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Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.com
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Este 01 de diciembre de 2022, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, oficializó que 100 organizaciones sin fines de lucro se suman a una larga lista de organizaciones canceladas su personalidad jurídica.
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Entre las organizaciones canceladas están: Fundación Yo Quiero Ser Feliz, Asociación de Ciegos Unidos de Nicaragua, Asociación de Amigos de la Policía Nacional, Asociación Cristiana Sueños de Dios y Fundación Nicaragüense de Lucha contra la Diabetes.
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De estas organizaciones 14 organizaciones sin fines de lucro son extranjeras entre ellas figuran: Esperanza en Acción, Fundación Américas Unidas y la Asociación One, Two, Tree.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más “condena la cancelación arbitraria” de la personalidad jurídica de estas 100 organizaciones no gubernamentales, dicen en un comunicado.
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Las supuestas razones de cancelación de estas organizaciones “es por incumplimiento a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de DestrucciónMasiva y la Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física” dicta la Gaceta.
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En el término de 72 horas las organizaciones canceladas, deben entregar a la Dirección General de Registro y Control de Organizamos sin Fines de Lucro todos los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables (Diario y Mayor) libro de actas y libro de registros de miembros.”
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El Colectivo señala que el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional a raíz de la crisis sociopolítica en el año 2018, “han cancelado la personalidad jurídica de al menos 3073 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, cuyo propósito es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad.
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Otra intencionalidad que tiene con estas acciones el gobierno orteguista apunta el Colectivo es “perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense.”
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Por otro lado, El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, subraya que la decisión del gobierno de cancelar organizaciones “se enmarca en un contexto de represión sistemática ejercida desde el 2018 contra las personas y organizaciones que defienden y exigen el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
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Este observatorio destacó en uno de sus informes llamado “Las nuevas leyes de la represión en Nicaragua”, publicado el 03 de noviembre de 2021, desde octubre de 2020 “que el Estado ha adoptado una serie de leyes restrictivas aplicadas de manera arbitraria para restringir el espacio democrático en el que operan las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas la Ley 977 contra el Lavado de activos y la 1040 de Agentes Extranjeros.”
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El informe añade que la ilegalización de estas organizaciones ha estado acompañada de la expropiación ilegal de sus bienes. Situación que sucedió por ejemplo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, organización miembro de la FIDH y de la OMCT.
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Por su parte el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nuca Más denuncia que el gobierno Ortega Murillo continúa atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense. Así mismo “exigen el cese de la represión, la derogación de todas las leyes represivas y la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua.”
