década, pero la policía prohibió la actividad por órdenes del régimen sandinista.
El 5 de abril, los feligreses de Nandaime desafiaron la prohibición policial y Ticay transmitió imágenes de jóvenes disfrazados tradicionalmente huyendo de los agentes de seguridad por las calles de la ciudad. Eso bastó para que al día siguiente, hombres de civil fueran a buscarlo a su casa y lo sacaran a la fuerza, para montarlo en una patrulla y trasladarlo a la cárcel.
Desde entonces, se desconoce la suerte del periodista en manos de la policía bajo servicio del régimen dictatorial Ortega-Murillo.
Una periodista más a juicio
El caso más reciente de ataque contra los periodistas independientes, ejecutado siempre por la policía, fue la detención y acusación contra la periodista independiente Hazel Zamora, de la ciudad de Bluefields en el Caribe Sur de Nicaragua.
Zamora también es corresponsal de Canal 10 en Bluefields y el día 5 de mayo fue detenida en un retén policial sobre la carretera. La versión no oficial destaca que ella viajaba de Managua a Bluefields en bus cuando en un retén fue obligada a bajar; a la vez, su casa era cateada y desvalijada por patrullas policiales que se robaron equipos de comunicación de la periodista.
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Al igual que a Aragón y García, a Zamora la extrajeron de su región para acusarla en secreto de los mismos delitos de divulgación de noticias falsas.
La medida cautelar que les impide trabajar
También se le abrió juicio y fue trasladada a su casa bajo régimen de casa por cárcel y obligada a asistir diario a una estación policial a firmar un acta obligatoria. “Seguimos demandando al régimen de Daniel Ortega que cese la persecución y criminalización contra personas periodistas”, instó el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) en un mensaje a propósito de las detenciones.
Zamora fue testigo en el caso de la muerte de su colega Ángel Gahona, asesinado de un disparo hace 5 años cuando cubría unas manifestaciones contra el régimen de Ortega.
Los tres periodistas forman parte de al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos a la dictadura de Ortega, que fueron arrestados el 3 de mayo y acusados por delitos de “traición a la patria” y ciberdelitos, enviados bajo arresto domiciliario.
Cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Raza e Igualdad, condenaron esa “una nueva ola de secuestros”. Cabe recordar que la policía fue sancionada en 2020 por violación masiva de derechos humanos por Estados Unidos, Unión Europea y otros países.
Periodismo bajo ataque de sancionados
Además, junto a la abominable pareja presidencial Ortega-Murillo y la estructura completa de justicia (Ministerio Público y Poder judicial), los principales mandos de la policía y la institución como tal, están señalados de la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil de Nicaragua.
En abril de 2018, policías, paramilitares y fanáticos sandinistas, atacaron marchas y retenes de protestas, provocando un baño de sangre con la muerte de 355 personas y más de 2,000 heridos.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde el regreso al poder de Ortega-Murillo en 2007, ha habido un deterioro en el ambiente para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que desde que Ortega volvió al poder, se enfocó en los medios de comunicación “no alineados”.
Murillo con discursos y obras de odio y terror
En su informe “La privación de la libertad y la imposición de la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes como mecanismo para generar terror en la población”, el colectivo expone en el capítulo tres el deterioro sistemático de la libertad de prensa y expresión.
En ese apartado, exponen que entre 2007 y 2015, “hubo un grave retroceso en las condiciones para ejercer el periodismo independiente en Nicaragua, con violaciones cometidas bajo el marco de la política de no contaminación de la información, la cual fue creada y dirigida para imponer por todos los medios una narrativa hegemónica que era impulsada inicialmente por Rosario Murillo, desde el Consejo de Comunicación del Poder Ciudadano y posteriormente desde la vicepresidencia”.
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Por otro lado, señalan que desde 2015 hasta 2018, “la dictadura arreció la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes y esto lo hizo a través de acciones violatorias a los Derechos Humanos, tales como la negativa de acceso a diferentes eventos bajo control gubernamental y partidario, así como agresiones y robos que permanecieron en la impunidad”.
Panorama de una profesión casi en escombros
Algunas de las problemáticas más comunes que han reportado las organizaciones son las siguientes:
Censura y autocensura: Se han registrado casos de censura directa por parte del régimen, así como autocensura por parte de los periodistas y medios de comunicación para evitar represalias. Esto ha llevado a un ambiente de temor y restricciones en la cobertura de ciertos temas sensibles o críticos hacia el gobierno.
Acoso y agresiones físicas: Se han documentado casos de acoso, intimidación y violencia física contra periodistas, especialmente aquellos que informan sobre temas sensibles o que critican a la dictadura. Los periodistas independientes han sido objeto de amenazas, asaltos y agresiones físicas.
Restricciones legales y regulaciones: El gobierno ha implementado leyes y regulaciones que restringen la labor periodística y limitan la capacidad de los medios de comunicación independientes. Estas leyes incluyen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, que han sido utilizadas para perseguir y criminalizar a periodistas y medios críticos.
Control de los medios de comunicación: el régimen de Ortega ha ejercido un fuerte control sobre los medios de comunicación en Nicaragua. Ha adquirido o cerrado medios independientes y ha otorgado privilegios a aquellos que están alineados con su administración. Esto ha llevado a una limitación significativa de la diversidad de opiniones y la pluralidad de voces en los medios.
