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Al menos 45 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 13 adultos mayores, denunció este martes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
«Al menos 45 personas permanecen detenidas por razones políticas (en Nicaragua), de las cuales 39 son hombres y 6 mujeres», indicó en un informe ese Mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los 45 reconocidos como presos políticos hasta el 13 de diciembre, 13 son adultos mayores (mayores de 60 años), incluido el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, arrestado el mes de noviembre pasado, de acuerdo con el informe.
«Estas personas enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente debido a sus condiciones de salud y su avanzada edad», alertó ese organismo.
Durante el mes de noviembre, en el marco de una reforma profunda a la Constitución que le da un poder absoluto a la Presidencia de la República y disuelve el balance de poderes, «se registró una oleada represiva caracterizada por más de 46 detenciones arbitrarias», algunas temporales, explicó el Mecanismo.
Además, se reportaron la expulsión de músicos y sacerdotes, la persecución de monjas y periodistas, así como el destierro de una familia completa, incluyendo a un menor de edad, señaló.
Asimismo, ese organismo advirtió que «la práctica de desapariciones forzadas continúa siendo una realidad alarmante en Nicaragua, con nueve personas desaparecidas cuyo paradero ha sido ocultado, sumiendo a sus familias en la incertidumbre y en la angustia de no saber su destino».
Por otro lado, el Mecanismo reconoció la existencia de al menos 25 personas trabajadores del Estado y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de gobierno, «que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas».
«Claro reflejo que la dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas», avisó ese organismo.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
