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Un informe contúndete del grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU ha identificado a 54 altos funcionarios del gobierno, el ejército y el partido gobernante (FSLN), como responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que alimentan una campaña de represión sistemática y generalizada en Nicaragua.
Estructura represiva del régimen de Ortega y Murillo
El informe de 234 páginas, basado en extensas entrevistas, documentación verificada y fuentes confidenciales detalla las estructuras institucionales, las cadenas de mando y las responsabilidades individuales de los implicados. Entre los señalados se encuentran altos mandos del Ejército, la Policía Nacional, jueces, magistrados y funcionarios del gobierno.
“Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores”, dijo Jan Michael Simón, presidente del GHREN.»
“Este informe pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo” dijo.
El informe subraya como Daniel ortega y su esposa Rosario Murillo han construido un régimen centralizado y represivo que ha cooptado todas las ramas del gobierno y ha difundido los limites ente partido y Estado.
“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado que se extiende desde la presidencia hasta los funcionarios locales”, Afirmó Ariela Peralta, experta de Grupo.
“Estos no son incidencias aleatorias o aislados, son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificadas a través de cadenas de mando definidas”.
Llamado a la acción internacional
Luis Blandón, presidente de Unamos, destacó la importancia del informe como una oportunidad para que la comunidad internacional presione a la dictadura de los Ortega Murillo. “Hoy queda evidenciado en todo el mundo quienes son los responsables de la represión en Nicaragua desde el 2018 a la fecha”, declaró Blandón.
“Esta es una oportunidad en que la comunidad internacional puede utilizar mecanismos que presionen a la dictadura de los Ortega Murillo para abrir un camino hacia la democracia”, insistió Blandón.
EL GHREN reiteró su llamado a que la comunidad internacional tome medidas urgentes y concretas, incluyendo acciones legales, sanciones y mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil.
“Este informe es una hoja de ruta para la justicia” dijo Reed Brody, experto del grupo. “Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas”.
Lista de señalados
El informe identifica a 54 funcionarios, incluyendo a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la “cúspide de la cadena de mando” Entre los señalados se encuentran:
Francisco Diaz Madriz, Primer Comisionado y director de la Policía Nacional.
Julio Cesar Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua.
Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Ministerio del Interior.
Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional.
Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Ana Julia Guido, fiscal general.
Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Ana Julia Guido, Fiscal General.
El informe detalla el papel de cada uno en la represión, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y los medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada.
Reacción del gobierno Ortega Murillo
El gobierno de Nicaragua, que previamente había recibido la lista de manera confidencial, continúa rechazando toda cooperación con el GHREN. El 27 de febrero de 2025, anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de todos sus mecanismos subsidiarios.
El GHREN advierte que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el estado de derecho llevará años y recursos considerables. “Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga” insisten.
