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Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Una tarea difícil, tendrán los llamados partidos de oposición, cuando lleguen al municipio de Wiwilí, del departamento de Jinotega, a buscar candidatos a alcaldes y concejales que los representen en las elecciones municipales que se realizarán en noviembre de este año.
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Los opositores de este municipio ubicado a 240 kilómetros al norte de Managua, apagaron por completo sus intenciones de participar en elecciones municipales desde el 2020, tras el complot que fraguó el dictador Daniel Ortega para separar de su cargo a la alcaldesa liberal, Reyna Hernández de 53 años y asegurar de esa manera que la municipalidad de Wiwilí, pasara a manos del partido Frente Sandinista de beración Nacional FSLN.
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Aunque en las elecciones municipales del 2017 quedó demostrado que en este municipio reina la oposición, Hernández asegura que entre los opositores no hay interés por participar en las elecciones municipales previstas para este año, debido a la falta de transparencia y credibilidad del Consejo Supremo Electoral (CSE) y a que a los alcaldes electos también corren el riesgo de ser destituidos ya que algo que ha puesto de moda la dictadura.
“Candidatos hay, pero lo que no hay es quien garantice la participación de la ciudadanía, en los centros de votación. Tampoco hay garantía de que se respete la voluntad del pueblo en las urnas y esto se traduce en desinterés y desconfianza entre la población”, explicó Hernández, quién se exilió en Estados Unidos, después que la dictadura de Ortega la inhabilitó de su cargo por dos años.
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Hernández, quien es una reconocida ganadera y productora de café de Wiwilí, Jinotega, ganó la alcaldía municipal en las elecciones municipales del 2017, participando como candidata del Partido Liberal Constitucionalista, PLC.
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Según los resultados oficiales publicados en la gaceta del 10 de noviembre del 2017, fue electa como alcaldesa de Wiwilí, Jinotega con 10, 868 votos, dejando en segundo lugar a la candidata del Frente Sandinista con 9, 877.
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En dicha contienda municipal participaron 8 partidos políticos y de los 21, 133 votos válidos, Hernández obtuvo más del 51 por ciento y al asumir el cargo en enero del 2018, se propuso cumplir con su plan de gobierno en cual prometía mejorar la red vial del municipio, construir nuevos caminos de penetración de zonas rurales, rehabilitar infraestructuras de salud, impulsar la construcción de un nuevo hospital y promover el turismo en el municipio.
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“Para hacer brillar a mi municipio, también tenía en mis planes hacer hermanamientos en el exterior para gestionar proyectos, promover con empresas privadas la construcción de viviendas a precios cómodos para personas de escasos recursos, tener acercamiento con las comunidades indígenas, respetando su autonomía, impulsar planes de fortalecimiento institucional, trabajar de la mano con instituciones del estado sin politizar los planes de desabollo y sensibilizar al magisterio local y padres de familia para mejorar la calidad educativa”, explicó.
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Sin embargo todos sus planes quedaron en su memoria, ya que el 31 de julio del 2020, la jueza orteguista Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, dictaminó mediante sentencia especial inhabilitarla del cargo por dos años como parte del complot que ejecutó la dictadura para quedarse con la alcaldía.
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El complot contra Hernández, inició desde agosto del 2018, cuando se percató en los primeros meses de su período edilicio que la alcaldía, estaba saturada de trabajadores, por lo que procedió a implementar un plan para reducir el personal.
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Con dicho plan, Hernández canceló el contrato laboral de 36 trabajadores y en base a sus cargos y años de trabajo, determinó que la alcaldía les tenía que pagar en concepto de indemnización 1, 633, 959 de córdobas, entre todos.
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Pero como parte del complot los ex empleados a fines del partido de gobierno, promovieron una demanda laboral en la que reclamaban 16.5 millones de córdobas en concepto de indemnizaron y tanto el Ministerio del Trabajo y la Juez del Juzgado de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte, Aída López Henríquez, fallaron a favor de ellos.
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Al no llegar a arreglos de pagos ni contar en arcas de la alcaldía con la millonaria cantidad de dinero, la juez Diana Isabel Jarquín Valle, del Juzgado Local Penal de Jinotega, se encargó de inhabilitarla de su cargo por incumplimiento de pago mediante una sentencia que leyó el 31 de julio del 2020 en la cual se detalla que la sanción finaliza el 31 de agosto del 2022.