(EFE).- El Gobierno que preside Daniel Ortega canceló este jueves la personería jurídica a la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua y a otras 150 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, aunque, a diferencia de otras ONG ilegalizadas, está vez no ordenó el traspaso de bienes al Estado.
El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, también ilegalizó la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), la Federación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria de Nicaragua, la Asociación Civil Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana, la Cámara de Comercio Franco-Nicaragüense, y la Cámara de Industria y Comercio Italo Nicaragüense.
Además, disolvió la Cámara de Inversiones Coreana Nicaragüense, la Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense, la Cámara de Comercio Panamá Nicaragua, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Costarricense, la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Uruguaya, y la Cámara de Comercio Industria y Turismo Nicaragüense Ecuatoriana.
Con el cierre de estas 151 organizaciones no gubernamentales (ONG), suman cerca de 5.400 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano.
Estas ONG fueron canceladas dos día después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, reformara tres leyes que cambian el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrán ahora que formar «alianzas» con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos; y tres días después que ilegalizaran en un solo acto 1.500 ONG.
La disolución de estas 151 organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Gobierno no se pronunció esta vez sobre los bienes
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua por no haber reportado sus estados financieros en los períodos 2022 y 2023, y por tener su junta directiva vencida desde el 24 de febrero del año pasado.
En general, ilegalizó estas 151 ONG por incumplimientos a las leyes que las regulan, ya que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 35 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas, sostuvo.
En esta ocasión, el Ministerio del Interior no se pronunció sobre el patrimonio de los organismos. Anteriormente informaba que correspondía de oficio a la Procuraduría General de la República traspasar los bienes muebles o inmuebles de las ONG canceladas a nombre del Estado de Nicaragua.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente, Daniel Ortega, en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
