(EFE).- Miles de estudiante universitarios, profesores y trabajadores salieron este miércoles a las calles en defensa del presupuesto para el sector educativo en Costa Rica, luego de que el Gobierno se negara a aumentar el monto para las universidades.
«Estamos aquí en defensa de las universidades públicas. Este Gobierno no ha querido negociar y se ha dedicado a atacarnos. Estamos exigiendo un presupuesto que nos permita fortalecer la educación universitaria, contar con becas y con programas educativos de calidad», dijo Juan Pablo Aguirre, un estudiante de la carrera de Educación.
Los rectores de las universidades públicas exigían al Gobierno un aumento del 4 % en el presupuesto para 2025, pero el Ejecutivo se negó y solo ofreció un 1 %, argumentando que no hubo inflación en 2023 y que la tendencia se mantiene en 2024.
Al no alcanzarse un acuerdo en las rondas de negociación, será la Asamblea Legislativa la que establezca el aumento del presupuesto de las universidades públicas para 2025.
Los estudiantes, profesores, rectores y sindicatos también exigen al Gobierno cumplir con el mandato constitucional de asignar el 8% del PIB al sector educativo (preescolar, primaria, secundaria y universidades), algo que no ha ocurrido en los últimos años.
Bajo el lema ‘Educación hoy, paz mañana’, decenas de organizaciones sociales y productivas impulsan un ‘Pacto Nacional por la Educación’, en defensa del 8 % del PIB para la educación y la mejora en la calidad educativa.
La manifestación de este miércoles recorrió las principales avenidas de San José y culminó en la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, situada frente al Congreso. Allí los dirigentes entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, la propuesta de ‘Pacto Nacional por la Educación’.
El objetivo del pacto es asegurar una educación pública de calidad que impacte positivamente la vida de todos los ciudadanos, con la participación activa de diversos sectores, incluidos los tres poderes de la República.
En la marcha de este miércoles también participaron representantes de sindicatos y sectores agrícolas, que exigen mejores políticas agrícolas, de salud, de seguridad, de agua, de medio ambiente y de derechos humanos.
