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El Gobierno de Nicaragua insistió este jueves en responsabilizar a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE), sin presentar pruebas, de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que el Ejecutivo que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, neutralizaron a la fuerza con más de 300 personas fallecidas.
El asesor de políticas y asuntos internacionales de la Presidencia de la República, el excanciller Denis Moncada, dijo al Canal 13 de la televisión nicaragüense que hace siete años se dio «un intento de golpe de Estado promovido por la potencia del norte, por el imperialismo norteamericano, y por potencias europeas, que financiaron a su gente que realizaba una labor de ‘Caballo de Troya’ en el país».
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.
Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
También señalan al Episcopado, a empresarios y a las ONG
Para Moncada, un general retirado que aspira a ser elegido como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) -cargo que se encuentra vacante desde noviembre de 2023-, EE.UU. y la UE, con los manifestantes nicaragüenses, intentaron «terminar con la revolución popular sandinista, con nuestro Gobierno».
El asesor presidencial atribuyó los crímenes a los manifestantes, contrario a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y de organismos humanitarios, que han responsabilizado al Gobierno por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país».
Así mismo, Moncada señaló a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que fue mediadora de un fallido diálogo nacional, de ser parte de «toda la conspiración que se estaba llevando en ese momento en Nicaragua» en contra del Ejecutivo sandinista.
«No eran mediadores, como había solicitado, eran parte del intento de golpe de Estado», acusó el excanciller nicaragüense.
Por su lado, el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro, dijo a ese mismo canal informativo, que dirigen tres hijos de Ortega y Murillo, que los manifestantes «fueron verdaderos asesinos protagonizados y patrocinados por una oligarquía vende patria, con la cual la revolución quiso caminar en armonía, en reconciliación, pero siguen obedeciendo a sus amos imperialistas», en alusión a los empresarios organizados con los que el Gobierno mantuvo una alianza de consenso.
El legislador también señaló que buena parte de las ONG que operaban en Nicaragua, y que el Gobierno sandinista ha ido disolviendo, formaban parte de esa «estructura del imperio».
Ortega acusó a la Administración Trump
El pasado 2 de septiembre, el presidente Ortega dijo que la Administración de Donald Trump, quien también gobernaba EE.UU. hace siete años, intentó «acabar» con su Gobierno durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, y que, en ese presunto complot, utilizó a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Ortega, que no ofreció pruebas, indicó que Washington, con el apoyo de las ONG, utilizó «la tecnología que ya se desarrollaba en aquellos años para lanzarse en contra del pueblo» nicaragüense.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, ha denunciado en tres informes que el Gobierno sandinista ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población por motivos políticos y ha instado a terceros países a demandar al Estado nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los delitos de apatridia, tortura o ejecuciones extrajudiciales.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde hace ya siete años, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y de «traidores a la patria».
