El Ejército de Nicaragua “participó activamente en la represión de las manifestaciones” que estallaron en abril de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales” para “neutralizar” el descontento social, afirmó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, en un informe divulgado este miércoles.
Las Fuerzas Armadas, dirigidas desde 2010 por el exguerrillero Julio César Avilés, proporcionó armamento a la Policía y a grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia, y entrenó a personal civil, incluido sandinistas, jóvenes marginados y funcionarios públicos, para reprimir las manifestaciones, según el informe presentado en Ginebra y compartido en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el Ejército participó junto con la Policía y grupos paraestatales en la represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, una implicación que hasta el momento había negado.
El Grupo, que había concluido anteriormente que la Policía y los grupos armados progubernamentales, actuando de forma coordinada, habían hecho uso de fuerza letal para reprimir las manifestaciones de 2018 y cometer ejecuciones extrajudiciales, recordaron que, en el 2018, el Ejército declaró públicamente que su papel durante la crisis se limitó a proteger bienes estratégicos y negó su participación en la represión.
“Sin embargo, el Grupo ha obtenido información creíble de que el Ejército participó en la represión utilizando armas letales, en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales”, sostuvo.
General Avilés ordenó la participación de militares
El informe detalla que el 20 de abril de 2018, dos días después de haber estallado la crisis, se celebró una reunión en la que participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y de Personal y Cuadros, en la que se dijo que “el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.
El jefe de Estado Mayor del Ejército, mayor general Bayardo Rodríguez (aunque el informe solo menciona su cargo y no el nombre), leyó en esa reunión una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones, de acuerdo con los expertos.
El Grupo estableció que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ordenaron a la Policía, al Ejército y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa.
Así, el comandante en jefe del Ejército, el general Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas, anotó el informe.
Por tanto, según el Grupo, las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el resultado de acciones coordinadas entre la Policía, el Ejército y grupos armados progubernamentales.
“El uso sistemático y deliberado de armas letales -algunas reservadas exclusivamente para uso militar-, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”, señalaron los expertos.
El papel de la Dirección de Información para la Defensa
Asimismo, según el Grupo, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.
Los miembros de estos dos últimos cuerpos utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones.
En tanto, los comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la Policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno, de acuerdo con la investigación.
“El Grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”, argumentó.
El pasado viernes, Ortega juramentó al general Avilés como comandante en jefe del Ejército por cuarto mandato consecutivo, los primeros tres por 5 años y el actual por 6 años (2010-2031). El jefe militar se encuentra sancionado por Estados Unidos por permitir la represión contra manifestantes opositores al Gobierno sandinista en el marco del estallido social que comenzó en abril de 2018.
