El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen periódico Universal (EPU) durante el 47° período de sesiones en Ginebra.
En este contexto, el gobierno de Nicaragua se defendió de las acusaciones internacionales sobre violaciones de derechos humanos y ofreció su propia visión de la situación del país.
La respuestas de expertos como Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, y Salvador Marenco defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, ofrece su visión crítica y divergente sobre el contenido y el alcance del informe estatal.
Manipulacion en el Informe de Daniel Ortega
Amaru Ruiz señaló a Intertextual que en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el régimen de Ortega aceptó solo 135 de las 394 recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, mientras que «259 no fueron aceptadas, de las cuales 24 fueron rechazadas y 100 desestimadas por supuesta falta de fundamento y distorsión de la realidad». Estas recomendaciones aceptadas han sido la base para la evaluación en el nuevo ciclo, y el informe presentado por el Estado solo abarca lo que el régimen aceptó.
El Estado nicaragüense, en su actual informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, aseguró que ha avanzado significativamente en la promoción y protección de los derechos humanos, destacando lo que considera como logros en áreas como salud, la educación y la lucha contra la pobreza.
En particular, el gobierno subrayó que las políticas implementadas han contribuido a la estabilidad y el desarrollo social del país, pese a lo que denomina “campañas de desinformación y desestabilización” por parte de actores internacionales.
El informe también destacó los programas de asistencia social, como la entrega de bonos alimenticios y el acceso a la educación gratuita, defendiendo que estas medidas han mejorado la calidad de vida de la población nicaragüense. En este sentido, el gobierno afirmó que las acusaciones de represión y violaciones de derechos humanos provienen de sectores opositores y que la realidad en el terreno es “ sustancialmente diferente” a las que los medios internacionales han reportado.
Estado de Nicaragua omite crisis ambiental derechos indígenas y libertad de expresión
Para Ruiz el informe presentado por Nicaragua ante el EPU ignora “de manera deliberada” los graves problemas de “deforestación, desplazamiento de pueblos indígenas y la represión política” que enfrenta el país. “ El gobierno intenta presentarse como un defensor del desarrollo social, pero oculta la devastación ambiental que está ocurriendo en áreas protegidas y territorios indígenas” afirmó.
El ambientalista señaló que, la destrucción de los recursos naturales, ha desplazado a comunidades indígenas que históricamente han protegido esos territorios. “ El informe debería haber mencionado como las políticas extractivistas del gobierno están violentado los derechos de los pueblos indígenas, pero esta realidad ha sido convenientemente ignorada” aseveró.
En cuanto a la represión política, Ruiz expresó que las denuncias de violaciones a los derechos humanos, particularmente contra líderes ambientales y defensores de derechos indígenas, no fueron tratadas con la seriedad que merece. «Es un informe que niega sistemáticamente la represión en curso», sostuvo.
Ruiz criticó el enfoque del régimen de Ortega sobre la libertad de expresión en su informe ante el EPU. Según él, el gobierno asegura que existe diversidad en los medios de comunicación con «294 estaciones de radio y 26 estaciones de televisión abierta, administradas principalmente por entidades privadas, a excepción de los únicos dos medios propiedad del Estado», y que se respeta la «independencia y el pluralismo». Sin embargo, Ruiz señaló que el informe no aborda las violaciones a la libertad de asociación, ni menciona las recomendaciones internacionales sobre la restitución de personerías jurídicas y el respeto a los derechos de asociación en Nicaragua.
Desconectado de la realidad
El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, criticó duramente el informe presentado por el régimen de Nicaragua ante el Examen periódico Universal, calificándolo de ilegítimo y desconectado de la realidad. Marenco afirmó que “ el informe carece de legitimidad y de un contenido que refleje la realidad que padecemos los nicaragüenses dentro y fuera del territorio nacional”.
Marenco señaló que el informe presenta una visión fantasiosa de la situación en Nicaragua omitiendo temas claves como “el cierre de al menos 27 universidades y centros universitarios” y la represión a opositores y defensores de derechos humanos.
El defensor dijo a Intertextual que el informe estatal minimiza o ignora los abusos en derechos humanos y el debilitamiento de la democracia en el país. “Básicamente estamos hablando de la continuación y materialización de un sistema de torturas generalizado”, agregó Marenco, mencionando la persecución de periodistas y el cierre de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil, Para él , este documento es “negacionista” y no refleja la voz de los distintos actores de la sociedad civil nicaragüenses, como debería ser un informe de un Estado democrático.
Lo que queda claro es que, pese al discurso oficial, la situación en Nicaragua sigue siendo motivo de preocupación en distintos sectores y que, sin una respuesta más transparente, el país continuará enfrentando presiones internas y externas para cambiar el rumbo de sus políticas actuales. El Examen Periódico Universal, más que un simple trámite, se convierte así en una oportunidad para que la comunidad internacional exija mayor claridad y compromiso por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
